La decisión de si se concesionan  o no los puertos de Limón y Moín en el Caribe -por los que pasa el 80% de la carga de exportación e importación-, estará en juego este viernes 21 de enero, cuando se elija la directiva del SINTRAJAP, sindicato de trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).
La asamblea general del sindicato decidirá si reelige a la directiva encabezada por el secretario general Ronaldo Blear, abogado, del grupo “Trabajadores Unidos Sindicalizados”, o si prefiere al grupo opositor “Por Limón, Por Todos”, que postula a  Douglas Brenes, capitán de montacargas.
La directiva encabezada por Blear, opuesta al plan gubernamental de concesionar los puertos a las transnacionales, fue restituida por un fallo del Tribunal Constitucional en agosto pasado, luego de que fuera destituida en enero del 2010 por otra que encabezó Brenes, tras un plan urdido a través del Ministerio de Trabajo para descabezar el sindicato y allanar el camino a la concesión (ver UNIVERSIDAD, ediciones 1840 y 1841, del 24 de febrero y el 3 de marzo del 2010).
 
La ley prohíbe la concesión de los puertos y el gobierno busca que los trabajadores y trabajadoras aprueben una modificación en la Convención Colectiva de Trabajo, para facilitar el cambio de modelo de gestión portuaria en manos de JAPDEVA.  En el 2008 el Gobierno ofreció pagar a los trabajadores $80 millones para que aceptaran la concesión, y ante el rechazo del sindicato, en el 2009 elevó la oferta a $137 millones -unos ¢80.000 millones- (ver recuadro “Historia del conflicto”).
Según Liroy Pérez, secretario de prensa del SINTRAJAP: “Lo que está en juego en esta elección es el trabajo de las 1.500 personas que trabajamos en JAPDEVA, porque por lo menos mil podríamos quedarnos sin trabajo con la concesión; así de sencillo”.
También están en juego los recursos que JAPDEVA le aporta a Limón a través del departamento de administración de desarrollo, que en el cuatrienio 2006-2009 representaron, por ejemplo, casi  ¢11.000 millones en obra social. «Son recursos que se podrían perder porque a una empresa privada transnacional le interesa echarse plata a la bolsa, no hacer obra social”, comentó.
“Todo el tema de la modernización circula alrededor de esta asamblea, porque nosotros creemos en la modernización de los puertos, pero fortaleciendo a JAPDEVA como institución pública, mientras que ellos (el grupo opositor) creen en entregarle esto a una empresa privada”, afirmó.
De acuerdo con el dirigente, “la mayoría de los trabajadores siempre han estado apoyándonos en esta lucha, y algún grupo minoritario que ha estado de alguna manera engañado con el tema de la indemnización, poco a poco han ido abriendo los ojos. El hecho de que la Sala Constitucional nos haya devuelto y que hayamos regresado con más fuerza que antes, ha hecho que mucha gente haya entendido que las cosas no son como se las habían pintado”.
Por su parte, Douglas Brenes manifestó que lo que está en juego con esta elección es muy importante, porque los trabajadores decidirán si se mantiene la situación actual de los muelles en manos de JAPDEVA, al tiempo que viene la construcción de la terminal de contenedores de Moín, que ya está para adjudicarse a finales de este mes y que en cinco años entraría en operación y se llevará el 40% de la carga de los barcos, lo que representa un 60% del presupuesto actual de JAPDEVA.
“Entonces la gente va a tener que decidir: o negociamos (la concesión) y nos vamos con una indemnización  y tal vez podemos aspirar a ser recontratados con el nuevo gestor -con la posibilidad de una pensión adelantada-, o nos quedamos como estamos y dentro de cinco años -cuando nos quiten un 60% del presupuesto, o con la reestructuración que vendrá- la gente se va a tener que ir solo con sus prestaciones.”
Brenes dijo que “estamos viendo muy positivo todo” para la elección del 21. “En  todo lado acaparamos la atención de la gente. Les  decimos la propuesta nuestra, escuchamos sus inquietudes, estamos aclarándolas y a lo último les dejamos el mensaje de que son ellos los que van a decidir, pero que decidan si es por el futuro de Limón,  de la provincia y de Costa Rica”,  apuntó.
 
CLARIDAD
Aunque Brenes consideró que el desarrollo del proceso electoral ha estado bien, planteó el supuesto impedimento que tendría Blear para postularse a la reelección.
Hizo ver que el estatuto interno del SINTRAJAP dice claramente que no podrá ser secretario general quien tenga un puesto de asesor legal. Blear aparece como asesor legal, por lo que ha presentado la situación al tribunal electoral, para que dé su parecer. Independientemente de que la respuesta sea positiva o negativa “es una carta que yo tengo para una futura impugnación en los tribunales”.
Al respecto, Blear aseguró que es un asunto “totalmente superado”, porque la misma impugnación la había planteado un opositor en la elección anterior, y el Ministerio de Trabajo contestó que no había impedimento alguno. “La condición no ha variado y no puede variar el criterio de la administración”, comentó.
Blear no ocupa puesto de jefatura en el departamento legal y la función que cumple no está contemplada en las prohibiciones, puntualizó por su parte Pérez, tras asegurar que el proceso es claro y transparente.
En su criterio, Brenes está desesperado porque la gente ya abrió los ojos al darse cuenta de que él es un representante del Gobierno y no de los trabajadores.
“Se está haciendo a la luz de todo el mundo; habrá observadores nacionales e internacionales, la prensa va a estar presente y hasta la embajada de Estados Unidos nos pidió pase y se lo estamos dando, porque no estamos por ocultar nada”, manifestó.
El viernes habrá un cierre de puertos de seis de la mañana a seis de la tarde, otra garantía de que todos los trabajadores puedan participar, y el que no vota es porque no quiere, añadió.
Por su parte, Luis Chinchilla, presidente del tribunal electoral del SINTRAJAP, sostuvo que el proceso se ha desarrollado con normalidad y con apego a los estatutos (ver recuadro “Trabajamos de acuerdo con lo que dicen los estatutos”).
El tribunal fue elegido por la asamblea del sindicato en el 2007, y tuvo a cargo la organización de las elecciones de enero del 2009, que reeligió a la actual directiva.
 
 

Luis Chinchilla:
 
Trabajamos de acuerdo con los estatutos
El presidente del Tribunal Electoral del SINTRAJAP que velará por el correcto proceso para elegir la directiva de este sindicato, Luis Chinchilla, garantizó la legalidad de las elecciones.
 
¿Cómo están los preparativos para la elección de la nueva directiva?
-Todo se ha venido dando bien, y como tribunal electoral estamos preparados para recibir la votación.
El candidato opositor ha objetado la inscripción del candidato a la reelección.  ¿Hay transparencia en el proceso?
-Nosotros trabajamos de acuerdo a lo que dicen los estatutos y el reglamento, y hemos tenido cuidado de que se cumpla lo que allí dice. No tenemos que entrar a discutir lo que está claro en el reglamento. Las elecciones nosotros las hacemos abiertas. La votación va a ser en el gimnasio Eddy Bermúdez, donde la gente que vota va a estar en las graderías y en el centro estarán las sillas para los invitados que van a observar de cerca la votación.  Hasta la prensa va a estar presente.
El día de la votación, igual que en las votaciones nacionales, cada papeleta es firmada por los miembros de mesa y se le entrega al votante para que en secreto marque la casilla de su preferencia y la deposite en la urna. Una vez finalizada la votación se hace el conteo de votos en presencia del fiscal que nombra cada grupo, y gana quien tenga mayoría de votos, aunque sea solo por un voto. Una vez declarada la papeleta ganadora, el tribunal llama uno por uno a los miembros de la nueva junta elegida y los juramenta.
 
 

Historia del conflicto
 
 
2006
–Abril. El presidente Óscar Arias anuncia ante un grupo de empresarios europeos su intención de concesionar los puertos de Limón y Moín.
14 de agosto: SINTRAJAP presenta al Gobierno un estudio con medidas para fortalecer JAPDEVA y modernizar los puertos, sin necesidad de entregarlos a transnacionales. Se incluyen los costos de la modernización y los mecanismos para su financiación. El Gobierno la rechaza en noviembre con el argumento de que la concesión es la única vía de modernizar los puertos.
2008
-13 de febrero: El Gobierno inicia el proceso formal de concesión de puertos.
–16 de octubre: Al ser prohibida por la ley la concesión de los puertos, y ante el rechazo del sindicato a la privatización, el Gobierno ofrece al personal de JAPDEVA $80 millones para que aprueben el cambio de modelo de gestión de los puertos.
31 de octubre: La asamblea del SINTRAJAP rechaza unánimemente el  “soborno” ofrecido por el Gobierno.
2009
16 de enero. La asamblea del SINTRAJAP reelige la junta directiva encabezada por el secretario general Ronaldo Blear. El presidente de la República y el presidente ejecutivo de JAPDEVA intervinieron en la campaña del sindicato, apoyando mediante cuñas de radio y declaraciones de prensa, al grupo favorable a la concesión.
–13 de febrero: La Ministra del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Karla González, declara que la concesión va y que el Gobierno persigue tener un puerto sin sindicatos y sin convenciones colectivas.
–20 de mayo: El Gobierno eleva a $137 millones la oferta a los  trabajadores y empieza a promover la realización de una asamblea de trabajadores para que decidan si aceptan o no la concesión.
Julio: Un denominado “Grupo mediador” de trabajadores favorables a la concesión, promovido por el Gobierno, solicita la convocatoria de una asamblea del SINTRAJAP para someter a votación la oferta del Gobierno, lo que la directiva deniega al señalar que la solicitud no cumple con los requisitos reglamentarios.
Noviembre: El Ministerio de Trabajo acusa ante el Juzgado de Limón a los directivos del  SINTRAJAP, por el supuesto delito de “prácticas sindicales desleales”.
2010
8 de enero: El Ministerio de Salud impide por razones sanitarias del local, la realización de la asamblea general convocada por el SINTRAJAP.
15 de enero: Se realiza una asamblea de trabajadores convocada por el grupo mediador, que acepta la oferta del Gobierno y destituye a la directiva encabezada por Blear. El acuerdo se ratifica en una segunda asamblea el 29 de enero.
19 de febrero: En el Juzgado de Limón se firma un acta de conciliación que pone fin a la acusación del Ministerio de Trabajo contra la directiva sindical. El acuerdo archiva la acusación, con el compromiso del sindicato de convocar asambleas para el  26 de febrero y el 5 de marzo, a fin de poner a votación la oferta del Gobierno.
22 de febrero: El Ministerio de Trabajo da por válida las asambleas convocadas por el grupo mediador en enero e inscribe la nueva junta directiva encabezada por Douglas Brenes, que luego negocia con la administración de JAPDEVA una nueva convención colectiva, aceptando la concesión.
4 de marzo: La junta directiva “legítima” de Blear realiza una concurrida asamblea donde reitera el rechazo a la concesión, y se desconocen los acuerdos de las asambleas “espurias” del grupo mediador. Por otra parte, dirigentes sindicales presentan al Ministerio Público una acusación contra el presidente Óscar Arias y otros funcionarios del Gobierno por intento de soborno a los trabajadores.
25 de agosto. El Tribunal Constitucional resolvió favorablemente dos recursos de amparo y restituyó a la junta directiva encabezada por Blear, tras anular por violación del debido proceso las asambleas del 8 y el 15 de enero promovidas por el grupo mediador.