Sin aviso previo de ningún tipo, la Fuerza Pública de Limón desalojó a 33 familias de la finca donde vivían y cultivaban, mientras, aún sin concluir el operativo, la mayor parte del terreno fue donada al Ministerio de Seguridad Pública.
Se trata de alrededor de 120 personas que entre el pasado lunes 10 y martes 11 de enero lo perdieron todo a manos de la Fuerza Pública. El terreno en cuestión es de 46 hectáreas, de las cuales 32 fueron donadas al Estado “para efectos de que el Ministerio de Seguridad Pública construya e instale sobre ese lote la Academia Nacional de Policía”, según consta en la escritura realizada por el notario Alfonso Jiménez, el día 10 a las 8 p.m.
UNIVERSIDAD buscó el criterio de José María Tijerino, ministro de Seguridad, pero al cierre de edición en la oficina de prensa institucional dijeron no conocer el correo electrónico que con preguntas sobre el tema se había enviado con más de 24 horas de antelación.
Marcos Agüero, quien forma parte de la junta directiva de la Asociación de Productores Caribeños, que agrupa a las familias de la finca, calificó reiteradamente todo el incidente como “inexplicable” y relató que “estábamos tranquilos hasta el amanecer del lunes 10 de enero, a los que tenemos trabajo a eso de las 8 a.m. nos llaman y nos enteramos de que nos desalojan”.
Según relató, al llegar se encontraron con los efectivos de la policía, “algo que uno no se espera pues pasamos muchos años tranquilos con las viviendas y todo; quisimos sacar nuestras cosas y la policía no nos lo permitió hasta que se dieron cuenta de que en verdad habitábamos allí”.
“Es muy difícil ver que a la casita de uno, levantada con tanto esfuerzo, le pongan tres policías en frente. Ahora inicia el curso lectivo y tenemos 33 jóvenes entre kínder y universitarios y de momento no nos ha llegado una sola ayuda”, señaló.
De acuerdo con Gerardo Vargas, quien durante muchos años ha sido dirigente comunal en la provincia de Limón y en la actualidad es asesor del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa, “a ellos no se les notificó, simplemente llegaron 200 policías y destruyeron las casas, se trataba de viviendas bien construidas, no de ranchos”.
Vargas indicó que el día 15 visitó personalmente el sitio y encontró a las familias en la calle, “subsistiendo en ranchos de plástico”. “Estoy acostumbrado a ver desalojos, pero este caso se trató de casas de personas que tenían más de diez años de estar allí, son parcelas muy pequeñas todas cultivadas con diferentes productos”.
IRREGULARIDADES
Nelson Piedra, abogado del bufete Chaves Castillo y Asociados, que ha tratado los asuntos de la Asociación de Productores Caribeños y secretario de asuntos legales de la Federación Nacional Campesina (FENAC), calificó el desalojo como “brutal,  violento, abusivo y represivo”.
El abogado explicó que los terrenos en cuestión en Balastre de la Teresa de Pococí fueron originalmente propiedad del empresario Gerardo Lara, a través de la persona jurídica  Polyvec S.A.
Posteriormente, Lara fue condenado por abusos cometidos con los Certificados de Abono Tributario (CAT). “Él fue beneficiado con más de mil millones de colones con los CAT. Tras la investigación abandonó las fincas y los trabajadores quedaron sin empleo y no les pagó salarios ni prestaciones”.
De acuerdo con el abogado, Lara había hipotecado en 1999 una de las fincas de Polyvec S.A. al venezolano Gumersindo Quintero por $135.000. En el 2000 Quintero ejecutó la hipoteca y se adjudicó la finca.
“Es preciso determinar quién es Quintero, determinar incluso si existe o no”, planteó el abogado. De acuerdo con la escritura de la donación del terreno, Quintero cuenta con cédula de residencia y vive en Santo Domingo de Heredia.
La finca se mantuvo desocupada y abandonada y el 1 de mayo del 2001 los campesinos la invadieron.
“Los campesinos estuvieron ahí durante casi diez años. Quintero no se preocupó por recuperar su finca, ni siquiera la inscribe ante el Registro Público”, detalló.
Explicó que el bufete Chaves Castillo llevó a cabo un proceso especial de liquidación de estado posesorio, el cual se trata de un procedimiento establecido con el fin de  garantizar el pago de las mejoras introducidas a un inmueble, que en este caso se planteó para garantizar la tenencia de la propiedad.
Ese proceso fue estimado en ¢435 millones a favor de los campesinos y sigue en curso contra Polyvec S.A. pues aún es el propietario registral de la finca.
“De forma sorpresiva el 10 de enero llegó un inmenso contingente de antimotines al mando del  Director Regional de la Fuerza Pública de Limón, en medio de un torrencial aguacero entraron a la finca y dijeron a las personas que tenían que desocuparlo todo”.
Según explicó, fue desde el Juzgado Primero Civil de San José donde se giró la orden de pasar la propiedad a Gumersindo Quintero. De acuerdo con Piedra, ese día no apareció Quintero, sino una abogada “que no se identificó”,  en su representación.
“Al desalojo no se apersonó el juez que se comisionó para hacer la diligencia, lo cual es muy extraño pues no fue la autoridad judicial sino un ente administrativo, la policía, quien pone en posesión a la apoderada de Quintero”, apuntó.
“Sin cumplir con el debido proceso, lanzaron a la calle a 120 personas”, manifestó el abogado quien además se quejó de que cuando él y el abogado José Ramón Chaves Castillo acudieron el mismo día 10 y se identificaron como representantes legales de los campesinos, “los policías nos prohibieron el paso y privaron del derecho procesal de que el abogado asista legalmente a sus clientes”.
“Se dieron grandes anomalías en el procedimiento hipotecario, irregularidades de la jueza primera civil de San José que podrían ser delictuosas, pues se arrogó una facultad que no se sabe quien le dio, sin conocer que había proceso en marcha a favor de los campesinos”, indicó.
Para Piedra, “hay oscuridad total”, es el hecho de que en la noche del día 10 “sin ser Quintero dueño de la finca” se realizó la donación de las 32 hectáreas para el Ministerio de Seguridad Pública.
“Es sumamente sospechoso. El desalojo fue llevado a cabo sin el debido proceso, sin cumplir con los protocolos del mismo Ministerio, que fue pagado pues estando en curso se le dona casi toda la finca. Hay un mar de dudas e inconsistencias terribles”, indicó.
INDIGNACIÓN
Por su parte, el dirigente Vargas recordó que cuando se realizan desalojos de ese tipo, se supone que se deben presentar funcionarios del Instituto Mixto de Asistencia Social (IMAS) y del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), pero en este caso no estaban.
“Provoca dolor ver lo que les han hecho a estas familias, fue un acto de violencia y muchos de ellos son trabajadores agrícolas de la piña o el banano y no estaban presentes cuando llegó la policía a desalojarlos. Así que cuando se enteraron se apresuraron nada más para encontrar sus casas en el suelo y, para peores, cuando regresaron al trabajo encontraron que también habían perdido el empleo”, relató.
El dirigente Agüero mientras tanto detalló que la Asociación diariamente da de comer a un grupo de 50 personas. “Necesitamos ayuda, más ahora que viene el curso lectivo”, acotó.
“El Gobierno siempre encierra misterios y esto realmente no se esperaba porque llevábamos todo en regla. Han hecho cosas que no deben ser, tenemos documentación que nos apoya y aún así vemos que los jueces le pasan por encima a los procesos”, lamentó.
El dirigente añadió que todo el grupo de familias siente “gran indignación hacia el Gobierno al ver lo que nos hacen. Al percatarnos de que ya el terreno es para el Ministerio de Seguridad la gente se indignó aún más incluso en la misma comunidad de Guápiles”.
Añadió que la lucha “será un proceso muy difícil y largo, pero sé que lo vamos a ganar, porque no le robamos nada nadie”.