La Procuraduría General de la República dio el aval al procurador ambiental, Mauricio Castro, para que redactara el recurso de casación que presentó esa entidad por la sentencia en el caso Crucitas, pese a conocer de un posible conflicto de interés de este funcionario.
 
Castro y la Procuraduría presentaron un recurso de casación solicitando que se anule lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que dejó sin efectos los permisos otorgados al proyecto minero Las Crucitas, que pretendía desarrollar la empresa Industrias Infinito.
En comparecencia ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa el 17 de febrero, Castro reconoció que un tío suyo forma parte de una empresa que tiene contratos con Industrias Infinito, pero a pesar de esto la jerarquía de la Procuraduría decidió mantenerlo en el caso.
PARIENTE DIRECTO
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Claudio Monge, preguntó directamente a Castro su relación con el señor Luis Lizano Barquero, accionista de la empresa Grupo 8 Zona Norte, la cual fue contratada por Industrias Infinito para realizar más de 4.000 metros cuadrados de obra civil.
Castro reconoció al mencionado como su tío,  y aseguró que en el lapso de tres años solo lo vio en tres ocasiones: el matrimonio de una prima, la muerte de un tío y el funeral del esposo de su prima.
De acuerdo con el procurador Castro, se dio cuenta de que la empresa en la que su tío es accionista tiene negocios con Industrias Infinito hasta el 19 de noviembre pasado, cuando lo vio en los pasillos de los Tribunales de Goicoechea.
“Ese 19 de noviembre, cuando veo a mi tío en los pasadizos, llamo a la procuradora Susana Fallas, y le indico que estoy viendo en los pasadizos a mi tío, y que yo no sé si está ahí porque va a ser llamado en el interrogatorio”, afirmó Castro.
Castro aseguró que indicó al abogado de Infinito, Juan Carlos Hernández, que el señor Lizano era su tío y que no podía hacer contacto con él, por lo que le preguntó si Lizano había sido llamado a declarar en el proceso.
“Se me informa que está presente con un grupo de vecinos invitados para ver la audiencia”, dijo Castro.
El procurador declaró que fue hasta ese día que supo que su tío formaba parte del Grupo 8, pues si bien se conocían los documentos del contrato con Infinito, estos solo venían firmados por Gerardo Acuña Cárdenas.
Castro aseguró que a partir de ese momento la procuradora Susana Fallas le acompañó en el juicio, para que fuese ella quien se encargara de los asuntos que pudieran relacionarse con el vínculo entre la empresa minera y su pariente.
“DEBIÓ RETIRARSE”
A Castro también se le cuestionó  por qué, a pesar de conocer ya el posible interés de su tío en el caso Crucitas, se mantuvo en este y hasta fue él quien se encargó de redactar el recurso de casación que fue presentado ante la Sala I.
El diputado Monge citó el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que dice: “Los servidores de la Procuraduría General de la República no podrán intervenir, como tales, en los negocios y reclamaciones en que tengan interés directo, ni en los que de manera análoga interesen a su cónyuge o a los parientes de ellos, consanguíneos o afines en toda la línea recta, o en la colateral hasta el segundo grado, inclusive”.
El funcionario respondió que fueron las autoridades de la Procuraduría, quienes consideraron que “no existía el impedimento” al que se refiere el artículo 31, por lo que le solicitaron continuar  “cumpliendo con su deber”.
Sobre el recurso, Castro aseguró que él fue quien redactó el borrador del documento, y posteriormente este fue aprobado por la Procuradora General, Ana Lorena Brenes.
Para el diputado Monge, es claro que Castro debió retirarse del caso en cuanto conoció del conflicto de interés que podría surgir, al ser su tío un contratista de la empresa minera.
El legislador del Frente Amplio, José María Villalta, también recriminó a Castro el haber permanecido en el caso, a pesar de que ya conocía con claridad la situación de su tío.
“Debió separarse; dice que lo separaron del juicio, pero después aparece redactando el recurso de casación. En el momento en que él supo que su tío estaba involucrado con Infinito, debió abstenerse de participar en cualquier otra parte del proceso, como este poco feliz episodio del recurso de casación”, afirmó Villalta.
EN INVESTIGACIÓN
Castro también confirmó que en la Procuraduría se le cursa una “investigación preliminar” como consecuencia de los señalamientos que le realizó el Tribunal Contencioso Administrativo en la sentencia del pasado 14 de diciembre.
“(…) es pertinente expresar que a este cuerpo jurisdiccional no pasó desapercibida la forma cómo, durante las audiencias, el Procurador Castro Lizano coordinó, a través de papeles, comunicaciones verbales o incluso mediante señas, con la representación de Industrias Infinito, los más diversos temas, incluidos el de si se objetaban preguntas o se formulaban revocatorias”, señaló el Tribunal.
Para los jueces, dio la impresión de que Castro “no estaba realizando únicamente la defensa técnica de los intereses públicos, sino que estaba dando cabida también a la defensa de los intereses privados de la empresa”.
Consultado por UNIVERSIDAD si se sintió identificado con las posiciones e intereses de la empresa Industrias Infinito durante el juicio, Castro solo respondió que hay que esperar los resultados de la investigación interna de la Procuraduría.
El diputado Claudio Monge hizo circular una fotografía tomada durante el juicio, donde se ve a Castro en conversaciones con los representantes legales de la empresa, lo que considera una prueba más del comportamiento observado por el Tribunal Contencioso Administrativo.
 

 
José María Villalta:
“Procuraduría abre peligroso portillo para el patrimonio nacional”
El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, cuestionó a los procuradores Mauricio Castro y José Joaquín Barahona, la posición de la Procuraduría al incluir el tema del camino público en su recurso de casación.
El Tribunal Contencioso Administrativo consideró que la viabilidad ambiental que se otorgó a la empresa Industrias Infinito estaba mal, pues la empresa pensaba construir su laguna de desechos sobre parte de un camino público,  para lo cual se requiere de un permiso aprobado por la Asamblea Legislativa.
Para Villalta es “decepcionante” y preocupante que la Procuraduría, encargada de defender el patrimonio del Estado, haya cuestionado este punto en su recurso de casación.
El procurador Castro respondió que “el abogado del Estado” solo está consultando a la Sala I si se podía otorgar la viabilidad ambiental a la empresa sin tener que desafectar el camino, y si este trámite podía realizarse posteriormente.
“La Procuraduría no está defendiendo la usurpación de vías públicas, lo que está defendiendo es el otorgamiento de la viabilidad ambiental como acto administrativo, y se le está, por medio del recurso, consultando si se puede entregar la viabilidad, o si debe hacerse antes como dice el Tribunal”, expresó Castro.
Sin embargo, Villalta reclamó que ese no ha sido el criterio tradicional de la Procuraduría con relación al uso de bienes públicos, por lo que consideró “peligroso” esta nueva tesis de “mejor pedir perdón que pedir permiso”.
“Ellos (los procuradores) dicen que no importa que una empresa privada se apropie de un bien público, como es un camino, si después pasa una ley para convalidar la apropiación de un bien; cuando sabemos que apropiarse de un bien púbico y dar una concesión es un acto ilegal, absolutamente nulo y no puede convalidarse”, recalcó Villalta.