El 26 de octubre del año en curso, en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas se votó la denuncia y condena de Cuba contra el bloqueo económico, comercial y financiero, que por espacio de cincuenta y un años ha impuesto Estados Unidos al pueblo de Cuba.
El informe es abundante y contundente para que 187 países votaran contra Estados Unidos, porque cada año el gobierno, el pueblo y la Revolución, presentan ante el mundo a través de este organismo internacional, creando conciencia y compromiso en más del 90% de los países miembros, sobre la manera brutal y criminal, en que el imperialismo norteamericano ha tratado de destruir en forma despiadada e irracional un sistema económico, social y político, que ha sido producto de las leyes revolucionarias, de la inquebrantable volunta política de su pueblo, de querer transformar sus antecedentes históricos en pro de trascender y construir una sociedad más justa, democrática, equitativa y humana; además, de acuerdo con el derecho internacional que les asiste como país libre e independiente, a determinar su propio sistema de gobierno.
Lamentablemente, a lo largo de más de cinco décadas, y durante más de once administraciones norteamericanas, ha prevalecido esta aberrante política de Estado,  considerándose la mayor expresión de fracaso, vergüenza y deshonra, del imperio ante la comunidad internacional de naciones, comprometiéndose una vez más con la verdad y la justicia, votan de manera pública contra el bloqueo frente a los representantes del imperio y su sempiterno aliado Israel, compartiendo el inglorioso papel de cómplice en las infamias, calumnias y mentiras, que han montado la prensa mediática, el Departamento de Estado, el Pentágono y la Casa Blanca contra el heroico pueblo de Cuba, y su gloriosa Revolución.
Basta mencionar algunas de estas leyes, resoluciones, normas y propuestas, que no solo violan las normas internacionales y las convenciones sobre derechos humanos que cubren a los pueblos-estados, sino también el propósito político fundamental y estratégico es provocar la sedición y desestabilización del gobierno, socavando la vida institucional de la revolución, encaminada a mejorar sustancialmente con calidad, eficiencia y humanismo los sistemas de salud, educación, vivienda, transportes y energía junto con los programas de solidaridad internacional en diversos lugares del mundo, prioritariamente educación y salud.
Tenemos la Ley de Ajuste, se promulgó en 1966, una ley criminal, que alentaba a salir de Cuba por cualquier medio y bajo cualquier método inclusive la violencia, una crisis migratoria interna estimulada por el gobierno norteamericano.Ley Torricelli, se aprobó en 1992, que abruptamente cortó el comercio de medicinas y alimentos de Cuba con las subsidiarias de compañías estadounidenses, asentadas fuera del territorio norteamericano.
Ley Helms-Burton, se adoptó en 1996, perfecciona hasta el máximo los mecanismos de represión, al más mínimo vínculo económico, comercial y financiero, de empresas norteamericanas con Cuba.
El 10 de octubre del 2003, el expresidente Bush crea la «Comisión de Ayuda a una Cuba Libre» y el incremento de los controles políticos para evitar los viajes al territorio de Cuba, con penas de hasta 10 años de prisión y multas de $500.000 si no cuentan con el permiso.
El 26 de febrero del 2004, la anterior administración, firmó la Proclama Presidencial 7757, que restringe la salida del territorio de Estados Unidos de las embarcaciones que viajen a Cuba.
El 6 de mayo del 2004, el gobierno del expresidente Bush aprobó en su totalidad el informe de la llamada «Comisión de Ayuda a una Cuba Libre», con 450 recomendaciones y propuestas de medidas para derrocar el gobierno revolucionario e instaurar un gobierno títere, bajo el control de Estados Unidos.
El insomnio de la recolonización sobre la patria de Martí y Maceo, los tiene deambulando en los pasillos de la Casa Blanca. Sin embargo, Cuba sigue siendo un referente de humanismo y solidaridad con la causa de los pueblos, hoy reafirmado con el voto de apoyo en Naciones Unidas.