Diputados de diversas fracciones legislativas urgieron hoy a la presidenta Laura Chinchilla, para que convoque en sesiones extraordinarias el proyecto de ley 17.371, que permite la aplicación del Convenio Marco para el Control del Tabaco.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales reunieron a médicos, expertos y representantes de organizaciones internacionales, para hacer un nuevo llamado por la aplicación de este convenio, firmado por Costa Rica desde el año 2008.
La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), María Eugenia Venegas, solicitó a la mandataria Chinchilla que “convoque sin dilaciones” el proyecto , que convertido en ley prohibiría el fumado en espacios públicos cerrados.
Venegas destacó  que 10 personas mueren cada día en Costa Rica por problemas de salud relacionados con el fumado, y el tratamiento de las personas enfermas por esta causa le cuesta cerca de ¢161 millones diarios a la Caja Costarricense de Seguro Social.
El director del Hospital Nacional de Niños, Rodolfo Hernández , describió los problemas que puede causar a las mujeres embarazadas y a sus hijos el estar expuestas al humo del cigarrillo, por lo que considera necesaria la pronta puesta en vigencia de esta ley.
Hernández recordó que el cigarrillo contiene cerca de 4000 sustancias tóxicas relacionadas con el desarrollo de tumores y enfermedades cardiovasculares, e indicó que un niño de madre fumadora tiene 3.6 veces más posibilidades de morir en su primer año de vida.
La ministra de Salud, María Luisa Ávila, también se sumó al llamado por la aprobación de esta ley, y fue tajante al rechazar la posición de la Cámara de Restaurantes y Afines, que se opone a este proyecto, pues considera que les causará un perjuicio económico.
“A nosotros no nos importa a quién perjudique económicamente este proyecto; lo que queremos es salvar vidas de las garras de tabaco”, afirmó la ministra.
La conferencia de prensa contó además con la presencia de representantes de organizaciones no gubernamentales, de la Organización Panamericana de la Salud y una diputada del congreso de Honduras, país que ayer puso en vigencia este convenio internacional.