La división provincial para elegir las 57 diputaciones de la Asamblea Legislativa es un sistema que restringe el acceso de partidos no tradicionales o minoritarios al poder, al bloquear las posibilidades de que puedan alcanzar los votos suficientes para obtener curules, concluyó la Auditoría Electoral Ciudadana en el informe “Sistema de elección de diputados 2010: Efectos y alternativas para su reforma”.
Este es el quinto de ocho avances preparados por la agrupación, y fue elaborado por el politólogo Gerardo Hernández y el médico retirado Rodrigo Salas.
La investigación indicó que la separación de los votos por provincias reduce las posibilidades de que los partidos de menor escala alcancen los caudales necesarios que se definen en cada una de las siete regiones, que bajo otros mecanismos sí alcanzarían.
DESIGUALDADES
El informe señaló que el sistema de elección de diputaciones vigente es anacrónico, ya que fue establecido en un Código Electoral promulgado en 1952.
Gerardo Hernández, encargado del documento, comentó que la división de votaciones en el nivel provincial está desfasada, y que debido al avance de las comunicaciones ya no tiene sentido.
Otros cuestionamientos son los problemas de legitimidad, representatividad, desigualdad, desproporción y la falta de atención al proceso de conversión de votos en curules.
Para cada provincia, se distribuyen las plazas a elegir según la población de cada una. Los partidos políticos presentan listas para cada división territorial y se eligen bajo un sistema de representación proporcional, que consta del cociente, subcociente y residuo mayor.
El cociente se calcula al dividir el total de votos válidos de cada provincia entre el número de diputaciones por elegir en cada una. Ese resultado es la cantidad mínima para conseguir una curul. En tanto, el subcociente es la mitad del cociente, y los grupos que no logran obtener esa cantidad, quedan descartados de entrada.
De quedar plazas restantes, se otorgan a las agrupaciones que tengan el residuo mayor, y que anteriormente hubieran logrado superar los rubros anteriores. Así, si el cociente es 10.000 y un partido llega a 43.000 votos, gana cuatro escaños y queda con un residuo de 3000.
El documento destacó que la asignación de curules por cocientes provinciales es acaparada por los partidos mayoritarios y en cierta medida en las agrupaciones medianas, pero que los  partidos nacionales minoritarios suelen quedar excluidos, incluso en la asignación por residuo, porque al no superar el subcociente, quedan disponibles para los de mayor tamaño.
Hernández criticó que al ser los cocientes distintos en cada provincia, se genera una “injusticia electoral”. Por ejemplo, en los pasados comicios se requirieron más de 26.000 votos para elegir una curul en Limón, mientras que en Heredia se necesitaban casi 40.000.
Así, se dan valores distintos a los votos válidos emitidos en cada provincia, en razón inversa de su participación, es decir, que entre mayor participación, menos valor tiene el voto.
Otro ejemplo en el caso de grupos políticos, fue la asignación de seis diputaciones al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) con poco más de 155.000 votos y de cuatro escaños al Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) con casi 172.000.
El politólogo mencionó que una de las soluciones podría ser eliminar el subcociente, medida que implicaría que los partidos mayoritarios pierdan dos o tres curules, y por ende habría un mayor acceso para los no tradicionales.
Rodrigo Salas, otro de los coordinadores del informe, objetó también que los partidos provinciales se benefician con el método vigente, puesto que no se les dividen los votos.
Así se explica por qué el Frente Amplio obtuvo una curul en el 2006, cuando participó solo por San José, y en el 2010 volvió a obtener un puesto legislativo, lanzándose a escala nacional.
El investigador añadió que la propuesta para propiciar un mayor acceso entre partidos es el cociente nacional. Esto significa que antes de asignar candidatos y candidatas en cada provincia, se vote por los partidos en sí, y una vez que se defina a cuántos escaños tiene derecho cada partido, se distribuyan en proporción a la cantidad de votos que obtuvo en cada región. “Sería el mismo trato para todos porque son elegidos con el número de votos”, afirmó.
Salas resaltó que esta sugerencia es cuantitativa, pero aún si se cumpliera y se lograra democratizar el sistema al máximo, faltaría perfeccionar la parte cualitativa. En este tema, formuló la idea de optar por el “voto preferente”, mediante el cual la ciudadanía elige a cuál persona colocar en los primeros puestos.
En contraste, también se agregaría el “voto de rechazo”, donde se escogería situar a postulantes cuestionados en los últimos lugares.
“La población influiría en el ordenamiento de los candidatos en su correspondiente papeleta”, comentó. Este reordenamiento se confeccionaría respetando la paridad y alternancia de género.

 
Hugo Picado, IFED: Votación nacional permitiría mayor proporcionalidad
Hugo Picado, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), instancia adscrita al Tribunal Supremo de Elecciones, comentó a UNIVERSIDAD que realizar las elecciones de diputaciones en el nivel nacional y no provincial lograría una mayor proporción en el sistema, tras consultarle su opinión sobre las conclusiones de la Auditoría Ciudadana. Este es un extracto de la entrevista realizada vía correo electrónico:
El grupo Auditoría Electoral Ciudadana elaboró un informe en el que señala que la escogencia de escaños en la Asamblea Legislativa es injusta, desequilibrada y poco representativa, ya que hay partidos que obtienen menos votos que otros, pero que debido a la legislación vigente llegan a obtener más curules. ¿Cómo afecta esto la voluntad de la población? ¿Cuál es su posición al respecto? Los sistemas electorales son mecanismos de traducción de votos en escaños.  Como tales, todos tienen un “efecto reductor” de la proporcionalidad, debido a que siempre son más los partidos políticos votados que los escaños a repartir, por lo cual se producen diferencias entre la proporción de votos recibidos y escaños adjudicados a cada partido. Cuanto más pequeño sea el número de escaños a elegir por circunscripción, menos proporcional será el sistema. Para mejorar la proporcionalidad del sistema electoral costarricense, el camino pasa por incrementar la magnitud de las circunscripciones, en lugar de modificar la fórmula electoral.  
Dicha agrupación sugiere que una de las soluciones para evitar discrepancias de esta índole, es eliminar los cocientes provinciales, y hacer uno en el nivel nacional, con el fin de que haya una representación más igualitaria de los partidos. ¿Cree usted que esta puede ser una medida viable para optimizar el sistema de elección?Eliminar la circunscripción provincial y crear una sola circunscripción nacional permitiría elevar la magnitud a 57 en un solo distrito nacional, con lo cual se lograría un sistema más proporcional; sin embargo, ese cambio perjudicaría la representatividad territorial, pues debido a la concentración demográfica en el centro del país, las provincias y localidades alejadas perderían presencia en la Asamblea Legislativa.
¿Cómo se puede mejorar el sistema electoral cuantitativa y cualitativamente para garantizar un acceso más proporcionado a los partidos no tradicionales, y que se respete de manera total la voluntad de la ciudadanía?Sería necesario plantearse la necesidad de aumentar el número de cargos que se eligen por circunscripción electoral, incrementando el número de escaños por provincia, o bien, modificando el criterio territorial para la elección legislativa.  Ello conllevaría a la discusión sobre la pertinencia de aumentar el número total de diputados a la Asamblea Legislativa.  En cualquier caso, se requeriría reforma a la Constitución Política.