Decía el tres veces presidente de Costa Rica, Ricardo Jiménez, que nuestro país tiene tres estaciones al año: la seca, la lluviosa y los problemas con el río San Juan, y el nuevo episodio al respecto parece indicar que tiene razón.
 ¡74 años después de su último gobierno! Pero tanto ticos como nicas olvidamos esta recurrencia tan pronto se vuelve a dar un nuevo conflicto, tratándolo como si fuera un acontecimiento inédito y terrible, que nos ofende de ambos lados en lo más profundo de nuestro ser y de las peores formas en que un pueblo se pueda sentir agraviado.
 
Pareciera ser que olvidamos cómo hace apenas unos cuantos años, el ahora convicto por corrupción y expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, se puso a gritar a los cuatro vientos que Costa Rica quería robarle el río San Juan a su país, logrando con efectividad sorprendente su cometido: desviar el foco de atención de la opinión pública de las graves acusaciones que se le hacían por corrupción con fondos públicos, hacia un problema fronterizo que parece nunca acabar; incluso luego de que la Corte Internacional de La Haya se pronunció en el mismo sentido en que los acuerdos previos lo señalaban, indicando que Nicaragua es el titular del río, de lo cual no hay duda, y que Costa Rica tiene derecho a navegar por él y  que los trabajos dentro de este no le afecten, entre otros. ¡Qué pérdida de tiempo y recursos internacionales para que nos dijeran lo que ya sabíamos y nos recordaran lo mismo que habíamos acordado desde mucho tiempo atrás!
Ahora que vemos cómo empiezan a salir a flote los comentarios xenofóbicos contra los nicaragüenses que han migrado a Costa Rica, cuyo tono degradante no identificábamos desde la muerte de Natividad Canda por unos perros en Cartago hace unos años, comenzamos a darnos cuenta de que, nuevamente, le hacemos el juego a los oportunismos políticos que invocan falsos patriotismos para poder manipular a unas masas cegadas por el acicate del prejuicio étnico y el chovinismo nacionalista, dejándose así llevar mansamente hacia la confrontación vecinal, guiados por manos ávidas de caudal electoral.
En el caso actual, Daniel Ortega, que acaba de obtener la venia del Poder Judicial para optar a la reelección (inspirados sus amigos magistrados en la sentencia que le permitió a Óscar Arias reelegirse en el 2006), hábil político como es, obtiene el consenso como rara vez en el parlamento nicaragüense, para “defenderse” de las “fuerzas armadas de élite del ejército costarricense”; todo esto mientras mantiene en la ilegitimidad al MRS (Movimiento de Renovación del Sandinismo), inhabilitándolo de participar en los procesos electorales, por representar una amenaza al tradicional embargo político en el que vive esta nación y que le permite a sus grandes figurones mantener enormes cuotas de poder económico y político que les ayudan a mantener a las instituciones arrodilladas a merced de sus intereses espurios.
A Ortega se le ocurrió inventar que la isla Calero es parte del territorio nicaragüense, cuando los mismos mapas oficiales de este país la reconocen como territorio costarricense, y, como si esto fuera poco, que sus vecinos del sur “no pierden la esperanza de apropiarse del río San Juan”. El problema no es tanto que él salga con estas diatribas, sino que su pueblo le crea y que el parlamento de consenso le dé su apoyo. Y es que esto genera todo un dilema para la oposición: si le dan el apoyo a Ortega en esta “cruzada por la integridad territorial de su país” se verán en aprietos para recuperar el capital electoral que saben estarían cediéndole de cara a las próximas elecciones nacionales; pero, bajo la lógica de los cálculos costo-beneficio, también saben que sería peor aparecer frente a la opinión pública como “traidores” de la patria, que no están dispuestos a luchar para evitar que el “ejército tico” les arranque partes de su legítimo territorio.
El punto aquí es que, aunque lo parezcan, no estamos ante locuras de Ortega; estamos más bien ante planes muy bien pensados que, hasta ahora, van a las mil maravillas, porque si no se reconoce a la OEA para resolver el conflicto sino solamente a la Corte Internacional, eso significa mucho tiempo teniendo secuestrada a la opinión pública en su favor.
Así las cosas, nos vemos otra vez, como decía Jiménez, en la tercera estación del año, en momentos en que ambos pueblos viven verdaderas emergencias sociales, cuya atención no puede seguirse demorando y cuyos costos terminarán siendo mucho peores que los de una eventual derrota de Ortega (quien ya ha demostrado que de Sandinista no tiene nada más allá de un discurso patriotero y  falsamente socialista), pero con una gran diferencia, estos los pagarán las mayorías, no ellos, los adictos al poder.