Como organización de trabajadores que representamos al mayor número de educadores de este país, se  nos participó en la exposición del resumen de este proyecto de ley; esto con la intención de conocer la iniciativa y aportar nuestra posición.
En la presentación se nos hizo ver la situación financiera del país y la deuda interna, señalando que es la más alta de Latinoamérica, aunado a un pago de impuestos, muy por debajo de los países desarrollados.
Al respecto, la ANDE externa su posición sobre el “Proyecto de Solidaridad Tributaria”:
Reconocemos el que se nos llame para conocerlo, siempre y cuando sea para tomarnos en cuenta en las observaciones que  realizaremos y que de hecho planteamos en esta primera cita.
La situación financiera se ha agravado como consecuencia de las políticas neoliberales que se nos han impuesto, con tal de favorecer a sectores empresariales y financieros, que favorecen las campañas políticas de los partidos tradicionales.
Si bien, somos el país latinoamericano más endeudado internamente, no podemos obviar que Costa Rica también es el país donde más creció la desigualdad y la inequidad en la distribución de la riqueza y en donde siguen siendo los grupos señalados anteriormente,  los más beneficiados.
Rechazamos las palabras del Ministro de Hacienda, cuando indica que esta situación incidirá en el posible aumento de salarios de los trabajadores del sector público, pues como se le indicó en esa reunión, los trabajadores no hemos recibido ningún aumento en años, ya que lo único que se nos ha reconocido es un “ajuste” por inflación.
Por lo tanto, no renunciaremos a que se realice el aumento que corresponde, ni aceptaremos que se nos pretenda trasladar las consecuencias de la ineptitud de los gobiernos.
De igual manera, no aceptamos que la reforma al artículo 70 de la Ley 7531, presentada por el Magisterio, se supedite a aspectos financieros.
El proyecto pretende que los grupos de menores ingresos queden protegidos del impuesto general sobre las ventas y de la tributación sobre la renta del trabajo. Además, a estos grupos de menor ingreso e ingresos medios, se les excluye de la base tributaria.  Compartimos esta propuesta, pero esperaríamos que esta solidaridad no sea retórica y que los trabajadores de menor y medio ingreso no seamos quienes terminemos pagando los impuestos.
Un segundo eje indica que es “suficiente”, ya que aportará un 2.5% del PIB, que serán los fondos necesarios para no tener que discutir una reforma adicional posterior. No podemos dejar de mencionar que la evasión tributaria es histórica y reiterada, la cual incluye el periodo cuando Fernando Herrero, actual Ministro de Hacienda, ocupó ese mismo cargo de 1994 a 1996.
La Contraloría General de la República estima el cálculo de la evasión del impuesto de la renta y de ventas, en cerca de ¢457.000 millones. Es decir, este déficit ya debería haberse cubierto, si las leyes y los procedimientos de recuperación de impuestos hubiesen sido eficientes y no condescendientes con grupos poderosos económicamente.
El tema de las exoneraciones debe estar claro y definido. Las concesiones y exoneraciones a grandes capitales, empresarios, zonas francas, maquilas, entre otros, hacen que el Estado deje de percibir grandes sumas en pago de impuestos, mientras que el asalariado debe pagar puntualmente lo que le corresponde. Esto no es justicia tributaria.
Una de las condiciones necesarias para apoyar esta u otra reforma tributaria, es el destino de lo recaudado, el cual debe direccionarse al sector social; siendo la prioridad desde luego la educación, pues está demostrado en los países desarrollados, que han apostado a fortalecer la educación como prioridad y han logrado desarrollarse y superar los rezagos sociales y económicos.
No apoyaremos ningún proyecto tributario, que al menos no garantice estos aspectos, sin obviar, desde luego el análisis exhaustivo que estamos realizando a las diferentes propuestas de esta iniciativa, pues de ninguna manera debe afectar negativamente a los grupos medios y bajos de la sociedad, ni a nuestras instituciones.