En estos momentos se encuentra en la corriente legislativa el Proyecto de Ley sobre Premios Nacionales, expediente Nº 17.853, el cual pretende “mejorar” la actual ley que faculta un rejuego anual con dichos premios, especialmente los Aquileo Echeverría, y en torno a los cuales, cada enero, se desata una polémica en el mundillo artístico y literario más que bizantina.
Dicho proyecto adolece de una serie de criterios artístico/literarios y, al parecer, lo que pretende es unificar gastos antes que géneros y galardones. En ese sentido, el nuevo proyecto es un algo así como un plan «neoliberal» que pretende «economizar», más que mejorar los reconocimientos que el Estado realiza frente a los productores artísticos, literarios y científicos.  De golpe se percibe la ausencia de dichos productores en la redacción del documento.
Dicho de otra manera, el oficio no fue sometido a conocimiento de los productores e intelectuales costarricenses, ni mucho menos discutido por/en/dentro de su campo cultural. Específicamente los escritores y artistas han sido invisibilizados (no tomados en cuenta), ya que en la lectura se colige que el proyecto fue redactado sin tomar en cuenta la realidad del campo artístico/cultural costarricense, ni la opinión de sus realizadores y gestores.
En el caso concreto del nuevo premio de literatura, por ejemplo, se mezcla y confunde Información con Literatura, que sería algo así como confundir astronomía con química. Alguna relación tendrán, ciertamente, pero son dos expresiones absolutamente diferentes y diferenciadas de acuerdo con sus objetivos y resultados; eso lo saben muy bien académicos, escritores, editores, periodistas y hasta lectores bien informados.
En ese caso específico uno podría animarse a proponer la creación de un sólo premio de literatura, que entregue un buen premio (¿bienal?) por la obra de toda una vida a un poeta, novelista, cuentista y /o ensayista. Ese sería el Premio Nacional de Literatura. En su defecto, se podría entregar anualmente, pero especificando: un año en poesía, otro en narrativa y otro en ensayo y/o dramaturgia. Igual se puede discutir si se deja tal y como están: premiación por libro publicado. A los nominados que sigan al escogido como premio de ese año (segundo y tercer lugar) se les debería adjudicar una beca anual para que continúen con su trabajo literario. Lo mismo podría sugerirse en las artes visuales.
Otro asunto “innovador” en el proyecto de marras es la conformación de los Jurados. Si, como se propone, vamos a tener una comisión evaluadora desde las Direcciones de Cultura, pues ya podemos darnos por enterados de que dichos premios se municipalizarán aún más, ya que se tendrían criterios muy chatos (municipales, provinciales, regionales o regionalistas)  debido a que [email protected] [email protected] de dichas dependencias no son personas, en principio, con una formación adecuada, carecen de criterio para ese tipo de evaluación y recomendación. Se debería conformar un jurado (9 personas sería lo justo) con (3) académicos, (3) escritores (artistas o científicos en caso de los otros géneros o premios) y (3) promotores o gestores literarios (culturales en general) de todas las regiones del país. Pero entonces estamos hablando de un nuevo proyecto.
Lo anterior ha sido suficientemente discutido en las mal denominadas “redes sociales”, blogs y corrillos por varios escritores y artistas. Lo que se concluye es que no hay un “consenso” alrededor de la propuesta que se envió a la Asamblea Legislativa. De tal manera que, si el Ministerio de Cultura y la señora diputada que impulsan el nuevo proyecto escucharan estas voces, harían bien en detener su proceso en la corriente parlamentaria para convocar a los representantes del sector cultura al diálogo, es decir, a la discusión y redacción de un proyecto alternativo que enriquezca el ya presentado.
En otras palabras, propongo que se conforme una comisión de escritores, artistas, científicos y promotores y/o editores para que redacten un proyecto alternativo donde se unifiquen premios, pero con un criterio estético, ético y sociohistórico, y no de finanzas públicas, el cual sería presentado a los jerarcas del MCJ para propiciar un análisis y una discusión conjunta con rigor y criterios pertinentes. De allí debería salir un sólido proyecto de ley que reformaría integralmente estos premios tan venidos a menos en los últimos años.