La disputa por Punta Castilla e Isla Portillo entre los gobiernos y Estados de Nicaragua y Costa Rica, que la primera determina como ‘cuestión fronteriza’ y la segunda como ‘invasión de su territorio’ (y violación de soberanía), tendría, de aceptarse el posicionamiento nicaragüense, una salida en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
El pero es que el tiempo que tardaría en darse ese fallo, de mantenerse el dragado del Río San Juan y de completarse el canal que busca alterar su curso, transformaría la frontera entre los dos países, favoreciendo a Nicaragua.
Así, lo más importante, en este frente, sería obtener una medida cautelar para detener la intervención en el cauce del río. Esto, si se desea mantener las fronteras y espacios actuales, tanto terrestres como marítimos. Es probable que Nicaragua no atienda la medida cautelar.
En cambio, si, como alega Costa Rica, el conflicto se presenta por una ‘violación de su soberanía nacional’, los escenarios de resolución, para que esta violación no se prolongue en el tiempo, se siguen o de una negociación entre ambos Estados (lo que supone algún grado de buena fe en sus dirigentes) o de presiones que se ejerzan contra los actores, o en su beneficio, ya para que uno retire su reclamo de soberanía ya para que el otro retire sus fuerzas invasoras. La fuerza militar es una de estas presiones.
Pero también podrían ser financieras y comerciales. Las presiones negativas podrían tener éxito en el corto plazo, pero no alcanzarían los fines de largo plazo para una ‘aceptable vecindad’. Las presiones ‘positivas’, transformar el área en un espacio binacional que capte inversiones sin lesionar el ambiente, por ejemplo, podrían favorecer a ambos contendientes aunque no darían la razón absoluta a ninguno de ellos.
De modo que el problema es complejo. Si uno de los dos tuviera absolutamente toda la razón, de ello no se seguiría que la resolución del conflicto le fuera también absolutamente favorable.
Por ello lo propio es iniciar negociaciones directas y públicas entre ambos Estados y negociaciones secretas con la presencia de otros Estados e instancias. No se trata de nada nuevo en las relaciones internacionales. Y el saldo de  conversaciones y presiones podría gestar un diferente tipo de vínculo entre vecinos que históricamente han tenido diferencias.
No resulta aconsejable, en cambio, utilizar la disputa internacional para acarrear agua local hacia molinos propios. En Costa Rica lo hacen, por ejemplo, quienes exigen a los sectores del No (antigua disputa por el carácter de un TLC con Estados Unidos) pronunciarse contra Nicaragua. Quienes opinaron y votaron contra el carácter de ese TLC no constituyen un único sector, fueron una movilización electoral variopinta y, obviamente, ni ellos, ni quienes figuraron como sus voceros, deberían ser encasillados para siempre como “antipatriotas”, que es la finalidad que persiguen quienes hoy les demandan atacar a Nicaragua para defender a Costa Rica.
Tampoco beneficia que un expresidente, como Óscar Arias, opine públicamente contra el enfoque del actual gobierno de Costa Rica (aunque se retracte horas después) y lo califique de “ingenuo”. Públicamente él debe apoyar a su gobierno nacional aunque privadamente le manifieste su crítica. Es de sentido común. Las fracturas internas no constituyen factor positivo cuando se disputa con un vecino.
Los nicaragüenses asentados en Costa Rica (desde hace mucho o poco) sufren igual que los costarricenses la disputa. Exacerbar la xenofobia contra ellos o hablar de expulsarlos también divide al país. Muchos costarricenses no miran con odio ni desprecio a los nicaragüenses residentes, legales o ilegales. Y una salida negociada beneficiaría toda la población del área.
Se debe avanzar hacia una salida negociada que pasa por sentarse a conversar y por convocar a otros Estados a participar en estas negociaciones. Esto no implica bajar las banderas o paralizar las acciones en las instancias internacionales ni cambiar la firmeza de las declaraciones públicas que articulan información y creencias.
La resolución del conflicto debería contener una política binacional de largo plazo que favorezca a las poblaciones de ambos países. Y el crédito para el gobierno de cada bando será el de haber tenido la visión para gestar esa política binacional, antecedente y ejemplo para políticas regionales. Es bastante. Y se puede.