Las investigaciones realizadas por la comisión legislativa en el 2008 y 2009 mostraron que los fondos del BCIE empleados en el pago de consultorías en la Presidencia fueron utilizados como “dinero de bolsillo” y pudo haber sido constitutivo de varios delitos, lo que motivó acusaciones presentadas ante la Fiscalía por diputados de distintos partidos contra Rodrigo Arias, entonces Ministro de la Presidencia y hoy virtual precandidato oficialista a la Presidencia.
Así recordaron participantes en la comisión con motivo del actual escándalo por la decisión de la Fiscalía General de cancelar una citación al exministro Arias para indagarlo por acusaciones relacionadas con el uso dado a las consultorías pagadas con fondos del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica ) al margen del control presupuestario.
Tal caso ocupó la atención de la opinión pública, luego que en junio del 2008 el diario La Nación reveló la contratación de 84 asesorías con dos donaciones del BCIE, cada una de un millón de dólares, que no ingresaron a las cuentas de la hacienda pública.
Con esos recursos fueron contratados incluso familiares y allegados de funcionarios de la Presidencia, y se dieron curiosidades como la contratación de un concierto, un pago a una empresa de crianza de perros y a un mensajero como “asesor en logística” para viajes internacionales.
Las donaciones fueron dadas como cooperación del BCIE para desarrollar los proyectos denominados “Fortalecimiento del liderazgo y los procesos de toma de decisiones en la Presidencia de la República de Costa Rica”, y “Gobernabilidad y reforma del Estado como herramientas para el desarrollo”.
Ahora el asunto toma actualidad a raíz de la revelación que hizo este diario el pasado 14 de enero, de que el nuevo Fiscal General, Jorge Chavarría,  pidió detener la investigación que cuatro fiscales habían decidido hacer a Rodrigo Arias respecto de una acusación relacionada con este caso.
Asimismo, que hubo llamada del propio Arias al Ministro de Seguridad, José María Tijerino, intentando que éste hablara con el fiscal sobre el caso, luego de lo cual Tijerino se comunicó con la fiscal encargada de la investigación.
Cabe recordar que a raíz de las denuncias de la prensa sobre la contratación irregular de consultorías con dineros del BCIE, la Contraloría General de la República (CGR) emprendió en el 2008 una investigación a Rodrigo Arias.
Ello en medio de rumores de supuestas presiones de la Presidencia sobre el ente contralor, que le inició en febrero del 2009 un proceso administrativo a Rodrigo Arias –tras emitir dos informes y una relación de hechos relativos a las consultorías- el cual concluyó en setiembre de ese año con la absolución del funcionario de toda responsabilidad.
Aunque la CGR consideró que las donaciones del BCIE no constituían fondos públicos y no entraron a formar parte de la Hacienda Pública, y por lo tanto no estaban sujetos a fiscalización, sí señaló que hubo descontrol por parte del jerarca en el manejo de las asesorías contratadas, lo que motivó la investigación.
Luego que la CGR le rechazara dos alegatos contra el inicio del procedimiento, Arias presentó ante la Sala IV un recurso de amparo contra el órgano investigador de la CGR, alegando irregularidades y violaciones al debido proceso, con lo cual la investigación de la CGR quedó paralizada a la espera del fallo del tribunal.
Sin embargo, sorpresivamente el ministro retiró luego el amparo, aduciendo que los vicios habían desaparecido, una vez que la Contraloría le había aclarado que la investigación versaba única y exclusivamente sobre las presuntas debilidades del control interno detectadas en el estudio de la CGR, y tras presentarse a declarar, el ministro fue absuelto de toda responsabilidad por el órgano investigador.
Por su parte, la comisión de ingreso y gasto público de la Asamblea Legislativa realizó una investigación del caso, que derivó en acusaciones por supuestos delitos de peculado y enriquecimiento ilícito que presentaron diputados del Partidos Acción Ciudadana (PAC) y del Movimiento Libertario (ML) ante la Fiscalía, y que están en el origen en el reciente incidente por supuesta injerencia política en el poder judicial alrededor de este caso.
Al inicio de la investigación de la CGR, la contralora general Rocío Aguilar y el gerente de Fiscalización Walter Muñoz participaron en una reunión en la Casa Presidencial, donde se trató el asunto de las donaciones del BCIE.
En la cita estuvieron presentes Rodrigo Arias (Ministro de la Presidencia), Óscar Arias (Presidente), Laura Chinchilla (Vicepresidenta), Guillermo Zúñiga (Ministro de Hacienda y gobernador por Costa  Rica del BCIE) y Marco Vargas (Ministro de Coordinación Institucional).
La contralora afirmó luego a la comisión legislativa, que la cita era para recibir la información del caso que había ofrecido entregar el Ministro de la Presidencia, pero se encontró con que estaban presentes también los otros jerarcas.
Otro que estuvo presente fue Federico Sosto, entonces magistrado suplente de la Sala IV, quien participó en condición de asesor de la Presidencia.
Sosto presentó más tarde su renuncia como magistrado en medio de denuncias de organizaciones sociales, diputados y medios de prensa, por violación de principios básicos de independencia de los poderes de la República, al participar como asesor del  Ejecutivo en un tema concreto, mientras fungía como miembro del Poder Judicial.
La Corte Plena, sin embargo, decidió no investigarlo, pese a las denuncias públicas, lo que motivó una protesta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), que aglutina al 95% de los jueces del Poder Judicial.
“DE BOLSILLO”
Mario Quirós, exdiputado del ML que formó parte de la comisión legislativa que investigó el caso de las consultorías del BCIE para la Presidencia, dijo que estos fondos se utilizaron con absoluta carencia de transparencia y tanto en el procedimiento como en el uso que se les dio a los fondos pudo haberse constituido distintos delitos, y eso motivó la acusación que presentaron algunos diputados al Ministerio Público.
Recordó que el Banco daba diversas opciones para el manejo de esos fondos destinados al Gobierno, y el Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, según confesó en la comisión, tomó la decisión de no incorporarlos al presupuesto nacional, argumentando que así se agilizaban las contrataciones que eran urgentes.
Según Quirós, con eso Arias logró en primer lugar desconectarse de todos los controles que tienen los fondos públicos y los requisitos de contratación que llevan incluidos, y en segundo lugar, logró ocultar a la publicidad el uso de ellos, porque el Banco alegó –y así está en las actas- que no podía revelar nada de los fondos.
Y es que escudados en la confidencialidad que es normal entre un banco y su cliente, asimilan figuras de derecho privado a derecho público internacional, lo cual es una tergiversación, y de esa manera hicieron un conjunto de manipulaciones para manejar los fondos en la oscuridad, aseguró Quirós.
Dijo que incluso en uno de los informes de la CGR en este caso, de un organismo internacional público y el Estado costarricense, aplican una norma de derecho privado interno, lo cual es absurdo. “Se van al derecho civil de contratos, pero esto no es derecho civil, es derecho público”, recalcó.
De esa forma, con los recursos del BCIE, procedieron a contratar consultorías a través de la Casa Presidencial del más diverso tipo, y a financiar cosas que a ellos les interesaba con estos fondos: un carro, lijadoras de pisos, asesorías en periodismo, en comunicación, relaciones públicas, mensajero, asesores legislativos, y otros.
“Lo manejaron como si fuera dinero de bolsillo. Lo único era que utilizaban al BCIE como una pared de fuego que no podía traspasar nadie para enterarse qué era lo que estaban pagando, más que los propios interesados y el ministro de la Presidencia y los allegados más cercanos”, afirmó Quirós.
Una de las irregularidades fue el pago de jerarcas con esos fondos, pero “a los jerarcas no se les puede pagar desde un banco en el extranjero”, apuntó.
Sergio Alfaro, exdiputado del PAC que formó parte de la comisión investigadora de las consultorías con fondos del BCIE, recordó que la CGR dijo que esos dineros no eran técnicamente fondos públicos pero el destino de los fondos sí era público.
Entonces si los fondos no se utilizaban  en los fines para los cuales se hizo la donación había técnicamente un desvío de los recursos.
“Eso no se lo donaron ni a don Rodrigo ni a don Óscar Arias, sino que se lo donaron al Gobierno de Costa Rica para un fin público. Y aunque eso se manejara en cuentas del BCIE y técnicamente no se consideran fondos públicos, ese fin público para el cual se donaron sí tenía que cumplirse y entonces ahí es que debería estar el foco de la investigación penal”, dijo Alfaro.