Las organizaciones gremiales del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) insistirán en plantear que el proceso de apertura de los servicios de telecomunicaciones está mal hecho y buscarán que el Tribunal Contencioso Administrativo se pronuncie al respecto.
En los próximos días se espera que las organizaciones presenten sendas acciones ante ese Tribunal y ante la Contraloría General de la República, contra la tarifa de interconexión que estableció la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). Se trata de la conexión entre las redes de esas empresas privadas y la del ICE, sin la cual no podrían ofrecer el servicio.
Según el ingeniero en telecomunicaciones Gerardo Fumero, el costo de operación de líneas celulares para el ICE es de ¢30 el minuto, pero la tarifa que pagarán los gigantes Telefónica y Claro, quienes se adjudicaron las bandas de telefonía celular, es de ¢15, con lo cual “el ICE subsidiaría al oferente privado; es decir, Costa Rica irónicamente estaría subsidiando a la gente más rica del mundo, como Carlos Slim y Telefónica de España”.
Fumero indicó que el Sindicato de Ingenieros del ICE (SIICE) presentará una denuncia al respecto ante la Contraloría, pues “se trata de un tema de la hacienda pública; lo establecido por SUTEL implica que se despilfarra y se regala un bien del Estado a la empresa privada”.
Por otra parte, Fabio Chaves, coordinador del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE), informó que todos los sindicatos de la institución acordaron presentar una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, pues consideran que en ese tema de la fijación de las tarifas de interconexión, se puede estar ante “el incumplimiento del deber de salvaguadar los intereses del país; además la entrega de frecuencias está viciada de ilegalidad”.
Fumero también anunció que este mismo mes, el SIICE presentará una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 35866-MINAET, el cual estableció el espectro de microondas como de uso no exclusivo por parte del Estado, uno de los elementos necesarios para subastar las frecuencias de telefonía celular a las empresas privadas.
 
“PRINCIPAL FIN DEL TLC”
El pasado 18 de enero, el Gobierno de Costa Rica adjudicó por $170 millones las bandas de telefonía celular a las empresas Telefónica, de España, y Claro, ligada al empresario mexicano Carlos Slim.
Los cuestionamientos sobre el proceso de apertura se iniciaron con el hecho de que por la vía de un decreto ejecutivo, el gobierno obligó al ICE a devolver un espectro radioeléctrico de frecuencias, precisamente las subastadas a esas dos empresas, que le habían sido asignadas por una ley.
Sobre ese tema, vale recordar que desde hace aproximadamente un año la Sala Constitucional conoce una acción de inconstitucionalidad, y aún no se ha pronunciado.
La apertura en telecomunicaciones fue un tema incluido en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos por iniciativa costarricense, según reconoció en una entrevista televisiva el exmandatario Óscar Arias.
El exregulador general Leonel Fonseca consideró que “la apertura en telecomunicaciones y en seguros parece ser el principal fin del TLC; son dos grandes queques que no los pidieron inicialmente en el Tratado y que fue aquí donde surgieron; no se trata de temas que buscara el expresidente Abel Pacheco, sino el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y los libertarios”.
“Estamos sufriendo consecuencias nefastas; las empresas foráneas vienen por la posta y el ente regulador se desvirtúa, pues se convierte en un mero garante de competencia, lo cual es un contrasentido”, añadió.
Para Fonseca, el decreto de devolución de las frecuencias del ICE fue “publicado a toda carrera y le quitó a un organismo del Estado concesiones estimadas en $700 millones, aunque al final el Estado lograra un pago de $170 millones”, recordó.
Por su parte, Juan Manuel Campos, vicepresidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, hizo ver que la apertura de las telecomunicaciones fue un proceso “largo y accidentado”, producto de la “presión por cumplir”.
Agregó que “hicimos muchas cosas a la carrera y al final el resultado fue de dos de tres concesiones adjudicadas por un valor de $170 millones”, monto que estimó acorde con lo que han recibido algunos países en la región, como Panamá.
Según dijo, ahora la inversión de esos $170 millones en la universalización de servicios, es el gran reto para el Gobierno.
Sobre el tema de que sólo dos oferentes del servicio privado se presentan para incursionar en Costa Rica -contrario al abundante escenario de competidores que se planteó durante la campaña de aprobación del TLC-, Campos puntualizó que “era previsible que las dos compañías que dominan la región,  fuesen las únicas que se interesarían finalmente en invertir en Costa Rica”.
Argumentó que hay estudios que señalan que mercados como el de Costa Rica, soportan hasta tres oferentes; “estamos frente a recursos finitos (el espectro radioeléctrico) y mercados pequeños en evolución”.
Sobre la posibilidad de que las empresas privadas lleguen a tomar actitudes abusivas, como ha pasado en otros países, Campos aseguró que el país cuenta con “una sólida regulación” y lo que está en juego es la eficiencia y fortaleza del ente regulador, “que no sea capturado políticamente ni por el mercado”.
 
PANORAMA SOMBRÍO
De acuerdo con Chaves, si después de tres años del referendo no ha logrado cuajar la apertura de las telecomunicaciones, ello se debe a que tanto el TLC como su llamada agenda de implementación dejaron una serie de vacíos legales, “que se han dejado al arbitrio de la SUTEL y del Gobierno, a través del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)”.
Recordó además que el presidente ejecutivo del ICE, Eduardo Doryan, junto con los especialistas técnicos, alertaron sobre la situación que para el Instituto pueden significar las tarifas “lesivas” de interconexión para los operadores privados y que por ello en noviembre se había presentado una primera demanda sobre el tema ante  el Tribunal Contencioso Administrativo.
Según Chaves, por ello Doryan entró en conflicto con la presidenta Chinchilla, y “el poder político y económico obligaron al ICE a retirar la demanda”, lo cual permitió que en enero se pudieran subastar las frecuencias. Esas tarifas de interconexión incluso podrían causar la desaparición de la institución, advirtió.
Por su parte, Fumero recordó que en noviembre autoridades del ICE informaron al país que esa tarifa de interconexión significaría pérdidas por ¢30.000 millones al año.
Sobre el panorama que espera a la clientela costarricense ante la apertura de la telefonía celular, el experto reconoció que esa medida estimulará la oferta de los servicios y posiblemente también mejore algunos de los que ya ofrece el ICE, “pero también tendrá un costo social muy alto para el país, ya que la gran masa de costarricenses no podrá pagar el servicio a los precios que se cotizan en América Latina”.
Al respecto explicó que el costo promedio para el ICE de operar una línea celular se sitúa entre los ¢8.000 y ¢9.000 por mes, de manera que quien consume la tarifa básica de 60 minutos de conversación, goza de un  subsidio de las dos terceras partes del costo.
“Con las empresas privadas ese subsidio desaparecería; pero, no pierdo la esperanza de que, a pasear de errores de SUTEL -como la fijación de tarifas de interconexión-, esa institución mantenga un control efectivo de tarifas”, externó.