Con estupor y, ¿por qué no?, un poco de rabia, leí en la edición anterior (1882) del Semanario, un campo pagado (¿?) con el logo del SINDEU y firmado por una serie de dirigentes sindicales y estudiantiles y el distinguido científico social Dr. José Luis Vega Carballo, cuyo título creo que es absolutamente incongruente con los hechos denunciados: “Rechazamos criminalización de la protesta en la UCR”.
Alegan los firmantes que, las acciones penales interpuestas por la Rectora contra el grupo de vándalos que ingresó violentamente al Consejo Universitario el 26 de agosto de 2010 y tomando de rehenes a la Rectora y al Consejo Universitario en pleno (secuestrándoles), y que además causó destrozos en el inmueble y mobiliario y equipo, y agredió de palabra a la Rectora (ante las cámaras de la TV nacional; prueba irrefutable), no son personas que deban enfrentar en la vía judicial las consecuencias de sus actos vandálicos, sino inocentes palomas o “héroes del pueblo” que solamente protestaron por lo que consideraron “una traición a los intereses universitarios”…, según ellos.
 
Esto se llama, según nuestro pueblo, “las pavas disparándole a las escopetas”. Que ese grupúsculo de pseudodirigentes sindicales y estudiantiles, que protagonizó esos hechos tan bochornosos y delictivos ese 26 de agosto y días subsiguientes, pretenda ahora “hacer un llamado” (en su verborrea pseudorrevolucionaria deberían decir “exigimos a la Rectora”) para que cese cualquier acción penal, administrativa o laboral contra la dirigencia sindical y estudiantil, resulta menos que vergonzoso: no tienen el temple necesario para ir a enfrentar en estrados judiciales las consecuencias de sus actos y la estimación económica del daño causado a la UCR, específicamente en el recinto del Consejo Universitario.
La UCR ha sido desde su creación la cuna del libre pensamiento, de la disensión y del pensamiento crítico por excelencia. Es parte esencial de su misión de casa de alta cultura. Pero de ahí a que un grupúsculo que se autodenominó “representantes de la UCR” (sic) irrumpa violentamente en el recinto privado del Consejo Universitario, cause destrozos en el salón y equipos del Consejo y retenga por la fuerza a la Rectora y al Consejo en pleno, en contra de sus voluntades, son hechos gravísimos que no tienen nada que ver con la alta misión democrática y cultural asignada a la UCR en su Estatuto Orgánico.
Como diría nuestro pueblo: “que no sean mamitas” ahora y que vayan igual de gritones y matones, con los mismos improperios y gritos que le proferían a la señora Rectora, que vayan a los tribunales a reparar el daño causado: daño moral a las(os) personeras(os) de la UCR y daño físico, material, por varios millones de colones infringidos al recinto legislativo con sus tropelías. ¿O es que el dinero que tuvo que pagar la UCR en las reparaciones no sale de los bolsillos del pueblo costarricense? ¿Por qué tenemos que pagar todos el vandalismo de “cuatro gatos” que representan uno de los sectores más retrógrados y reaccionarios de la UCR?
En vez de criminalizar la protesta en la UCR, la protesta se hizo delictiva en el campus, en manos de estos dizque “dirigentes” (¿a quién dirigen?) sindicales y estudiantiles. Es igual que en el caso de aquellos pachucos que no dejaron ingresar al Presidente Óscar Arias al campus, por diferir de sus políticas gubernamentales.
Arias podrá ser todo lo que quieran criticarle, pero de ahí a impedirle el ingreso a cualquier persona al campus por sus acciones políticas o por sus ideas, eso, dentro del juego democrático, no se vale. Si juegan de valientes, que vayan a los tribunales a demostrar su valentía y no lloren ni se escuden en “criminalizaciones” que no existen, porque lo que sí hubo el 26 de agosto fueron cuasicriminales vociferando y violentando nuestro sagrado derecho a disentir y expresar nuestras ideas.Bien por la señora Rectora, valiente y “universitaria de hueso colorado”, por defender el patrimonio y el decoro de todo el pueblo costarricense: que no retire la denuncia y que cada palo aguante su vela.