Las expectativas de quienes confiaban en tener una carretera de “primer mundo” y a buen precio mediante la concesión a una empresa privada han sido defraudadas por reiterados informes publicados sobre el incremento de los costos de las obras.
 
Todo ello en contraste con los defectos y fallas de seguridad en el caso de la vía a Caldera, así como las nuevas estimaciones de precio para el paralizado proyecto San José-San Ramón.
Al momento, cada kilómetro de carretera saldría costando alrededor de $7 millones (¢3.500 millones), si se considera que entre ambos proyectos, en conjunto, suman 171 km de vía y un costo estimado de $992 millones (¢496.000 millones).
La concesión de la carretera a Caldera, de 77 km, prácticamente duplicó el precio al momento de asumirla Autopistas del Sol, pasando de los $230 millones en que se había valorado la concesión, a alrededor de $400 millones que terminarán pagando los usuarios en peajes (incluyendo el precio de la obra civil principal, gastos financieros,  costo de obras anexas y entradas adicionales por las ventajosas tasas de descuento de 13% en dólares que le reconoció el Gobierno al concesionario).
Cabe anotar que aquí no entra en costo de los puentes, que ya estaban construidos por el Gobierno, y que el tramo de carretera nueva son 38 km, entre Ciudad Colón y Orotina, y que las secciones I (San José-ciudad Colón) y II ( Orotina-Caldera) ya eran carretera construida, que la concesionaria recarpeteó.
En el caso de la radial Hatillo-Alajuelita (1,7 km) el Gobierno le pagó a Autopistas del Sol $9 millones por la construcción, que le fue adjudicada sin licitación, y además hay que agregar $3 millones en costos de reparaciones por  derrumbes y otros defectos de que presentó la vía no más inaugurada, que debían ser responsabilidad del concesionario pero que asumió el Estado.
A lo anterior se suma el anuncio que el Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez, hizo la semana pasada, de que el Gobierno acordó reconocerle a Autopistas del Sol entre $4 y $12 millones por las reparaciones que deberá hacer en la recién construida radial a Atenas, de 3,4 km, otro tramo incluido como parte  de la concesión de la vía a Caldera.
Por esta obra, el Gobierno ya le había reconocido un estimado de $18 millones, lo que sumado a los $12 millones que ahora se mencionan totalizaría un costo de $30 millones para este tramo. Tomando en cuenta que en la radial a Alajuelita van ya $12 millones entre el costo de la obra y las reparaciones, resulta un total de $42 millones en ambas radiales, que suman un total de 5,1 km, lo que da un costo de $8,2 millones por km.
Por otro lado, la concesión de la vía San José-San Ramón (59 km), que en los seis años que lleva paralizada sin haberse construido nada ya acumula pagos millonarios, entre ellos más de $2,5 millones a una empresa contratada para supervisar las obras, y $5.000 mensuales a una gerente del proyecto, fue una obra que se proyectó a un costo de $197 millones.
Sin embargo, cuando la asumió la concesionaria Autopistas del Valle (consorcio integrado por las mismas empresas socias de Autopistas del Sol), fue valorada en $267 y actualmente se habla de negociaciones en torno a los $550 millones, según fuentes cercadas al Consejo Nacional de Concesiones del MOPT. Como la concesionaria ha alegado que no ha podido empezar a construir porque hay atrasos en las expropiaciones y no ha encontrado financiamiento, ha habido conversaciones para ceder el contrato a una empresa brasileña, para obviar un nuevo proceso de licitación, igual que sucedió con la concesión de Caldera entre la antigua concesionaria y Autopistas del Sol.
 

 
PAC y ML
Quieren ver estudios
Tras el anuncio del Ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez, de que el Gobierno le reconocerá a Autopistas del Sol los costos de las reparaciones en la radial a Atenas, diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del Movimiento Libertario (ML) denunciaron que los funcionarios de la administración no tienen potestad de trasladarle al Estado una responsabilidad que corresponde al concesionario, y no pueden tomar acuerdos de este tipo sin que medien estudios técnicos que los respalden.
Las bancadas solicitaron al Ministro que les envíe los estudios que fundamentan el acuerdo, así como copia del reclamo que haya presentado la concesionaria.
Manrique Oviedo, diputado del PAC, consideró que el acuerdo es un mecanismo que encontró el Gobierno para darle dinero a la concesionaria, por trabajos que son de su responsabilidad asumir.
El contrato de concesión establece muy claramente que el concesionario es el responsable por los diseños, la elaboración de los planos y, obviamente, la construcción de la vía. Allí se establece que todos los gastos del mantenimiento de la vía están a cargo del concesionario, dijo Oviedo.
A la vez aseguró que no es cierto lo dicho por el Ministro respecto de que el Estado tiene responsabilidad porque los planos que suministró a la concesionaria estaban malos, lo que llevó a que se construyera sobre un antiguo basurero y la inestabilidad del terreno ocasionó que las paredes de la carretera se derrumbaran.
Los diseños y planos son responsabilidad de la concesionaria, y lo que suministró el Gobierno fueron planos referenciales que es otra cosa. “El ministro está confundiendo, porque resulta que en la zona del hundimiento según los planos referenciales, la carretera tenía que ir 24 metros más abajo y debía tener tres alcantarillas. Pero los planos finales decían que iban dos alcantarillas y al final terminaron poniendo solo una. La responsabilidad toda es de la empresa”, dijo Oviedo.
Agregó que “el ministro se está atribuyendo potestades que no tiene, porque a quien corresponde verificar estas cosas es al personal técnico competente y además con la responsabilidad social que deberían tener en la Contraloría General de la República, no una Contraloría que está ahí para validar las acciones de esta gente.”