Vinieron desde Cali a contar su historia a Bogotá. Y de aquí, volvieron la misma noche a Cali, en el valle del Cauca, con la esperanza de hacer oír su voz y su lucha contra la privatización de los servicios públicos en la ciudad.
Emcali, la empresa municipal de servicios públicos de Cali, es la tercera en importancia en el país, con una larga y exitosa trayectoria en atender las necesidades de la población en materia de energía, telecomunicaciones, acueductos y alcantarillado y con un volumen de negocios superior a los $500 millones.
“La empresa se conformó por una gran necesidad del pueblo. El gobierno ha pretendido privatizarla, pese a que el sindicato ha presentado diversas propuestas alternativas”, afirma Aydee Casilimas, trabajadora despedida de EMCALI, delegada del sindicato y ejecutiva de la CUT-Valle.
“Con el sofisma de que hay mucha competencia en el área de las telecomunicaciones, el gobierno afirma que las empresas del Estado deben desaparecer. Están tratando de desvertebrar EMCALI, dividir los componentes de servicios, crear una empresa para cada actividad y entregarlas a las multinacionales”, explicó.
“El sindicato ha hecho resistencia a esto porque entiende que las privatizaciones no han dejado nada bueno. Han generado deterioro de la calidad de vida de los usuarios y grandes masacres laborales, que dejan a la gente sin trabajo”.
PRIVATIZAR LAS TELECOMUNICACIONES
Del mismo modo como se argumenta en Costa Rica, la historia de las privatizaciones se repite en la ciudad colombiana, como si los argumentos fueran calcados del mismo libro.
La calidad del servicio es excelente, asegura Gustavo Adolfo Izquierdo, también despedido de Empresas Municipales de Cali y afiliado al sindicato SINTRAEMCALI.
“En el suroccidente colombiano es la mejor empresa de servicios públicos, con cuatro plantas de tratamiento de agua y con una tecnología de punta en el área de telecomunicaciones que no la tiene Telmex, ni Telefónica”, aseguró.
La empresa controla el 99% de los usuarios de Cali con servicios de agua, el 85% en energía y en telecomunicaciones tienen el 75%. Las otras empresas están pegadas a las redes de EMCALI.
En el 2004, cuando se da el proceso de destitución de 51 trabajadores de EMCALI, se había llegado a un pacto nacional entre el gobierno y la organización sindical para salvaguardar el patrimonio público, recordó Casilimas.
“Se hablaba entonces de privatizar la empresa porque, según decían, no se podía más. La organización sindical le ofreció entonces al gobierno una convención de cinco puntos, que representaban de 65 a 70 mil millones de pesos (unos $38 millones) para salvaguardar a la  empresa municipal”.
El gobernador se comprometió entonces a aportar el 80% para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.
“El gobierno aceptó la propuesta, pero propuso, además, cobrar un 2% para un fondo de capitalización que la comunidad aportaría, cargando ese cobro adicional al costo de los servicios públicos. Se rompió entonces la concertación con el gobierno y nuestra organización exigió respetar el acuerdo original”, detalló Casilinas.
En ese entonces, Angelino Garzón, actual vicepresidente de la República, era el gobernador del Valle. Se ordenó militarizar las instalaciones y se obligó a los trabajadores que estaban en la asamblea a permanecer dos días encerrados en ellas. Después vinieron los despidos.
Actualmente, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, “está haciendo lo contrario que hizo su padre, Iván Marino Ospina, quien fue un dirigente del movimiento M-19. Presentó un proyecto para vender el componente de telecomunicaciones de EMCALI”.
“SINTRAEMCALI está haciendo “lobby” político, demostrando la viabilidad de la empresa, destacando la tecnología de punta que maneja, y señalando que no es justo que se privatice o se venda a la empresa privada”, agregó Casilinas.
Un primer intento de licitar la venta de la compañía de telecomunicaciones fracasó, porque el sindicato logró, con una acción popular, demostrar a los jueces la falsedad de los estados financieros presentados para mostrar que la empresa estaba quebrada.
“Han tratado 29 veces de privatizar los servicios que presta la empresa. Este último intento, sin embargo, es más fuerte porque el alcalde está a favor. El acuerdo fue aprobado por el Concejo Municipal, donde solo dos concejales se opusieron, frente a 21 que estuvieron a favor”, añadió Izquierdo.
“Para liquidar el sindicato, el gobierno está buscando la estrategia de dividir las bases. Se creó un sindicato patronal, lo afiliaron a una central patronal de Colombia y le aprobaron una convención colectiva onerosa económicamente, pero que le deja a la empresa la posibilidad de modificarla en cualquier momento. Por eso muchos trabajadores no se pasaron a este nuevo sindicato”, destacó.
Ahora que Garzón es vicepresidente de la República, los trabajadores despedidos de EMCALI  le han recordado diversas resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en las cuales recomiendan su reintegro a la empresa. Estas hasta ahora desatendidas.
TAMBIÉN LOS PUERTOS
Es sorprendente, también, ver cómo, en Colombia, otras medidas privatizadoras tuvieron efectos dramáticos sobre la vida de la población. Es el caso del puerto de Buenaventura, el principal del país, por donde entra el 60% de las importaciones colombianas.
El puerto fue privatizado durante la administración de César Gaviria (1990-1994) a principios de los años 90.
“Este acontecimiento –dice José Luis Castro, hijo de la senadora Piedad Córdoba en su libro “Un discurso en la plaza de abril”­–, afectó tremendamente a Buenaventura, que pasó de mal a peor,  porque luego de la privatización  de puertos y el despido masivo que se produjo, pasó a ser la ciudad con el índice de desempleo más elevado (al menos 33%) y los índices de violencia más altos del país”.