El papel del sector público en el progreso social es uno de los objetivos más importantes que debe tener claro el Gobierno para la correcta estructuración de una moderna administración pública con plenas capacidades de eficiencia. Su papel está íntimamente relacionado con la legalidad y con cada uno de los importantes principios que esta promueve y ostenta.
Es un conjunto de condiciones técnicas, operativas, normativas, jurídicas y de ordenamiento político que tienen que implementarse para brindar efectividad a cada una de las acciones e iniciativas estatales; y así, abrir las puertas de la institucionalidad y del Estado a la sociedad.
Un Estado eficiente y humano es lo que promueve esa consigna. Un Estado eficiente con cada decisión política, próspero con sus políticas económicas, con un comercio nacional e internacional abierto y un Estado humano generador de riqueza para toda la sociedad con una educación y cultura sobresalientes, con una institucionalidad generalizada y con una normativa jurídica de calidad y de alcance inmediato. La lucha contra la corrupción resulta clave para aumentar su calidad funcional desde cualquier perspectiva.
El politólogo Robert Presthus determina que se vive en una sociedad empresarial, en una sociedad organizacional; pero sobre todo, en una sociedad institucional. La acción política debe centrarse en los objetivos de fortalecer permanentemente la democracia y perfeccionar la eficiencia del gobierno mediante una mayor participación ciudadana y brindando más información sobre la acción gubernamental para aumentar la cooperación institucional. De esta manera, la transparencia, la apertura y la cooperación serán pilares esenciales para la afirmación constante de la democracia y de la eficiencia gubernamental.
Se trata entonces de crear valor público. Se trata de otorgar conocimientos para aplicarlos al progreso social. Se trata de hacer más tangibles los conceptos e innovar con la dinámica que exige la información y la modernización. Se trata de perfeccionar y encauzar esos conocimientos para equilibrar la riqueza social mediante una mejor repartición.
El gobierno costarricense debe ser una organización productiva que exprese y afiance las decisiones de la sociedad y con la capacidad plena para responder a sus necesidades, peticiones e ideas mediante la rendición de cuentas y la transparencia en cada una de sus gestiones. Ese concepto de transparencia,  que parece olvidarse fácilmente una vez que se ha obtenido la silla presidencial, se transforma en imprescindible.
Está profundamente enlazado a la administración pública y se basa en ofrecer a la sociedad todos los datos e información para la toma de decisiones y para la participación coherente dentro del diseño, formulación y aplicación de políticas públicas que conducirán a una administración eficiente del Estado.
Además de eficiente, el sector público debe ser cooperativo y solidario, pues ambos principios van a promover una participación verdaderamente activa de la ciudadanía. Debe conocer las necesidades inmediatas para darles soluciones inmediatas. La acción colectiva deberá hacerse presente en todo caso bajo los principios enaltecedores de la legalidad.
En Costa Rica, la gestión pública debe motivar al ciudadano de no ser actor pasivo y siervo de la administración pública, pues aunque las instituciones con su institucionalidad son clave para el correcto desempeño social en cuanto a la legalidad, legitimidad y gobernabilidad, la gestión pública debe considerar al ciudadano como cliente de su regencia y brindarle las instrumentos esenciales para que sea un actor activo y dinámico dentro del ordenamiento de todas las relaciones políticas, económicas, comerciales, financieras, académicas, culturales y sociales implicadas.
La creación del sistema de «Gobierno digital», del sistema MERLINK para la eficiencia de la contratación administrativa del Estado y que prevendrá la corrupción en ese campo, así como el pago de salarios vía electrónica, son loables muestras de que el Estado comprende que debe ser abierto y considerado; no obstante, y aunque todavía falta mucho por recorrer, se debe ofrecer a la población de iniciativas parecidas en cuanto a la seguridad ciudadana, a una justicia verdaderamente pronta y de leyes fuertes contra la corrupción y la impunidad.
No se trata de crear un Estado policía, pero tampoco un Estado espectador. Cobra relevancia fortalecer el actual Estado y hacerlo cada vez más dinámico y valiente contra todos aquellos que quieran aprovecharse o burlarse de él. Costa Rica ha perdido mucho en este aspecto…
El sector público es responsable del progreso social a través de su calidad institucional y de sus dinámica empresarial. Es sólo cuestión de voluntad para ordenar la administración pública en todas sus facetas. Cada jerarca estatal debe comprender lo que esto significa y acercar la institucionalidad al ciudadano, abriendo cordialmente las puertas del Estado.