ANEP y UNDECA analizan informes de la Contraloría sobre CTAMS y contratación con la UCR.
Una serie de cuestionamientos sobre el manejo de recursos, contrataciones y decisiones tomadas en el ministerio de Salud, realizaron la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), a raíz de dos informes emitidos por la Contraloría General de la República.
Uno de los documentos se centra en el análisis del desvío de recursos del Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS) para el pago de gastos administrativos de la institución, mientras que el otro explora una contratación realizada con la Universidad de Costa Rica con el fin de crear una estrategia para el plan de desarrollo organizacional que lleva a cabo el ministerio.Sobre el primer informe, el principal cuestionamiento que hacen los sindicatos es que se utilizaron cerca de ¢1.008 millones, todos provenientes del CTAMS, para la compra de computadoras, servicios profesionales, de limpieza, vigilancia y seguridad, alquiler de equipo de fotocopiado, suscripciones a diarios, refrigerios, almuerzos y capacitaciones.
El problema es que los dineros con que cuenta este Consejo son transferidos por la Junta de Protección Social, con el objetivo de que se financien programas públicos para el combate preventivo de las enfermedades en el país y no para gastos administrativos.
De acuerdo con Luis Chavarría, secretario general de la UNDECA, el informe de la Contraloría señala que el destino que se dio a los recursos va en detrimento de la salud preventiva, la cual busca disminuir la incidencia y mortalidad relacionada con enfermedades, como las del corazón o el cáncer.
“En UNDECA presentamos una denuncia contra la ministra de Salud y la directora general de Salud por este caso, pues consideramos que la Fiscalía debe investigar este caso y definir si incurrieron en algún ilícito”, detalló el dirigente sindical.
La denuncia está fundamentada en el criterio emitido por la Contraloría, en el cual señala que los recursos debieron destinarse exclusivamente a financiar los programas de prevención, además de cuestionar que el CTAMS en la practica no está funcionando.
Por su parte, Guillermo Murillo, de la ANEP, explicó que la Contraloría no solo cuestionó el uso de los recursos, sino que dio a la ministra de Salud, María Luisa Ávila, seis meses para devolver el dinero a su destino original.
“El informe dice que se usaron mal los fondos, pero nos parece una burla que le otorguen ese tiempo a la ministra para devolverlos; le dan chance de arreglar el problema. Si esto lo hubiera hecho cualquier otro funcionario del ministerio, ya tendría un proceso administrativo o suspendido de su puesto, por desviar partidas de otros gastos”, dijo Murillo.
En sus palabras, el mayor cuestionamiento es de dónde sacará los recursos la ministra Ávila para devolver el dinero al CTAMS, si será de presupuesto nacional o de algún fideicomiso, lo que al final significaría que se trasladará el costo al pueblo.
“Luego del informe la ministra eliminó las cajas chicas de las áreas rectoras de salud, las cuales se ubican en cada cantón del país y se recortó el pago del viático fijo, una especie de sobresueldo que se paga a funcionarios que tienen más de 30 años. Creemos que ambas acciones lo que buscan es recuperar los recursos de ese fondo, cargando el problema a los trabajadores”, reprochó el representante de la ANEP.
“DE LA CARTERA VERDE A LA GRIS”
Ante estos cuestionamientos, la ministra de Salud indicó a UNIVERSIDAD que en efecto se utilizaron los recursos de este fondo, pues eran para solventar necesidades institucionales, que le permitieran al ministerio trabajar de manera adecuada y dar respuestas eficientes a la población.
“Los mismos presupuestos, su uso, partidas y demás detalles, fueron aprobados por la Contraloría; aún sigo sin entender por qué si lo habían aprobado, meses después dicen que no se podían usar para eso. Lo más importante es que los dineros se usaron en la institución, no engrosando bolsillos propios o de cercanos a este despacho”, alegó Ávila.
Con respecto al tema del recorte de los beneficios de viático fijo, la jerarca de Salud afirmó que el proceso de eliminación ya lleva más de 12 años y que no fue una decisión suya como ministra. Además indicó que se detuvo la ejecución de las cajas chicas debido al informe de la Contraloría, por lo que le extrañan estos cuestionamientos.
“Para la devolución de los recursos al CTAMS, la directora administrativa Sandra Barrientos está trabajando y es menos de lo que originalmente dijo la Contraloría;  además, yo veo el asunto muy simple: si saqué la plata de la cartera verde, ahora la saco de la gris; al final es una reasignación presupuestaria”, argumentó la ministra.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Acerca del informe de la Contraloría que analizaba un proceso de contratación con la Universidad de Costa Rica, para crear la estrategia de desarrollo organizacional del ministerio de Salud, el cuestionamiento de la ANEP se enfoca en que la institución no está preparada para este cambio.
“El proceso es una reestructuración institucional, en la cual se ha invertido mucho dinero, se han cambiado muchas de las funciones y razones originales por las que fue creado el ministerio. Esto conlleva a la parálisis de la entidad, pues el personal no está capacitado, pero tampoco se cuenta con el suficiente recurso humano”, adujo Murillo.
Según el dirigente, es necesario contar con 3.000 trabajadores para el eficiente funcionamiento de este programa; sin embargo, el ministerio solamente logró una aprobación de 569 por parte de la autoridad presupuestaria.
Esta situación llevó a la contratación de la UCR, para que diera una consultoría por ¢980 millones, tendiente a apoyar al ministerio en la formulación de la estrategia por  seguir y el informe de la Contraloría avala los servicios brindados en la contratación, pero aduce que la propuesta no fue ejecutada adecuadamente por parte de Salud.
Dicho plan busca que el ministerio se convierta en un ente contralor e  ir eliminando las funciones técnicas, de manera que sean otros los que ejecuten y que la institución establezca los lineamientos.
De esta forma, según Murillo, la entidad dejaría de dar patentes, autorizar la venta de fármacos, realizar fumigaciones contra dengue o malaria, pasando estas funciones a otras instituciones.
“Dos informes emitidos por la Auditoría del ministerio dieron la alerta de que el programa no se estaba ejecutando bien. La Contraloría no cuestionaba los gastos realizados y afirmó que no hay vicios en la contratación.
Pero, la institución no tiene la capacidad de ser un ente fiscalizador del sector salud; por ejemplo, si en estos momentos la ministra ordena inspeccionar todos los hospitales del país, la cartera no tendría la capacidad de cumplirla”, señaló el dirigente de ANEP.
La ministra Ávila discrepó del representante sindical, ya que de acuerdo con sus declaraciones, el ministerio no es un ente fiscalizador, sino el rector, es decir, “conduce y dirige mediante el liderazgo las acciones en salud, y estoy convencida hoy más que nunca, que estamos capacitados y la población nos lo reconoce”.
“Como no comparto la opinión de los sindicatos, ni ellos son referentes técnicos o científicos en la materia, seguiremos con nuestro plan original, que incluye nuevas plazas y con el programa de capacitación que tenemos”, anunció la jerarca.

Señalamientos de la Contraloría
A continuación se ofrecen algunas de las objeciones que incluyen en los informes presentados por la Contraloría General de la República, con respecto al uso de recursos del CTAMS y los informes de la Auditoría Interna sobre los contratos con la UCR para el plan de desarrollo organizacional.
CTAMS
-“Los fondos provenientes de la Ley No. 8718 del 17 febrero de 2009, destinados a financiar, exclusivamente, programas públicos de salud preventiva, se han venido utilizado en gastos administrativos y operativos del Ministerio, tales como: aseo y limpieza, seguridad y vigilancia, alquiler de equipo de fotocopiado, pago de hoteles para cursos en materia legal y otros, a pesar de que el Ministerio cuenta para ello con recursos provenientes del Presupuesto Nacional y del Fideicomiso”.
-Con respecto al funcionamiento del Consejo Técnico de Asistencia Médico Social  (CTAMS), adscrito al Despacho de la Ministra de Salud, asegura que “…en la práctica ha sido anulado…solamente dos han tomado las decisiones, actualmente la Ministra de Salud  y la Directora General de Salud, con el agravante de que no constan actas donde fundamente el por qué de esa situación, así como la motivación de las decisiones tomados sobre los recursos del CTAMS.”  Informes de Auditoría-UCR
-“En Conclusión se observa que en el Ministerio de Salud, existen debilidades en cuanto al cumplimiento de los requisitos y plazos establecidos por la Ley General de Control Interno para la atención de los informes de la Auditoría Interna, así como la falta de definición del procedimiento relacionado con la comunicación de resultados …”.
-“…Con una serie de argumentos de orden legal, en cuanto a la figura de excepción la Administración manifiesta que la actividad contractual realizada entre la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Salud analizada por la Auditoría, está conforme a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento…”.
“(…) Si bien es cierto se llevaron a cabo sesiones de trabajo y talleres de capacitación del personal, aún existe un grupo de funcionarios que requiere ser capacitado según lo evidenció la Auditoría Interna. Por tanto, se considera que debe mantenerse la recomendación a fin de que ese Ministerio continúe implementando un “proceso planificado, sistemático, organizado y permanente de capacitación” en los temas que nos ocupan, por lo que la Ministra deberá ordenar su implantación”.