La presidenta Laura Chinchilla tiene en sus manos la posibilidad de solicitar al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) la información relacionada con consultarías contratadas durante el Gobierno anterior, que desataron un escándalo en el 2008 y que ahora vuelve a ser investigado, y la cual el Banco ha rehusado entregar para la investigación en el país,  amparándose a la inmunidad que lo protege como organismo internacional.
 
Así lo hicieron ver exrepresentantes de Costa Rica en la entidad regional, en momentos en que una comisión especial de la Asamblea Legislativa se apresta esta semana a iniciar una investigación sobre presunto tráfico de influencias políticas, que abarcará el caso de las consultorías pagadas por el BCIE y que manejó el entonces Ministro de la Presidencia Rodrigo Arias, hoy virtual precandidato presidencial del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN).
La comisión investigadora quedó integrada la semana pasada, luego que los partidos de oposición presionaron para que el plenario aprobara una moción con el propósito de que “se investigue la participación de funcionarios y exfuncionarios públicos y autoridades del  Poder Judicial en relación con la investigación judicial desarrollada contra Rodrigo Arias por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, en lo relativo al uso de los fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica.”
La exigencia de la oposición surgió luego que el diario La Nación reveló que el fiscal general Jorge Chavarría paralizó una indagación a Rodrigo Arias  relacionada con el uso de las consultorías, y el Ministro de Seguridad, José María  Tijerino, había llamado a la fiscal encargada del caso, tras otra llamada que este recibió de Arias con la intención de  contactar al fiscal general en relación con el caso, una llamada que se produjo después que Arias fue citado a declarar.
La solicitud a la presidenta Chinchilla para que pida al BCIE la información relacionada con el asunto de las consultorías sería una de las primera medidas que tome la comisión legislativa.
Ya antes, el pasado 2 de febrero, el diputado Danilo Cubero, jefe de fracción del Movimiento Libertario, y quien preside la comisión investigadora, así como Marielos Alfaro, subjefa de bancada y presidenta de la comisión de ingreso y gasto público de la Asamblea Legislativa, habían enviado nota a la mandataria solicitándole que instruya al director del BCIE por Costa Rica, Jorge Walter Bolaños, para que les envíe un serie de documentos relacionados con las contrataciones realizadas con los fondos donados a la Presidencia de la República en el período 2006-2010.
Entre la información solicitada incluyen copia de los contratos pagados con dichos fondos, copia de los cheques cancelados y los endosos correspondientes, detalle de los informes y demás documentación entregada por parte de los contratados.
Asimismo, detalles de viajes, presentación y reuniones realizadas entre los contratados y funcionarios del BCIE, con indicación de los participantes y la fecha, copia de los documentos que justificaron la necesidad de los trabajos y consultorías contratadas y copia de los documentos en que el  Gobierno de Costa Rica da por recibido a satisfacción el trabajo o consultoría correspondiente para efectos de pago.
El ingeniero Rodolfo Silva, quien fungió como vicepresidente ejecutivo del BCIE (1966-1971), dijo que Alfredo Ortuño, el anterior director de Costa Rica en el BCIE, convenció al directorio de la institución de que no entregaran la información solicitada por las autoridades encargadas de la investigación en Costa Rica, pero si la actual administración es honesta y firme como dice, debe pedir al director actual nombrado directamente por la Presidenta, Jorge Walter Bolaños, que solicite al BCIE la información y no andar con secretos y ocultamientos.
Silva consideró que el uso dado a los fondos por el gobierno anterior significó una prostitución de los fines con los que el BCIE da a los países dinero para costear asesorías, y eso causó desprestigio al Banco en el mundo financiero internacional donde el caso es objeto de burlas.
Las consultorías son para contratar personas especializadas de las que no dispone el país para hacer tareas o proyectos complejos, y no pueden ser fondos de apoyo presupuestario para nombrar empleados en el Gobierno. “Eso fue lo que hizo Rodrigo Arias, nombrar empleados de la Casa Presidencial, chofer, mecánico, guitarrista, que no son consultores de nada”, comentó aludiendo a algunas de las contrataciones de allegados de familiares y amigos de funcionarios de la Presidencia realizadas con los dineros del BCIE.
ERROR
El empresario Juan Rafael Lizano, quien fue el representante de Costa Rica en el BCIE durante la administración de Abel Pacheco (2002-2006), coincidió en que cada país puede pedir toda la información que quiera a través de su representante o de su gobernador en el Banco, que en el caso de Costa Rica es el Ministro de Hacienda.
Lizano dijo que si él fuera representante en el Banco estaría de acuerdo en que se muestre cómo se manejaron los fondos en este caso, y no es que se esté pidiendo que se abran los libros del Banco.
Recordó que en el tiempo que fungió como director “hubo una solicitud de permiso para ver las licitaciones en que habíamos entrado, y yo dije, no veo por qué hay que esconder lo que está bien.”
Opinó que en el caso de las consultorías, el “error fatal” del Banco fue ponerse a manejar platas que ya había donado por acuerdo de junta directiva al Gobierno de Costa Rica, y “se prestó para hacer algo que no se debió hacer.”
Lo que debió haber hecho era sencillamente entregar los $2 millones de las donaciones al Gobierno y pedirle el recibo correspondiente y punto, dijo Lizano.
Recordó que el BCIE tiene inmunidad que le da el estatuto constitutivo  y posiblemente teme que si abre archivos en este caso se vea obligado a dar información sobre préstamos y proyectos en otros países y se abra una “caja de Pandora que dé lugar a reclamos aquí y allá.”
En cuanto al control que efectúan los países sobre el desempeño de la institución, explicó que este se realiza a través de la asamblea de gobernadores, integrada por los ministros de Economía o de Hacienda de los países miembros, y del directorio, que conforman los representantes de cada país. Consideró que el BCIE es una entidad muy seria, que se maneja profesionalmente, trabaja con los mismos parámetros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y entre sus socios tiene países exigentes, a los que no se les pasarían malos manejos.
Con sede central en Tegucigalpa, Honduras, el BCIE fue fundado en 1960 por ese país, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica para desarrollar proyectos de integración regional. Actualmente, forman parte también Panamá, Belice y República Dominicana, y como socios extrarregionales Argentina, México, Colombia, España y Taiwán.
A raíz del escándalo surgido en Costa Rica con el asunto de las asesorías ¿tomó o no tomó el Banco medidas? Esa y otra información les solicitó UNIVERSIDAD al representante de Costa Rica, Jorge Walter Bolaños, y a la gerente en el país, Hazel Cepeda, preguntas que la sede en San José pidió canalizar a través de la oficina de prensa de la institución en Tegucigalpa. La funcionaria encargada solicitó tiempo para recabar la información, la cual no  había llegado al cierre de esta edición.
El BCIE posee una amplia cartera de créditos en el país, con clientes públicos y privados, posee inversiones en fideicomisos y capta recursos en el mercado de valores local.