No sabemos cuántos árboles han sido talados por el Gobierno de Nicaragua en el área montañosa que forma parte de una Reserva Biológica declarada por la UNESCO Reserva Mundial de la Biosfera. La destrucción ocasionada por el dragado del Río San Juan es irreversible, con graves consecuencias a la soberanía nacional, ante la presencia militar nicaragüense en Isla Calero.
La justificación no solo ha sido contradictoria sino también irresponsable, al negar el Presidente en primera instancia  la presencia de soldados en suelo costarricense, para horas más tarde afirmar la posibilidad de indemnizar a Costa Rica por los daños ocasionados  en territorio nacional.
Apoyamos las voces de ambientalistas, universitarios (as), organizaciones, ciudadanía… llamando al diálogo, entre los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua. La actitud insensata de aquellos  medios de comunicación que han venido promoviendo un  nacionalismo exacerbado, ha alimentado sentimientos de xenofobia en ambos países, con graves consecuencias para aquellos migrantes que –como en el caso nuestro- contribuyen todos los días con su trabajo al desarrollo nacional.
Sin embargo, la gravedad del problema no debe hacernos olvidar lo que ocurre al interior de ambos países, es decir, convertirla en cortina de humo  para ocultar las cuestionables políticas sociales que se han venido  tejiendo en los últimos meses.
En el caso costarricense ya habían sido  talados incontable cantidad de árboles en la Zona Norte, ante el desastre ambiental ocasionado  por el proyecto de minería a cielo abierto que buscaba la explotación de más de trescientas hectáreas en bosques primarios y secundarios. Irónicamente, la Presidenta en una reunión con empresarios de San Carlos que apoyan la minería, llamó a “combatir a grupos ambientalistas”, acusándolos de radicales que “ pretenden convertir a Costa Rica en un museo de historia natural”. Días antes, sin embargo, se había logrado la aprobación unánime en el parlamento del Proyecto de Ley para declarar al país libre de minería metálica a cielo abierto. Dichosamente la anulación del proyecto minero por el Tribunal Contencioso Administrativo, permitió el fortalecimiento de la institucionalidad nacional, gracias al tesón y a la contundente argumentación presentada precisamente por organizaciones ecologistas.
No obstante el apoyo masivo de los costarricenses a la lucha de los ambientalistas y al fallo del Tribunal, no ha sido suficiente para la Procuraduría General de la República, quien ha apelado la sentencia que retira los permisos para la explotación de la mina a cielo abierto en Crucitas, dando de esta manera un vergonzoso apoyo a la empresa minera.
Son muchos los serios problemas para enfrentar en los próximos días en Costa Rica: la reforma tributaria presentada por el Ejecutivo que vendría a profundizar la cada vez más amplia brecha de desigualdad social, la destrucción del seguro solidario de riesgos del trabajo, el permiso otorgado por la Asamblea Legislativa para que naves artilladas norteamericanas invadan aguas costarricenses con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico… Además, durante su visita a Europa,  el Canciller costarricense se ha manifestado -en entrevista a Radio Neederland- a favor de la militarización del país.
Mención aparte merecen dos nuevos escándalos desatados ambos por los hermanos Arias: el tráfico de influencias con el Poder Judicial y la crisis política la cual  -tal como ha sido calificada en  el Semanario UNIVERSIDAD-, muestra la existencia de un gobierno paralelo.
Este desmedido abuso de poder, contrasta con el ejemplo de lealtad y entrega con el que concluyó el 2010, gracias a un grupo de jóvenes quijotes: 14 ayunantes por la vida, que durante 26 días  hicieron suyas las palabras de Gandhi: “ la humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia”.  Su testimonio quedó sembrado frente a la Casa Presidencial en 14 arbolitos de almendro, cada uno con un nombre: Rosibel, David, Andrés, Rocío, Víctor… Contrasta también con los valientes ambientalistas que dieron lo mejor de sí mismos para demostrar  ante los jueces los graves peligros del proyecto Crucitas. Su testimonio fue en defensa de la naturaleza, pero también mostró su capacidad  de diálogo para convencer a los costarricenses de la justicia de esta lucha. Estas enseñanzas cobran especial relevancia en el actual conflicto con Nicaragua, en donde la palabra justa y el diálogo oportuno se han vuelto fundamentales, tanto en la búsqueda de salidas mediante los mecanismos del derecho internacional, como en  la lucha contra los odios entre dos pueblos hermanos, en donde debería imperar el respeto y la tolerancia.
Nuestra responsabilidad ciudadana está en facilitar esas vías, tal como lo han hecho las universidades públicas y distintas organizaciones sociales. Nuestro deber también está en no permitir que frente al dragado del Río San Juan, se levante una nebulosa que invisibilice los graves problemas sociales que ocurren en el interior de ambos países.