La comisión especial legislativa que investigará el presunto tráfico de influencias en el Poder Judicial y el manejo de los fondos donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) -casos que involucran al exministro de la Presidencia Rodrigo Arias-,  están a la espera de que la presidenta Laura Chinchilla gestione la entrega completa del expediente en poder de la institución.
 
Dicha información es vital para esclarecer el manejo de $2 millones en cooperación “no reembolsable” (donaciones) que el BCIE entregó a la presidencia de la República (2006-2010), según considera la mencionada comisión,  la cual la semana pasada inició funciones aprobando el pedido a la mandataria con ese propósito.
Los fondos fueron utilizados para pagar asesorías de la Presidencia, dentro del proyecto de “Fortalecimiento del liderazgo y procesos de toma de decisiones” y el programa “Gobernabilidad y reforma del Estado como herramienta de desarrollo”, ambos ejecutados desde noviembre de 2006.
Sin embargo, los recursos se manejaron fuera del control presupuestario de la Hacienda Pública, y no se habrían destinado a los fines públicos para los que fueron concedidos, según denunciaron diputados de oposición ante el Ministerio Público.
La información ahora requerida por los congresistas había sido ya solicitada por la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos en el año 2008, cuando se investigó el manejo de las donaciones del BCIE, pero la investigación se vio bloqueada por la negativa del Banco y la Presidencia a entregar los expedientes completos.
El entonces representante del Gobierno de Costa Rica ante el BCIE, Alfredo Ortuño, advirtió en julio del 2008 a los diputados de la comisión, que solamente se podía dar la información al cliente-beneficiario que así lo solicitase, en este caso a la Presidencia de la República de Costa Rica.
Posteriormente, el Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, autorizó la entrega de parte de la información a la Contraloría General de la República (CGR), que recibió copia de facturas y listados de cheques y pagos hechos por el BCIE, entre otra documentación, tras requerimientos de información que hizo el órgano contralor. La CGR le inició un procedimiento administrativo a Rodrigo Arias por presunto desorden y descontrol en el manejo de las consultorías, pero lo cerró en el 2009 exonerándolo de toda responsabilidad.
El escándalo de las consultorías estalló en junio del 2008 cuando el diario La Nación reveló que fondos donados por el BCIE eran utilizados para pagar asesorías, algunas de las cuales eran de amigos y familiares de funcionarios de la Presidencia, y no tenían nada que ver con los servicios supuestamente contratados.
El caso revivió luego de que el mes pasado el mismo diario informó que la Fiscalía General frenó una indagatoria a la que había sido citado Rodrigo Arias, relacionada con una investigación sobre el manejo de los fondos del BCIE, lo cual se produjo tras una llamada de Arias al ministro de Seguridad, José María Tijerino, con la intención de que este contactara al fiscal general, y luego que Tijerino hiciera una llamada a la fiscal del caso.
Cabe anotar que el BCIE tiene presencia en Costa Rica con inversiones, préstamos, captaciones de recursos financieros en el mercado de valores, y ayudas no reembolsables a instituciones tanto públicas como privadas, entre ellas la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, fundada por el expresidente Óscar Arias (ver recuadro “Fondos para Costa  Rica”).
En la cartera de préstamos destaca como principal beneficiario el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), seguido del Instituto Nacional Acueductos y Alcantarillados (AyA), mientras que en el sector privado está Autopistas del Sol, concesionaria de la vía a Caldera, y la Compañía de Inversiones Las Brisas, administrada por familiares de Alfredo Ortuño, el anterior director del BCIE por Costa Rica. Los principales bancos públicos y privados también líneas de financiamiento del BCIE, entre los cuales figura IMPROSA, de la familia Ortuño.
El notorio financiamiento de $45.5 millones obtenido en el 2006 por una empresa de esta familia para ampliar un parque industrial en Desamparados, suscitó críticas cuando trascendió a los medios; en esa ocasión Alfredo Ortuño, entonces director del  Banco, negó que hubiera irregularidad, y dijo que él no había votado la aprobación del préstamo.
Consultado si creía conveniente estos financiamientos a empresas privadas por parte del Banco que es propiedad pública internacional y destinado al impulso de la integración  regional, el empresario y exdirector del BCIE, Juan Rafael Lizano, dijo que el Banco es para el desarrollo de los Estados y no cree que deba financiar empresas privadas. “Mientras yo estuve, me opuse al financiamiento privado y nunca lo dimos”, afirmó.
Lo que pasó es que como los Estados no demandaban suficiente crédito, el Banco se estaba capitalizando mucho, y los gobernadores aprobaron entonces la entrada de la empresa privada,  “pero yo no prestaría, y eso que yo estuve en la directiva de la UCCAEP (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada)”, comentó.
En criterio de Rodolfo Silva, quien fungió como vicepresidente ejecutivo del BCIE, el gobierno de Óscar Arias y Alfredo Ortuño “se olvidaron de la política de no financiar a empresas de jefes de Estado, ministros y directores, y Ortuño se recetó para su familia un hermoso préstamo para hacer un gran parque industrial en Desamparados”.
Recordó que la política del BCIE era financiar solo empresas que sirvieran a la integración regional, y en los años 60, tras una propuesta suya (de Silva) en el comité de crédito, avalada por el directorio, se adoptó la política de no aprobar préstamos a las empresas que sean mayoritariamente propiedad de jefes de Estado, ministros o directores del Banco.
 

 
Fondos para Costa Rica
De acuerdo con datos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al 2010 Costa Rica había recibido los préstamos y ayudas de esa entidad que a continuación se enumeran.
Proyecto hidroeléctrico Pirrís, $172 millones; programa de inversiones en obras del sector eléctrico, $108.4 millones; programa de financiamiento de la planta eléctrica Moín, $3.50 millones; programas de obras del sector eléctrico, $65 millones; red SIEPAC (interconexión eléctrica de América Central), $110 millones; y proyecto geotérmico Las Pailas, $160 millones (todos los anteriores pertenecientes al ICE). Concesión de la vía San José-Caldera (Autopistas del Sol), $160 millones; línea de crédito para el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), $170 millones; programa de acueductos y alcantarillado GAM y Limón, $68.5; programa de obras de la Caja Costarricense de Seguro Social, $60 millones; empresa Ticofrut, $40 millones; y Compañía Inversionista Las Brisas $45.5.
También hay proyectos y programas en gestión, estudio o negociación para su aprobación y financiación en los próximos dos años: ICE, $245 millones; AyA, $210 millones; RECOPE, $93.5 millones; Planta Hidroeléctrica Capulín, $80 millones; CONAVI, $85 millones; CCSS, $50 millones; Autopistas del Valle (Concesión vial San José-San Ramón), $20 millones; Desarrollos Naturales, $12 millones; Ad Astra Rocket Co., $12 millones; Fondo de Inversión Monte del Barco, $10 millones; y otros. Total: $864.1 millones.
Cooperaciones no reembolsables (2006-2009)
A la República de Costa Rica (Presidencia) $2 millones (¢1.000 millones). A la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, $216.000; Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Upala, $283.000;  a la República de Costa Rica, para apoyo a las negociaciones del acuerdo de asociación con la Unión Europea, $1 millón; a Costa Rica, por las inundaciones, $200.000; seguridad alimentaria y nutricional de Los Chiles, $234.322; y seguridad alimentaria y nutricional de La Cruz, $111.585, entre otras.
Fuente: http://www.bcie.org/spanish/publicaciones/documentos/BCIE_Estrategia_de_Pais_de_Costa_Rica.pdf