Ante el conflicto reciente provocado por el reclamo de autoridades nicas denunciando la supuesta incursión de lanchas pesqueras ticas en aguas de su mar territorial, es pertinente un par de observaciones. Hace más de ocho años, cuando el gobierno del presidente Enrique Bolaños ofreció a inversionistas extranjeros 150.000 km2 de áreas marinas para eventual explotación petrolera, se incluyeron como parte de ellas, áreas marinas costarricenses del Caribe y el Pacífico, según mapa oficial remitido por nuestra cancillería a la ONU. En relación con el caso particular del incidente reciente, el mapa de las zonas ofrecidas entonces por Nicaragua, ubica el límite de los mares territoriales de ambos países en una recta astronómica marcada por el paralelo 10º56’ N a partir de Punta Castilla. Delimitación que desconocía tácitamente (como sigue sucediendo) las “pretensiones” limítrofes que nuestra Cancillería hubiere comunicado a un ente de la ONU.
Al confrontar las áreas ofrecidas en concesión petrolera por Nicaragua con las ofrecidas años antes por Costa Rica, era evidente el traslape del llamado bloque Nº11 que estuvo en proceso de concesión a favor de la petrolera Mallon Oil Company, situado frente a isla Calero, con las áreas marinas ofrecidas por Nicaragua. Lamentablemente, aunque ante nuestras respetuosas llamadas de atención el entonces canciller don Roberto Tovar se comprometió a impulsar un proceso de diálogo, donde representantes de los dos Estados limítrofes negociaran, y suscribieran por vez primera, una delimitación marítima de los correspondientes mares territoriales y zonas económicas exclusivas, la tarea finalmente no se cumplió. Profundo silencio siguió imperando en la Casa Amarilla en cuanto a este asunto tan delicado, cual si en el futuro próximo, como ahora está sucediendo, no se fueren a presentar situaciones como la sucedida en los días previos a Navidad, pese a que fueron públicos el «Mapa de apertura de áreas para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos» publicado por el gobierno del presidente Bolaños en julio del 2002, como el mapa oficial de Costa Rica remitido a la ONU meses antes.
Para entonces algunos asesores nacionales, diplomáticos y geógrafos, dieron por buena la llamada delimitación “equidistante” incluida, de paso, en un frustrado tratado de delimitación marítima suscrito por Costa Rica y Colombia en 1977, en el que nuestro país hubiera cedido más de 25.000 km2 de nuestro mar Caribe.
No hace falta pues mayor esfuerzo para corroborar que, desde hace casi una década, existen vastas áreas marinas que tanto Nicaragua como Costa Rica reclaman como suyas y donde, ¡muy oportuno para el gobierno de Daniel Ortega!, ambos Estados estarían dispuestos a ejercer sus sagrados derechos de soberanía, pese a que existe la posibilidad de que alguno de los dos esté equivocado, o que ambos estén errados.
Al no existir límites marinos negociados, y mucho menos suscritos y ratificados, incidentes con embarcaciones o aeronaves ocupando espacios correspondientes al mar territorial de 12 millas de ancho se podrían presentar en cualquier momento otra vez. Y si los objetivos del régimen de Ortega son los de mantener la tensión limítrofe para elevar un patrioterismo de cálculo electoral, creemos no equivocarnos al vaticinar mayores conflictos derivados de esta tarea irresponsablemente inconclusa.
En vista de la situación actual provocada por la invasión nica del territorio tico de isla Calero, instamos al gobierno de la presidenta Laura Chinchilla a aprovechar los espacios de diálogo que se abrirán al cesar la invasión, para retomar el proceso de negociación de la delimitación marítima con Nicaragua, tanto para el Caribe como para el Pacífico, donde el asunto es quizá más complicado.
Mientras no  conozcamos, con certeza jurídica, hasta dónde ejercemos nuestra soberanía marítima en ambas vertientes, y mientras los dos Estados se sigan aferrando a opciones de delimitación sumamente divergentes,  estaremos ante un eminente peligro de confrontación que podría incluso amenazar la paz entre ambos países vecinos. Si algún ente extranjero hubiera obtenido de parte de Nicaragua una concesión petrolera en el área sin delimitar, pero reclamada por ambos Estados, caeríamos en una confrontación salpicada por petrodólares donde habría nuevos actores en un nuevo escenario.  La búsqueda de la paz futura demanda  acciones responsables y oportunas.