Si bien hacen un llamado a la sensatez para lograr una pronta salida al mayor enfrentamiento diplomático ocurrido en tres décadas entre Costa Rica y Nicaragua, dos reconocidos académicos y expertos en asuntos fronterizos, Carlos Granados y Freddy Pacheco, afirman que los reclamos de los nicaragüenses no tienen ningún fundamento jurídico.
Asimismo, Granados,  geógrafo, y Pacheco, biólogo y ambientalista, no descartaron que en la nueva crisis surgida entre los Estados se escondan intereses “político electorales” y poses “nacionalistas y patrioteras”, donde todos, menos los políticos,  tienen algo que perder.
“El reclamo nicaragüense sobre Isla Calero (un territorio agreste de forma triangular ubicado entre el río San Juan, el Colorado y el mar Caribe, de 151 kilómetros de extensión) no tiene ningún asidero jurídico ni de ninguna otra índole”, dijeron  ambos académicos.
 
No obstante, Pacheco está convencido de que la Cancillería,  cuyo ministro René Castro estaba de viaje en China y su vicecanciller en España (“viendo un partido del Real Madrid”) cuando se agudizó el roce diplomático, cometió “graves errores” en el abordaje del problema, especialmente al  “no ponerle la atención debida”  al proyecto de dragado que con antelación venía anunciando el gobierno de Daniel Ortega.
Roverssi fue quien prendió las primeras luces de alarma cuando Nicaragua dijo que iniciaría en breve la limpieza del cauce.Pacheco considera que una de las más graves fallas fue cometida por el propio canciller Castro, al viajar a Managua para reunirse con su similar  Samuel Santos y no exigir información fundamentada sobre los planes de Nicaragua.
“Somos margen derecha del río, es un área de biosfera, hay áreas de conservación, el San Juan es un corredor biológico, es la cuenca hidrográfica más grande de Centroamérica con una extensión de 38.500 kilómetros cuadrados,  64% perteneciente a Nicaragua y 36% a Costa Rica”,  y por esa razón el tema del proyecto nicaragüense no podía pasar desapercibido para nuestro país, opinó el ambientalista, quien también es catedrático de la Universidad Nacional.
El diferendo entre los dos países se atizó a mediados de octubre, tras el inicio del dragado del cauce del San Juan, bajo la conducción del ex-guerrillero sandinista Edén Pastora. La operación desencadenó pronto, el 21 de octubre, una protesta de Costa Rica, tras acusar a Nicaragua de lanzar sedimentos, afectar un humedal y realizar una tala en su territorio, en el sector de Finca Aragón, en Isla Calero.
Un día después de la protesta, el ministerio de Seguridad Pública envió a un contingente de policías armados al sector, donde plantaron incluso la bandera costarricense.
En Nicaragua, el gobierno justificó desplazamiento de soldados a la zona fronteriza como parte de una operación destinada a combatir el narcotráfico en el sector.
Managua guardó silencio casi una semana ante el reclamo de San José, hasta que la Cancillería replicó acusando a “tropas de las fuerzas armadas” de Costa Rica de haber más bien incursionado en su territorio, mientras Pastora aseguraba que todas las obras de dragado, la tala y lanzamiento de sedimentos fue del lado de Nicaragua.
Pastora luego mostró un mapa satelital de Google, en el que aparece el sector de isla Calero como parte del territorio de Nicaragua. Para entonces, el gobierno de Ortega había enviado un grupo de soldados al mencionado territorio, donde los efectivos levantaron campamentos y enclavaron la bandera nicaragüense. Al mismo tiempo, el mandatario nicaragüense dijo que su país acudiría a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para que esta defina cuál país tiene la razón.De inmediato, Costa Rica convocó al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA)  que envió a su secretario general, José Miguel Insulza (ver recuadro) el fin de semana a mediar entre las partes.
“Costa Rica tenía derecho a tener información precisa sobre el proyecto del dragado, somos margen derecha del San Juan. Samuel Santos, pese al reclamo del Vicecanciller, le dice a Castro que no hay problema”, dijo Pacheco, quien no se explica como el Canciller, “siendo un ex-ministro de Ambiente,” no pidió la suficiente información.
“Ese fue un error muy grave, hablamos de una zona transfronteriza, donde opera el convenio de biodiversidad biológica surgido de la cumbre de la tierra ECO-92 aprobado por Nicaragua en 1995”, dijo biólogo a UNIVERSIDAD.
Para Pacheco, Costa Rica “reaccionó tarde”, hasta que “se demostró que el dragado violentaba la soberanía costarricense”.Por otro lado, criticó la falta de sensatez de las autoridades nicaragüenses en este problema.”Hay tal irracionalidad en Nicaragua que se opone a todo, a los tratados de 1858, a los laudos Cleveland y Alexander, y a hasta a los mapas publicados por ellos mismos”, dijo Pacheco, al recordar que hasta la cartografía del Instituto de Estudios Territoriales de la vecina nación ubica a Isla Calero del lado costarricense.
“El tratado es claro que la frontera sale de Punta Castilla y toma la margen derecha del San Juan, hasta el sector de Castillo Viejo, a una distancia de tres millas inglesas antes de ese punto”. “Por eso no es correcto lo que dice Pastora (un irresponsable a juicio de Pacheco) de que trabaja en un lugar donde las dos márgenes del río son nicaragüenses”, insistió el ambientalista.
Pacheco también se sumó al criterio de Granados de que el argumento de Nicaragua sobre su presunta pertenencia de Isla Calero “no tiene asidero racional ni jurídico”, además de señalar serios errores de Google (la empresa ordenó rectificar el mapa), que incluso ubica tramos del San Juan en Costa Rica, cuando pertenece a Nicaragua, y desvía la línea imaginaria hacia aguas nicaragüenses al término de la frontera en Bahía de Salinas.
“Son especulaciones, pero creo que si hay cosas detrás de este nuevo incidente, hay un contrato millonario por el dragado, Nicaragua está en año electoral y se necesita levantar la bandera del nacionalismo, y esto favorece a Daniel Ortega, a los nicaragüenses les dicen que les van a arrebatar el Río San Juan”, dijo.
Por otro lado, Pacheco no se explica como Nicaragua justifica el dragado para darle mayor capacidad de navegación al San Juan si piensa  construir la represa hidroeléctrica Brito, que a juicio del ambientalista, casi secaría el cauce del río.“Creo que Nicaragua no va a aceptar nada que salga de la OEA, por eso alude a la  Haya para retardar (el juicio elevado por Costa Rica por la prohibición al paso de guardias civiles armados, que terminó en julio del 2009, consumió doce años)”. “Eso le permitiría a Daniel Ortega mantener la llama nacionalista encendida”, dijo.
“Es una provocación muy clara lo que ha ocurrido, es un problema de la Cancillería y del Gobierno (nicaragüense) utilizando la figura de Pastora”, añadió.
No obstante, Pacheco se mostró convencido de que Costa Rica y Nicaragua deben ponerse de acuerdo para amojonar la frontera de manera “que cada quien sepa cuál es su territorio”.
Una propuesta en ese sentido fue enviada a la presidenta Chinchilla por Daniel Ortega durante la visita que hizo el domingo Insulza a Managua.
El secretario general, quien entre el domingo y lunes sobrevoló la frontera, primero del lado de Nicaragua y luego del de Costa Rica, también consideró que los dos estados deberían sentarse a la mesa del diálogo y luego acordar una fijación de los hitos de acuerdo a lo señalado en el tratado fronterizo y así poder discutir si hay puntos de desacuerdo. “Es una frontera complicada, una parte la marca muy claramente el San Juan”, dijo Insulza el domingo en San José.
UNIVERSIDAD dirigió, vía correo electrónico, un cuestionario a dos personalidades nicaragüenses, el escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez y al periodista y ex-director del diario Barricada, Carlos Fernando Chamorro, hoy adversario de Ortega, para conocer sus opiniones sobre los entretelones de esta nueva crisis que para muchos analistas emergió casi como por arte de magia. No obstante, al cierre de edición no se recibieron las respuestas.
Por su parte, Granados considera que si Nicaragua quiere restablecer las condiciones originales del San Juan, como en una ocasión dijo Pastora, tendría que reencauzar las aguas del río Colorado, costarricense, “y esto es muy serio”.
“Sería tomar aguas del Colorado y lanzarlas al San Juan”, es algo muy delicado”, opinó el Geógrafo.
Y opinó que reclamar Isla Calero, como lo está haciendo Nicaragua “es como darle vuelta a toda una historia”,  “es poco sensato, no tiene asidero”. “Si fuera de ellos, la habrían reclamado hace mucho tiempo, la ubicación está consignada en la cartografía oficial de ellos, y de Costa Rica, el tratado es claro”, añadió.
Granados, un experto en el tratamiento de temas relacionados con las fronteras centroamericanas, consideró que ambos países deberían crear un clima de “confianza y de entendimiento” para evitar futuros desencuentros.
“Cada vez que cada una de las Cancillerías habla de la frontera, se arma el pleito”, “cuando debe ser un lugar de encuentro y de cooperación”, indicó.
Y se mostró convencido  de que hay provocaciones desde el otro país, como el hecho mismo de llamar “soberanía” a la draga que limpia el cauce.
Granados cree también que si tiene sentido la idea de dragar el río, pues en el verano casi se seca, pero “no hay confianza, no se dice la verdad”. Además, dijo que por estar asidos por el tratado limítrofe ninguno de los dos Estados,  independientemente a quien pertenezca, “puede hacer lo que le da la gana en el río”.
Recordó que Costa Rica tiene obligaciones y que la preocupación de Nicaragua sobre los alcances del proyecto de Crucitas, ante el riesgo de contaminación, por ejemplo, también es válida.
“En Nicaragua también hay un año electoral, se exacerban los nacionalismos, esto es muy rentable para los políticos”, “estos se envuelven en la bandera nacional para obtener ganancias”, dijo.
Por otro lado se mostró sorprendido que ahora Nicaragua “descubra que hay narcotráfico en la zona limítrofe del San Juan”, allí “pasa de todo, armas, hay tráfico de especies, de madera, hasta de cocodrilos para usar la piel”, dijo Granados.
Hay una diferencia en el caso del río, opinó: “Para nosotros es un río”, y para ellos “es el Río San Juan”, con la idea de hacer un canal que nunca fue”, puntualizó.
Pero los entretelones políticos del conflicto no apuntan sólo a Nicaragua: “buscan tapar lo de Caldera, las barbaridades que están haciendo en Crucitas”, dijo Edén Pastora refiriéndose a las reacciones de Costa Rica.

Misión mediadora
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza inició una misión mediadora el viernes con sendas visitas a Costa Rica y Nicaragua.En su misión, se reunió con la presidenta Laura Chinchilla primero y luego con el mandatario nicaragüense Daniel Ortega.El domingo sobrevoló desde Nicaragua los 300 kilómetros de frontera y el lunes hizo lo mismo desde Costa Rica.Diálogo y más diálogo para superar las diferencias fue la principal recomendación de Insulza, quien tenía previsto presentar un informe el martes al Consejo Permanente de la OEA sobre el resultado de su gestión.

El límite según tratado Cañas-Jerez
“La línea divisoria de las dos Repúblicas,  partiendo del mar del Norte, comenzará en la extremidad de Punta Castilla, en la desembocadura del río San Juan, de Nicaragua, y continuará marcándose con la margen derecha del expresado río, hasta un punto distante del Castillo Viejo, tres millas inglesas, medidas de las fortificaciones exteriores de dicho Castillo, hasta el indicado punto. De allí partirá una curva, cuyo centro serán dichas obras y distará de él tres millas inglesas, en toda su progresión, terminando en un punto que deberá distar dos millas de la ribera del río, aguas arriba del Castillo. De allí se continuará en dirección al río de Sapoá, que desagua en el Lago de Nicaragua, siguiendo un curso que diste siempre dos millas de la margen derecha del propio lago hasta el expresado río Sapoá, en donde terminará esta línea paralela a dichas riberas. Del punto en que ella coincida con el río Sapoá, el que por dicho debe distar dos millas del lago, se tirará una recta astronómica hasta el hasta el punto céntrico de la bahía de Salinas, en el mar del Sur, donde quedará terminada la demarcación del territorio de las dos Repúblicas contratantes.