Un número considerable de luchas en defensa de nuestro patrimonio nacional y el establecimiento de leyes en materia ambiental fueron realizadas por el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional (CDPN) y un grupo de costarricenses comprometidos con la protección del ambiente, así como la incorporación en la Constitución Política de dos párrafos sobre el derecho a un ambiente sano, la responsabilidad del Estado a garantizar, defender y preservar ese derecho, así como la acción popular (Artículo 50 de la Carta Fundamental de Costa Rica).
La enmienda al artículo 50 de la Constitución, la ratificación de diversos convenios y tratados internacionales en materia ambiental, el establecimiento de la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Vida Silvestre, la Ley de Biodiversidad, la creación del Ministerio del Ambiente y la Procuraduría Ambiental son parte de la gran transformación ecológica, jurídica y administrativa que experimentó el país  a finales del siglo XX.
No obstante, estos derechos, deberes y obligaciones que tiene el Estado y la sociedad cambian muy lentamente y los problemas ambientales (agua, aire, energía, vida silvestre, marina y terrestre, minas y crecimiento urbano) aumentan, en la mayoría de los casos, exponencialmente. Si bien es cierto que organizaciones ambientalistas, conservacionistas, ecologistas,  grupos comunales, colegios profesionales, entidades públicas y privadas han utilizado estos derechos ecológico-jurídicos para proteger los ecosistemas costarricenses en contra de la explotación de aguas continentales y marinas, energía, vida silvestre, hidrocarburos y minas, también es cierto que no se le ha dado una solución contundente a tan grave situación. Por tanto, es fundamental incluir en la Constitución Política un título de Derechos y Garantías Ambientales donde el Estado garantice, defienda y preserve el derecho a un ambiente biofísico y humano ecológicamente sostenible, donde se mantenga el dominio público sobre los elementos del ambiente, donde se regule su uso y aprovechamiento de conformidad con las reglas de la ciencia y la técnica, para que las personas tengan el derecho a un ambiente ecológicamente sostenible, para establecer un control estricto de los organismos genéticamente modificados o transgénicos, para proteger el ambiente a través de la educación, para establecer reglas claras frente a los tratados de libre comercio, para crear una institución científica pública que responda a los intereses ambientales de la sociedad y finalmente para que todos los costarricenses denuncien los actos que atenten contra el ambiente a través de la acción popular, incluyendo el principio de duda a favor del ambiente.  En síntesis, para que los derechos ecológicos sean debidamente tutelados por el Recurso de Amparo y la Acción de Inconstitucionalidad, como derechos fundamentales que son; para que  Costa Rica sea el primer país en el mundo con un Título de Derechos y Garantías Ambientales; para que dé el ejemplo al concierto de naciones en materia ambiental y se convierta en el primer Estado Ambiental de Derecho; para que el ciudadano y la sociedad cuenten con un instrumento ágil y eficiente para proteger  el ambiente y establecer los derechos de cuarta generación en Costa Rica y en el resto de las naciones. El pasado 23 de setiembre de 2010, los diputados del grupo PASE presentaron en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, el libro Garantías Ambientales: Un nuevo modelo para Costa Rica y el mundo, Editorial UNED, a la comunidad nacional  El propósito de este importante acto fue retomar el proyecto que se encuentra en la corriente legislativa y someterlo de nuevo a discusión. La situación ambiental en el país es caótica por la ausencia de políticas de Estado en esta materia. Debe aprobarse esta reforma constitucional para que de una vez por todas se establezcan procedimientos de planificación ambiental y asegurarles a los costarricenses un ambiente ecológicamente sostenible.