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Ambientalistas piden prohibir cultivo de piña transgénica

La empresa LM Veintiuno realizó una solicitud a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Servicio Fitosanitario del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para liberar entre 80 y 200 hectáreas de cultivos de piña transgénica.

La empresa LM Veintiuno realizó una solicitud a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Servicio Fitosanitario del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para liberar entre 80 y 200 hectáreas de cultivos de piña transgénica.
 
En una carta enviada a la entidad, la compañía piñera pidió que se le permita la comercialización de sus cultivos, aunque en la misiva no queda claro si pretende vender la fruta o los productos que sacan de ella, como el betacaroteno (compuesto que produce vitamina A), según detalló Fabián Pacheco, representante de la Federación Ecologista (FECON) y miembro de la CTNBio.
“En realidad el documento en un inicio habla de la comercialización y más adelante afirma que busca la liberación para la semicomercialización; eso deja grandes dudas e incertidumbre sobre lo que están pidiendo y no ahondan mucho en el objetivo de la solicitud”, mencionó Pacheco.
El dirigente afirmó que la piña transgénica se sembraría en terrenos de la Corporación Agrícola Del Monte- PINDECO, ubicados en la zona sur del país, y si la Comisión acepta esta solicitud, se estarían haciendo las primeras siembras comerciales de ese tipo de fruta, según informó el dirigente.
El problema con esto, de acuerdo con Pacheco, es que este tipo de cultivos aún no han sido evaluados clínicamente y dado que los transgénicos presentan riesgos para la salud humana, los ecologistas están haciendo un llamado a evaluar y analizar estas siembras.
“Somos conscientes de que la piña no tiene riesgo de polinización, como sí sucede con el maíz transgénico; pero, sí nos preocupa la infiltración que pueda tener esta piña en el sistema agrícola, porque se ha demostrado que desde el punto de vista de bioseguridad, los transgénicos siempre terminan contaminando el escenario y las cadenas alimentarias”, detalló el dirigente ambientalista.
Por ejemplo, en el pasado se dio el problema de que los trabajadores de las fincas tomaron hijos de los productos y los sembraron en distintos lugares, tal y como sucedió en Guanacaste con el algodón transgénico.
De acuerdo con Pacheco estas piñas son manipuladas con genes de distintos organismos, dentro de los cuales se conocen el tabaco, naranja y posiblemente de algunas bacterias y virus, por lo que es necesario que se realicen los análisis pertinentes para evitar riesgos.
“Las piñas transgénicas son nuevas y poco conocidas en Costa Rica y en la actualidad no existe consenso entre científicos sobre los impactos de estos productos, pero la discusión ubica como posibles problemas generar resistencia a los antibióticos, producir alergias y cáncer. Hasta que no exista un acuerdo entre las autoridades en el mundo sobre la inocuidad de esos organismos, no deberían liberarlos o experimentar”, advirtió.
Ante esta situación las organizaciones están pidiendo a la Comisión velar por los aspectos de inocuidad, incluir a un representante del Ministerio de Salud en sus sesiones, y rechazar esta solicitud en tanto no existan estudios fehacientes para garantizar que no se contaminará el sistema agrícola.
Pacheco afirmó que en Costa Rica existen 1.000 hectáreas de cultivos transgénicos, principalmente de algodón y soya sembrados en Guanacaste, aunque estos únicamente producen semillas para ser vendidas en Estados Unidos; es decir, no se utilizan para consumo nacional.
“No obstante, debemos señalar que algunas de las intoxicaciones masivas que se han dado, sobre todo en el caso de mujeres, se dieron en campos de algodón transgénico.  En el caso de la piña, han venido controlando de forma experimental alrededor de una hectárea, por lo que no es conveniente liberar 200 hectáreas, pues los efectos se pueden salir de las manos”.
Por su parte, Erlinda Quesada, del Frente Nacional de Comunidades afectadas por la Expansión Piñera, argumentó que como principio siempre ha estado en contra de todo tipo de producción transgénica en la agricultura, pues no existen estudios serios para determinar los impactos en la salud humana y en la naturaleza.
“Ya tenemos problemas con los cultivos de piña tradicional, como afecciones de la piel, alergias, incluso sospechas de cáncer, pues los químicos que se utilizan tienen efectos a largo plazo en la población y todavía quieren que nos arriesguemos con transgénicos, sin conocer a ciencia cierta lo que pueden producir”, manifestó Quesada.
En un comunicado de prensa emitido por el movimiento que se opone a la siembra de este cultivo, el  coordinador del Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia, Jaime García, instó a que antes de liberar estos productos transgénicos en la cadena alimentaria, se compruebe su inocuidad.
“Permitir la comercialización de estas siembras es contraproducente y contradictorio con la  visión a nivel internacional que tiene Costa Rica, de ser un país verde y amigable con el ambiente. En este sentido, los primeros afectados por una situación de este tipo,   serían los productores de piña para la exportación, dado que –especialmente en los países europeos- los consumidores están mejor informados que nosotros, sobre las incertidumbres que existen con relación a los posibles riesgos a la salud que tienen este tipo de alimentos”, dijo García.
El experto aseguró que de conocerse en otras naciones que existe este tipo de cultivos comerciales de piña transgénica, esos consumidores dejarían de comprar la fruta.
Adicionalmente, UNIVERSIDAD consultó a la directora ejecutiva de PINDECO – Rebeca Sequeira- sobre este caso; sin embargo, afirmó que la empresa LM Veintiuno no es miembro de la Cámara.
SOLO PARA INVESTIGACIÓN

El Servicio Fitosanitario del Estado es el ente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de su programa de biotecnología, encargado de regular los organismos genéticamente modificados para uso agrícola.
Además tiene a su cargo dictaminar técnicamente la autorización o no de estos productos, la liberación e investigación, en apego a la legislación existente y coordina con la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, que es el órgano asesor.
La directora del Servicio Fitosanitario del Estado, Magda González, aseguró a UNIVERSIDAD que esta entidad reguladora únicamente ha autorizado la introducción de material genéticamente modificado con fines de investigación y reproducción de semilla; por lo tanto, en caso de que la compañía LM Veintiuno o cualquier otra empresa busquen un objetivo distinto, deben solicitarlo formalmente para realizar el estudio.
“Con base en la legislación vigente, en el año 2005, esta entidad reguladora evalúo y dictaminó la autorización a la empresa la introducción de piña genéticamente modificada, con el único propósito de investigación”, indicó González.
Asimismo, afirmó que en noviembre del 2010 la compañía solicitó una extensión del proyecto para evaluar las características genotípicas, fenotípicas y el comportamiento agronómico de algunas líneas para continuar la investigación.
“Esta aplicación fue conocida en primera instancia por la Comisión y se le solicitó a la empresa una serie de informaciones de bioseguridad y trazabilidad, para evaluar la solicitud para la extensión del proyecto”, agregó la directora ejecutiva.
Sobre este particular, el ingeniero Germán Carranza, jefe del Programa de Biotecnología del MAG, coincidió en que el proyecto de LM Veintiuno está en una etapa de investigación, pues la Comisión no ha otorgado ningún permiso para siembras comerciales de piña transgénica.
“En la carta enviada por la compañía hacen referencia a la ampliación del proyecto mediante la semicomercialización, lo que significa que buscan desarrollar sus investigaciones a mayor escala, con evaluaciones controladas, pero no se puede entender esto como que van a comercializar la fruta o sus productos. De todas formas,  no tenemos claridad total de lo que quiere la empresa con la solicitud; por lo tanto le pedimos una justificación más amplia”, señaló Carranza.
El experto aseguró que hasta no contar con la información completa sobre lo que pretende la firma, no se puede adelantar ningún criterio y que en su momento la Comisión dictaminará de acuerdo con la legislación.

  • María José Núñez
  • País
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