La década comprendida entre el año 2000 y 2009 deja una Costa Rica con mayor desigualdad, pobreza estancada, más conflictos relacionados con el medio ambiente y enormes retos por superar.
Así describe el panorama el decimosexto Informe Estado de la Nación presentado esta semana, en el que se realiza un análisis de la década, así como los hechos y cifras más importantes del 2009.
UNIVERSIDAD conversó con las personas encargadas de los capítulos que componen este informe: Steffan Gómez, Karla Meneses, Natalia Morales y Leonardo Merino, quienes realizaron un resumen de cada uno de los temas analizados.
MAYOR DESIGUALDAD
Natalia Morales investigó el capítulo de equidad e integración social y destacó que la década del 2000 deja una Costa Rica con niveles de desigualdad más altos que los mostrados en décadas anteriores.El coeficiente de Gini (indicador de la desigualdad) pasó de 0.421 en 2008 a 0.437 en 2009, siendo este el valor más elevado en los últimos 10 años.“El aumento en la desigualdad se explica porque a pesar de que el país como un todo   tuvo un aumento de los ingresos reales en alrededor de un 7% , esto no se distribuyó de manera igual”, afirmó Morales.“El 10% de hogares más pobres redujeron sus ingresos en 7% y el 10%  de los más ricos aumentó 11%; eso lo que explica es que en general el impacto de la crisis no se distribuyó de manera igual”, explicó.Morales recordó que la pobreza se quedó estancada en alrededor de un 20%, pues a pesar de que tuvo años de mejora como el 2007, la crisis internacional en años reciente volvió a incrementar la cantidad de personas pobres.Lo que sí cambió en torno a la pobreza, es el perfil de las personas que viven en esta condición, ya que según Morales, se está produciendo una reducción en la pobreza rural, pero un incremento en la pobreza urbana.En el informe se destaca que durante esta década se tuvo un incremento importante en la cantidad de fondos destinados a la inversión social, así como la efectividad de estas acciones para el combate de la pobreza.“En 1990 el impacto de la inversión social reducía el Coeficiente de Gini en 6%, en el 2002 se aumenta a 9%, y en el 2009 a 13%; pero, esto no logra compensar el incremento en la desigualdad”, comentó.El país mantuvo sus mejoras en los indicadores de salud y educación, y de acuerdo con Morales, este tipo de políticas de largo plazo siguen mostrándose como las más efectivas, ya que a los programas de corto plazo (como lo son las transferencias directas) aún hay que darles tiempo para medir sus efectos.“En general el país ha apostado en educación y salud, que nos sigue generando acumulación de capacidades, pero cada vez se va a tornar más insuficiente de cara a los desafíos que el país enfrenta”, advirtió Morales
PAÍS MÁS VIOLENTO
El año 2009 también se convirtió en el punto máximo del retroceso que ha sufrido el país durante los últimos 10 años en el tema de seguridad ciudadana.Durante este año, la tasa de homicidios se incrementó hasta alcanzar la cifra de 11.8 por cada cien mil habitantes. También la tasa de delitos contra la propiedad se incrementó en 263 puntos con respecto al 2008; ahora se ubica en 1.794 por cada cien mil habitantes, mientras que los homicidios contra mujeres pasaron de 18 en el 2008 a 35 el año anterior.“También vemos un incremento en la percepción de inseguridad que tiene la gente con respecto a la situación del país, pero curiosamente la mayoría no siente que viva en un barrio inseguro”, aseguró Morales.La investigadora indicó que si bien es posible relacionar el aumento en la inseguridad con el incremento en la desigualdad, para este informe no se realizó un análisis de este tipo, además de que hay factores externos que inciden en este crecimiento en las tasas de delincuencia, como es el caso del narcotráfico.

 
Crisis económica no afectó tanto, pero aún no llega la recuperación
En el capítulo de “Oportunidades, estabilidad y solvencia económica”, el Estado de la Nación afirma que la crisis económica no tuvo los efectos y la duración que se esperaba, aunque tampoco se puede decir que sea un asunto ya superado.La encargada de este capítulo, Karla Meneses, comentó que la crisis tuvo efectos más fuertes sobre los sectores más vulnerables y las clases sociales bajas, así como los trabajadores vinculados a la “vieja economía”.En esta área se ubican los empleos de sectores tradicionales, con poco grado de especialización, mientras que la “nueva economía” es aquella asociada al dinamismo exportador de productos no tradicionales, que favorece la contratación de mano de obra más calificada.Los industriales, la agricultura, el turismo y la construcción se encuentran entre los sectores más afectados por la crisis, mientras que los servicios financieros pasaron esta etapa prácticamente sin sobresaltos.“La política activa de contratación pública tuvo un efecto contracíclico, a pesar de no haber sido pensada de esa manera. Hubo una holgura fiscal, que ahora sabemos es limitada, y una baja en la inflación que ayudó a que el empleo no cayera tanto”, detalló Meneses.
INFLACION POCO SOSTENIBLE
Para el 2009 la inflación en el país cerró en un 4%, lo cual llenó de satisfacción a las autoridades económicas, acostumbradas a ver cifras de dos dígitos en este indicador.Sin embargo, Meneses hizo ver que esta baja en la inflación es “poco sostenible”, ya que se dio principalmente por factores coyunturales, y no por cambios estructurales que permitan mantenerla en el tiempo.Meneses desestimó que el sistema de bandas cambiarias en el tipo del cambio del dólar estadounidense con respecto al colón, haya sido de las causas principales en la baja general de los precios.“La inflación puede bajar porque bajan los precios del petróleo, los alimentos, porque la actividad económica es menor, así como por la baja demanda de crédito. Algunos de estos eventos los vimos durante la crisis”, aseveró.La experta explicó que el Banco Central puede colaborar con la inflación al controlar la cantidad de dinero que hay en la calle, pero esta tarea se complica cuando la economía tiene muchos dólares y no hay un control de la entidad sobre esta otra moneda.Meneses recordó que lo ideal en el sistema de bandas cambiarias es que el Central no tenga que intervenir, pues al hacerlo presiona hacia arriba la inflación.“Ya este año tuvo que hacer una intervención en el mercado cambiario para subir el precio, pero a los tres días se pegó otra vez al piso. No puedo apostar a que la política monetaria es la causante de la baja en la inflación”, declaró Meneses.Respecto a los problemas de competitividad que aducen sectores como el exportador y el turístico, cree que se debe apostar por una competitividad “real”, respaldada por la eficiencia en sus procesos productivos y una mejora en la calidad.Otro de los señalamientos de este decimosexto informe tiene que ver con que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos no tuvo los efectos nocivos que se advertían, aunque tampoco ha brindado los beneficios prometidos.La investigadora aclaró que aún los efectos de este acuerdo comercial son difíciles de medir, ya que la crisis económica afectó precisamente a los productos que iban dirigidos al mercado de Estados Unidos.No obstante, Meneses sostiene que en términos generales el país tiene problemas con la administración de sus tratados, los cuales cubren el 90% de los productos exportables del país.A su parecer, en Costa Rica las exportaciones son obra mayoritaria de las grandes empresas y que las pequeñas encuentran pocas facilidades institucionales para comerciar en el exterior.Para ella, no se puede achacar el problema de administración de tratados solo al Ministerio de Comercio Exterior y entidades relacionadas, en vista de que el Estado como un todo no brinda las condiciones apropiadas para sacar provecho de estos acuerdos.

 
Meta de “carbono neutral” está lejos
En el capítulo “Armonía con la Naturaleza”, el informe Estado de la Nación realizó un análisis sobre la meta que tiene el país de ser “carbono neutral” para el año 2021, sobre la cual concluye que el camino aún es largo, y se va por la senda equivocada.Leonardo Merino, investigador de este apartado, piensa que el país ha caminado la senda correcta al apostar por fuentes limpias de energía en la generación de electricidad, pero esto no es suficiente.El informe incluye una medición de la “demanda ecológica”, con la que se estima la demanda humana sobre los ecosistemas. Según esta medición, por cada 100 costarricenses hay un déficit de 19.3 hectáreas de “naturaleza”, mientras que en el año 2002 este faltante era de 6.3 hectáreas.En la medición de la “huella de carbono” se determinó que para el 2009 el país necesitaba dedicar un 30.3% de su territorio disponible para absorber carbono, pero al ritmo que lleva el país, para el 2021 se va a necesitar un 47.2%.Merino expuso que este aumento en las emisiones de carbono se debe a que los sistemas de transporte del país se basan en el consumo de hidrocarburos, los cuales son responsables del 72% de esta huella de carbono.“Si no se invierte en sistemas de transporte más eficientes, en estímulos fiscales para vehículos eléctricos, y mejoras del transporte público, será difícil alcanzar la meta del carbono neutral”, advirtió Merino.El investigador destacó además que la agricultura tradicional, que es intensiva en agroquímicos, es responsable del 9% de la huella de carbono y del 16% de la huella ecológica, mientras que la agricultura orgánica está prácticamente relegada.Otro dato relevante de este capítulo es la alta vulnerabilidad de las aguas para consumo humano, por la débil infraestructura que tiene el país en el saneamiento de este líquido.Si bien la cobertura de agua potable se incrementó del 83.4% al 87.3% de la población, solo un 25.6% cuenta con alcantarillado sanitario, y el 96.5% de las aguas no reciben tratamiento.
CONFLICTOS POR RECURSOS
Merino comentó que durante la última década, los conflictos por asuntos ambientales no solo se incrementaron, sino que también cambiaron su perfil, y ahora el Estado es también parte de los problemas.Mencionó que hay una creciente presión por el uso de los recursos naturales que se encuentran en las áreas protegidas, parques nacionales y territorios indígenas, los cuales serán las causas de nuevos conflictos.Lo anterior, por cuanto hay una competencia por el uso de la tierra, con una promesa institucional de proteger y conservar los recursos, sin la suficiente capacidad de gestión para cumplir esa tarea.“Aquí hay parques nacionales que tienen asignado solo un funcionario para cuidar más de 20.000 hectáreas”, ejemplificó Merino.El Estado de la Nación realizó un análisis de las áreas con potencial para la explotación de recursos mineros, las cuales en un 90% están ubicadas en áreas protegidas, por lo que para Merino es necesario que el país tome ya una decisión sobre si quiere explotar o preservar.Dijo también que el país tiene una gran deuda con el ordenamiento territorial, que podría ser una de las grandes soluciones para aliviar las tensiones sobre el uso de la tierra y los recursos.“En la gestión del ordenamiento territorial hay una maraña de 30 instituciones y 70 normas que en ocasiones pasan unas encima de otras. En el caso de las municipalidades, solo 36 de las 81 que tiene el país, poseen un plan regulador”, puntualizó.El informe también señala que solo un 3% del territorio marítimo de Costa Rica tiene una protección efectiva.

Bajo cumplimiento de resoluciones de la Sala Constitucional
El informe Estado de la Nación halló que las sentencias de la Sala Constitucional tienen un bajo grado de acatamiento, principalmente cuando el fallo no fija un plazo concreto para que se cumpla. Steffan Gómez, investigador del capítulo “Fortalecimiento de la democracia”, detalló que el cumplimiento de las sentencias de la Sala alcanza un 80%, cuando estas son de acatamiento inmediato.Gómez indicó que en promedio un 40% de las sentencias de la Sala no son cumplidas. El Ministerio de Educación Pública es de los que más incumple resoluciones, sobre todo en materia laboral, mientras que la Caja Costarricense del Seguro Social y el propio Poder Judicial muestran los mejores grados de cumplimiento.