Aunque durante su gestión parecieron “cuadrangulares” espectaculares, con el tiempo parece que el expresidente Óscar Arias más bien se “ponchó” al impulsar la concesión e inauguración prematura de la carretera San José–Caldera, así como el “golpe de estado” en el sindicato de JAPDEVA con miras a la concesión de puertos y la más que polémica y ahora ilegal declaratoria de “interés público” y “conveniencia nacional” del proyecto minero de Industrias Infinito.
Se trata de tres temas que cobraron protagonismo durante el gobierno de Arias, por lo que estos reveses constituyen un gran signo de pregunta sobre la eficiencia y sustento ético-jurídico de su gestión como “capitán” del barco.
“Lo que denota todo esto es el profundo nivel de autoritarismo y verticalismo con el que Arias manejó el gobierno; incluso trató de pasar por encima de la institucionalidad democrática y en algunos casos torciendo brazos, según él mismo lo dijo en varias ocasiones”, opinó al respecto la socióloga de la Universidad de Costa Rica, Montserrat Sagot.
Un criterio similar expresó el analista Víctor Ramírez, para quien el mayor significado de todo esto es que Arias “cual Luis XIV, creyó que el Estado era él”.
“En el caso de Crucitas se sintió capaz de pasar por encima de la legislación, de volársela con un decreto y abrir paso ilegalmente a ese proyecto. El de la carretera es parecido: ha sido un desastre y fue inaugurada muchos meses antes de lo debido. Actualmente se sigue un proceso investigativo en la Asamblea Legislativa para aclarar todas las preguntas sobre las violaciones a los sistemas de fiscalización y control”, añadió.
1, 2, 3
Precisamente la nueva carretera constituyó el primero de esos tres notorios fracasos de la gestión de Arias. En agosto, UNIVERSIDAD reportó las denuncias hechas durante un foro realizado en la Asamblea Legislativa, en el que varios exministros de transportes y el exdiputado Mario Quirós, señalaron la necesidad de que se investiguen los numerosos incumplimientos del contrato de concesión de la vía San José-Caldera, así como el manejo que se ha hecho de la concesión del proyecto vial San José-San Ramón. En ambos casos se trata de concesiones otorgadas al mismo grupo de interés económico, de capital español.
Incluso abogaron por una intervención en la Contraloría General de la República (CGR), entre otras razones, por la coincidencia de funcionarios que se desempeñaron en el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), cuando se tramitaron las concesiones de esas carreteras, y que luego pasaron a la CGR, como fue el caso de la misma contralora Rocío Aguilar.
Desde la etapa de construcción de la carretera, UNIVERSIDAD denunció serias anomalías ambientales. Luego, cuando el expresidente Arias la inauguró con bombos y platillos de manera anticipada, fueron notorias las quejas de vecinos de sitios como Santa Ana sobre los fallos en el diseño de la carretera. Pero lo más grave han sido los problemas de deslizamientos y hundimientos  que incluso costaron la vida de una persona.Uno de los aspectos más llamativos para quienes exigieron la intervención en la Contraloría, fue la renegociación del costo para el Estado de la carretera, que pasó de $230 millones en el 2008 a $360 millones en el 2010.El “strike 2” del exmandatario llegó poco después, cuando un voto de la Sala Constitucional ordenó la restitución de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores (SINTRAJAP) de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).
Cabe recordar que a través de un proceso muy cuestionado y que la Sala Constitucional halló ilegal, la junta directiva de SINTRAJAP fue destituida y sustituida por una que compartía los intereses privatizadores del gobierno, que ofreció $137 millones a los trabajadores como compensación.
Finalmente, el pasado 24 de noviembre el tribunal contencioso administrativo anuló la concesión minera, la viabilidad ambiental y el decreto de “conveniencia nacional” e “interés público” otorgados a la empresa Industrias Infinito S.A., gestora del proyecto de minería metálica con cianuro y a cielo abierto, en Las Crucitas de San Carlos.Ese polémico decreto firmado por Arias y el entonces ministro de Ambiente, su primo Roberto Dobles, fue el que facultó en definitiva a Industrias Infinito para iniciar la tala de árboles y demás trabajos tendientes al establecimiento de la mina.El tribunal incluso ordenó comunicar la sentencia al Ministerio Público, para que determine si procede abrir una causa tanto contra Arias como contra Dobles.DAÑO A LA INSTITUCIONALIDAD
El analista Ramírez aseveró que “todos esos desastres son un caso de abuso de poder, de locura y ambición por el poder. Por ejemplo, desde un inicio de su gobierno dijo que inauguraría la carretera a Caldera, lo cual hizo a pesar de los problemas que fueron anticipados por instancias como el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos”.  Sobre el daño que todas esas acciones del expresidente Arias significan para la institucionalidad democrática del país, Ramírez consideró que “en principio” es reparable, pero “es serio porque es un tema central; el respeto a las leyes constituye la diferencia entre una sociedad civilizada y una que no lo es”.“Stalin y Hitler obtuvieron beneficios inmediatos y construyeron muchas cosas, pero esa filosofía termina en la perversión inevitable de la sociedad. En nuestro caso, creyeron que eran dueños del país y que estaban por encima de la ley, que sus opiniones estaban por encima de la voluntad popular; ése es el daño más serio que se le puede hacer a una sociedad”, lamentó.

 
¿Hilos rotos?
La socióloga Monserrat Sagot detalló que Óscar Arias logró construir una “presencia poderosa, con muchos hilos que se movieron. Lo que demuestran los fallos de estos tribunales, es que más allá de la percepción de Arias, su poder no es homogéneo; su capacidad de manipulación tiene huecos”.
En el plano político, la figura de Arias cobró protagonismo recientemente, a partir del notorio distanciamiento e incluso animosidad que se ha dado entre el exmandatario y la presidenta Laura Chinchilla, un tema que cobró otro nivel cuando alcanzó el plano de las lealtades en la Asamblea Legislativa.
Una polémica mantenida entre Arias y el columnista Julio Rodríguez, del diario La Nación, fue el detonante de una situación que enfrentó a Chinchilla con varios miembros de la fracción oficialista.
El diputado liberacionista Víctor Hugo Víquez fue enfático al señalar que esa reciente polémica “no ha sido un tema de lealtad hacia Óscar Arias”, aunque recordó que “para nadie es un secreto que don Óscar influyó mucho en la decisión de que Laura Chinchilla fuera la candidata del PLN”.
“Sentimos que se mancilló la honra de un expresidente y decidimos salir en su defensa con un comunicado de prensa; además, varios compañeros intervenimos en el Plenario sobre el tema”.
La jefa de la fracción oficialista, Viviana Martín, se excusó de leer ese comunicado porque “he estado involucrada con las dos partes”, según la citó el diputado.
De acuerdo con Víquez, “un 99%” de la fracción tomó la decisión de salir en defensa de Arias; “luego no se vale que uno (de los diputados) salga a decir a la prensa que no estuvo de acuerdo, con un relato de verdades a medias de lo que sucedió a lo interno de la fracción; eso sí es falta de compañerismo y de lealtad”.
Respecto a las agrias discusiones que trascendieron en varios medios de comunicación entre varios diputados, incluido él mismo, y la presidenta Chinchilla, señaló que “me llamó la Presidenta, no mi compañera de fracción, a decirme que le habían dicho varias cosas, que no son ciertas, así que sí reaccioné. Por un lado se trataba de una reunión de fracción, donde lo dicho debería quedar ahí; por otro, es un asunto en el que la Presidenta no tiene nada que ver; me siento totalmente traicionado”.