Hay objetivos por los cuales se forman coaliciones. La acción colectiva se manifiesta en la conducta de esas coaliciones que equivale a una acción conjunta entre individuos orientada a una finalidad determinada.
En beneplácito, y como progreso de la sociedad paraguaya, el 20 de abril de 2008, el exobispo Fernando Lugo Méndez y su acción colectiva organizada, arrollaron de manera muy convincente en las elecciones presidenciales de ese país.
Recetaron un espaldarazo fulminante contra el negocio electoral, al acabar con la triste historia despótica de 61 años de gobierno del poderoso Partido Colorado en su afán de controlar la política, economía y sociedad paraguayas mediante el ilícito concubinato prebendario con el Estado.
 
Apagó aquel esplendor empobrecido producto de una corrupción que llegó a ser una de las más consolidadas en América Latina usada para esconder a verdugos y consolidar a grandes mafias.
Como parte de la evolución y transformación social que debe existir en América Latina en su anhelo por dejar de lado la corrupción, la pobreza, la miseria y la desigualdad social, el cambio electoral en Paraguay debe aplaudirse, pues se trata de una respuesta social contra lo que siempre ha sido tradicional en Latinoamérica y que nunca le ha permitido crecer: la continuidad electoral basada en los acabados caudillismos y populismos herrumbrosos y miserables de la región.
Paraguay es uno de los países con mayor riqueza natural de América del Sur, que debe aprovechar ese nuevo cambio electoral presidencial para emerger con nuevos diseños de políticas públicas que puedan sentar bases firmes para realizar la construcción de algo que la sociedad paraguaya merece y que ha estado esperando por décadas: la reforma del Estado paraguayo establecida en la institucionalidad a favor de un auténtico Estado social de derecho.
La estructura económica de Paraguay debe transformarse. No debe continuar dependiendo de modelos de producción y exportación agropecuaria tan vulnerables. Esa estructura tiene que modernizarse de acuerdo con las exigencias del siglo XXI y  las relaciones comerciales basadas en el pragmatismo y en la ventaja comparativa. La autarquía es simplemente imposible y no abre puertas, más bien las cierra en detrimento de cualquier sociedad.
Es necesario realizar cambios urgentes en la concentración de la tierra, en el diseño de un ordenamiento jurídico que arreste y juzgue a los corruptos y terroristas, así como una verdadera política económica que responda a los intereses inmediatos de la sociedad paraguaya y no sólo a las escasas pero económicamente poderosas transnacionales.
El proyecto que promueve «Itaipú Binacional» es loable y debe ser considerado, apoyado y perfeccionado permanentemente. La Inversión Extranjera Directa (IED) y la inversión nacional tienen que ser comprendidas como una simbiosis de prosperidad y desarrollo mutuos que deben favorecer ambas inversiones en pro del país y de su sociedad: ¿Responsabilidad social empresarial?
El nuevo Estado paraguayo debe avanzar consecuentemente otorgando independencia a su Banco Central, para garantizar el correcto control de la inflación y que sirva como brazo derecho del gobierno en todo lo relacionado con la política económica dentro de sus percepciones normativas y positivas.
La política fiscal debe convertirse en un instrumento redistributivo de la renta, en donde los que más tienen soporten un mayor peso, junto a buenas prácticas para su recaudación y utilización pública. Es necesario activar urgentemente la modernización del sistema financiero paraguayo. En materia de reforma social, una reforma al Código de Trabajo será urgente para dotarlo de normas actualizadas, para que sea una verdadera herramienta de progreso y justicia para los trabajadores. El Estado no puede entenderse aislado de la sociedad. El Estado no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr fines que están por encima de él y que se debe al ciudadano. Es un faro de luz social!!!!
Una política institucional centrada en procurar una reforma agraria, una reforma educativa de acceso universal para todos, una reforma industrial de acuerdo con las demandas científicas y tecnológicas modernas, una reforma al ordenamiento jurídico y un plan preventivo contra células terroristas como la del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), deben considerarse urgentes para la nueva administración de El Palacio de López.
Los pobres no deben esperar más. La política económica paraguaya no debe continuar estancada bajo el yugo servil de la corrupción y favoreciendo a quienes más tienen, reverenciando así, a los males en cadena que caracterizan a América Latina y que la han consumido por 518 años desde la invasión retrógrada de la España asesina del siglo XV.
La reforma del Estado paraguayo es una obra de acción colectiva inmediata en la que debe reinar el compromiso, la disposición y la cooperación de todos para que la luz brille: una enorme luz que ilumine todo el Chaco.