Advierten que dos decretos de la Agenda de Implementación del DR-CAFTA podrían cambiar de manera importante la ley que ha sido reconocida internacionalmente.
La Ley de Biodiversidad, que recibió un importante reconocimiento del Consejo Mundial del Futuro (WFC) esta semana, está en peligro por dos decretos emitidos en el gobierno anterior, que la modificarían de manera importante.
Esta es la denuncia que realizó la Red de Coordinación en Biodiversidad, tras conocer que el 25 de octubre la Ley 7788, recibió el premio “Future Policy 2010”, en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Biodiversidad que se realizó en Nagoya, Japón.
Las integrantes de esta red, Silvia Rodríguez, Grace García y Eva Carazo, celebraron el que la ley promulgada en 1998 recibiera el aplauso internacional, por tratarse de una política muy completa en materia de biodiversidad.
Al mismo tiempo, denunciaron que la ahora galardonada Ley de Biodiversidad se encuentra amenazada por los cambios que se le pretendieron realizar con la llamada “Agenda de Implementación” del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA).
DECRETOS DAÑINOS
El primero de los decretos denunciados por la Red de Coordinación en Biodiversidad es el 34959-MINAET-COMEX (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones-Ministerio de Comercio Exterior), en el cual se introduce una modificación al artículo 78 de la Ley de Biodiversidad.
Eva Carazo explicó que este artículo establece que el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y campesinos no se puede patentar.
Sin embargo, el mencionado decreto añade que este conocimiento no se puede patentar cuando “no cumplan con los requisitos de patentamiento”, lo que significa que la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad  (CONAGEBIO), solo puede oponerse si hay incumplimiento de la Ley de Patentes.
En el artículo 80 de la ley, se establecen los procedimientos para tener acceso a la biodiversidad biológica, y se crea la CONAGEBIO para su manejo.
En este procedimiento se establece que antes de dar propiedad intelectual o industrial sobre cualquier invento que involucre biodiversidad, se debe entregar a la CONAGEBIO un certificado de origen que indique de dónde se tomó el recurso, y un consentimiento informado que demuestre que se pidió permiso para tener acceso a un ser vivo que se utiliza.
Dicho artículo también fue objeto de modificaciones en otro decreto relacionado con las leyes de implementación del TLC, lo cual dejó prácticamente sin potestades a la CONAGEBIO.
“Si se incumple cualquiera de los requisitos de la Ley de Biodiversidad para ampliar la protección, esto no sería motivo válido para que la CONAGEBIO se oponga, y si se opone, su criterio no es vinculante”, afirmó Carazo.
“Desaparece la función de la CONAGEBIO como reguladora y vigilante de la biodiversidad, y que tiene además la característica de ser el órgano que ostenta la representación de diferentes sectores como el Consejo Nacional de Rectores, ecologistas, indígenas y campesinos, entre muchos otros”, añadió.
Silvia Rodríguez, vocal y fundadora de la Red de Coordinación en Biodiversidad, recordó que estos decretos fueron proyectos de ley que formaron parte de la llamada “Ley Escoba” para implementar el TLC a finales del año 2008.
En esta ley, los diputados del gobierno pasado, pretendieron juntar varias modificaciones en materia de propiedad intelectual en un solo proyecto, para cumplir totalmente las exigencias de la Agenda de Implementación.
No obstante, la Sala Constitucional indicó que estas modificaciones requerían de una consulta a los pueblos indígenas, con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para evitar la consulta, el gobierno de Óscar Arias eliminó del proyecto de ley los artículos que le podían causar conflicto, y los convirtió en dos decretos, que ahora están suspendidos por la presentación de recursos de amparo ante la Sala Constitucional.
Rodríguez comentó que a Estados Unidos y a otros países desarrollados les “estorban” los requisitos y certificados que dispone la Ley de Biodiversidad costarricense sobre el acceso a los recursos naturales del país.
“En la discusión que se realiza en Nagoya, la presentación de certificados de origen es uno de los puntos de discordia. Estados Unidos no es parte del Convenio de Biodiversidad, pero aún así mandan sus delegaciones, porque no quieren que haya obstáculos para acceder a los recursos”, detalló Rodríguez.
Además, convenios como el conocido UPOV 91 y el Tratado de Budapest, también son considerados como amenazas que dejarían sin efecto varios artículos importantes de la Ley de Biodiversidad.
DOBLE DISCURSO
Para Grace García –miembro  de la mencionada red-, el gobierno de Costa Rica maneja un doble discurso al presentarse a recibir este premio en Japón, cuando la ley premiada se encuentra amenazada por dos actos gubernamentales.
“La Ley de Biodiversidad que se premia en Nagoya deja una gran incertidumbre a nivel de Costa Rica, a las organizaciones que venimos trabajando este tema, porque su aplicación y ejecución está en entrevero”, afirmó García.
“Es una ley que nos se aplica en su totalidad, que tiene problemas presupuestarios, y que se somete a los intereses del Ministerio de Comercio Exterior. Hay reglamentación pendiente y grandes contradicciones institucionales”, criticó García.Señaló que tanto el DR-CAFTA, como el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, son serias amenazas a la integridad de la ley que fue reconocida por la WFC.
Silvia Rodríguez aclaró que la Red de Coordinación en Biodiversidad no se opone a que la ley reciba un reconocimiento que en realidad merece, pues se trata de una política muy completa y que es ejemplo para el mundo.
“No podemos esconder nuestro júbilo porque la premiaron por ser pionera e integral. En otros países solo tienen una ley de acceso a los recursos, pero no avanzaron en su manejo. También se premia la forma participativa en que se diseñó esta legislación”, destacó Rodríguez.
“Pero ahora que recibe el premio, no podemos dejar pasar la oportunidad de defender la Ley de Biodiversidad de los peligros que la amenazan, y denunciar que es el propio gobierno el que la pone en riesgo”, acotó.
Esta activista aseguró que se comunicó a la WFC sobre los riesgos que se ciñen sobre la normativa que acaban de premiar, y que esto fue consignado como parte del informe de la premiación.
Eva Carazo agregó que se tienen contactos dentro de la Convención de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, por medio de los cuales se circularán comunicados para señalar las acciones del gobierno costarricense.
Rodríguez indicó que se está a la espera, desde hace casi año y medio, de una respuesta de la Sala Constitucional a los recursos presentados, y además se valoran otros recursos legales para defender la ley.
“Estamos planeando presentar una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, porque simplemente un decreto no puede modificar una ley; por más que el gobierno haya dicho que solo trataban de explicar y ampliar la normativa”, comentó.
Para Rodríguez, no es posible que en Costa Rica se trate de modificar leyes con decretos, y mucho menos una ley que es la aplicación efectiva de una norma internacional como lo es el Convenio sobre Biodiversidad.