Uno de los principales factores que influyen en el grado de cohesión interna que tiene una sociedad, es la forma en que produce y distribuye su riqueza material, pues a través de este proceso se puede (o no) asegurar, al menos, un estándar de vida básico que asegure la satisfacción de las necesidades elementales para todos sus ciudadanos, así como la percepción de que el colectivo al que se pertenece tiene algún equilibrio en la repartición de sus recursos.
Actualmente, se discute en la Asamblea Legislativa una reforma fiscal que eufemísticamente se ha denominado “solidaria”; es decir, que se trata de ofrecer desde un valor ético, pero que de justa y equilibrada tiene poco.
El grueso de los ingresos fiscales (68%) que se espera obtener con esta reforma se basa en subir el impuesto indirecto a las ventas de un 13% a un 14%, que viene además a reducir la canasta de bienes exonerados y a grabar servicios tales como la salud y la educación privada o el alquiler de inmuebles. El restante 32% constituye impuestos directos que gravan las ganancias de capital y las transacciones de bolsa.
Es decir, tenemos que este proyecto carga mayormente el peso tributario en las mayorías de la población, puesto que cerca de dos tercios de la responsabilidad serán colocados sobre las espaldas de los consumidores regulares, mientras que apenas un tercio estaría, en teoría, depositado sobre quienes tienen mayores riquezas.
La pregunta ética es: ¿No debería ser al contrario?, ¿No debería más bien ocurrir que quienes más tienen más paguen y quienes menos tienen menos paguen? Es coherente preguntarse aquí: ¿Dónde está la solidaridad en que este proyecto dice basarse?, ¿Qué concepto de solidaridad hay más allá de que quienes tienen más aporten en mayor medida, generándose una suerte de proporcionalidad?
Los países de mayor nivel de desarrollo se caracterizan por tener sistemas tributarios más progresivos, es decir, que gravan más a quienes tienen más, mientras que nuestros países de menor desarrollo poseen la odiosa condición de tener sistemas más regresivos, es decir, que gravan más a quienes tienen menos, profundizando así la brecha entre ricos y pobres, e impidiendo al Estado obtener los recursos que necesita para poder ofrecer servicios públicos con calidad y oportunidad.
En una ocasión, sobre este tema, escuché decir a un economista que los impuestos son una forma de robo porque implican que el Estado le quite su riqueza a la gente. Me sentí indignado. ¿De dónde viene toda riqueza si no es del conjunto de la sociedad?, ¿Quién sobre la faz de la tierra puede hacerse millonario si no es porque la sociedad en la que vive le brinda las condiciones propicias para lograrlo, empezando por la propiedad privada de los medios requeridos para ello?
Parece increíble, pero los grandes acaudalados que reclaman la intervención del Estado cuando están en problemas, son los mismos que le impiden establecer reglas de justicia tributaria, de la misma forma en que cuando hay recesión los salarios bajan, pero cuando hay bonanza no suben proporcionalmente.
El sistema tributario funciona a favor de quienes tienen el capital, impidiéndose la generación de cambios sustantivos que signifiquen realmente justicia, solidaridad o proporcionalidad. La democracia pareciera ser un concepto que se queda en lo electoral, pero que aún no permea en lo social y lo económico en nuestras sociedades, y mientras eso no sea así, estaremos muy lejos de poder vivir en un país verdaderamente democrático.
Las diferencias sociales crecen cada año sin que parezca haber formas de contención para esto. Si nuestro sistema político no toma decisiones para cambiar el actual estado de cosas, es posible que sigamos observando un progresivo deterioro social que no se podrá conciliar jamás con las enormes fortunas que vemos entrar y salir de nuestro país, pero que no contribuyen a generar bienestar para las mayorías. Un desarrollo económico que no se vea traducido en desarrollo humano y social nunca podría ser considerado un genuino desarrollo.