El espectro que blandió el Ministro de Hacienda, Fernando Herrero, al evocar la posibilidad de recortes y despidos en el sector público, en vez de ablandar más bien atizó la protesta en las calles, donde miles marcharon el jueves de la semana pasada pidiendo una “política salarial justa” y diciendo “no al paquete de impuestos.”
El argumento del Ministro de que hay que aprobar el plan de “solidaridad” tributaria que envió a la Asamblea Legislativa porque el déficit fiscal es insostenible no convenció a los partidos de oposición, cuyas críticas apuntan  a pedir cambios al plan de impuestos, porque lo  consideran cargado sobre las espaldas de los  más pobres. Coinciden en que para cubrir el actual faltante en las finanzas públicas lo primero es mejorar la recaudación de los impuestos existentes, frenar el despilfarro de recursos y cerrar portillos a la evasión, que se calcula en el equivalente del 6% del Producto Interno Bruto (PIB).
Entre las medidas propuestas por el Gobierno está elevar de 13% a 14% el impuesto de ventas, o impuesto al valor agregado (IVA), que abarcaría una serie de servicios como la educación y la medicina privada, y reduciría drásticamente la canasta de productos de consumo exonerados. Con ello espera elevar la carga tributaria en 2.5% para disminuir el actual déficit fiscal de 5.2% del PIB.
Para Henry Mora, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA), el principal problema de la propuesta del Gobierno es su viabilidad política, ya que no cuenta con los votos necesarios en la Asamblea Legislativa. A diferencia de Herrero, el economista considera que el déficit “es manejable” en las actuales circunstancias de la economía nacional e internacional, y partiendo de esa base propone un plan alternativo para una reforma integral del sistema tributario por etapas, que empezaría con un fortalecimiento de la administración tributaria (ver nota “El déficit fiscal es manejable”).
Otro que considera sostenible el déficit fiscal del Gobierno es el economista Juan Manuel Villasuso, por lo que cuestionó la necesidad de la reforma tributaria que busca el Gobierno, aun cuando reconoce que la carga tributaria es baja para lo que la ciudadanía espera del Estado costarricense.
El economista, quien dirige el Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC) de la Universidad de Costa Rica, criticó que el Gobierno privilegie el equilibrio fiscal cuando aún no se superan las condiciones de crisis económica. “Costa Rica perfectamente podría estar uno o dos años más con un déficit de alrededor de 5% y nada pasa. Eso permitiría que la economía pudiera recuperarse y generar empleo”, afirmó (ver entrevista en UNIVERSIDAD del 2 de marzo 2011).
En medio de la polémica que se ha generado en el Legislativo alrededor de la propuesta de reforma fiscal, el Partido Acción Ciudadana insiste en la necesidad de separar el paquete tributario en varios proyectos de ley, para facilitar su discusión y obtener resultados más expeditos.
El principal partido de oposición propuso diez cambios “para una reforma justa y sostenible”, los cuales incluyen aprobar cinco iniciativas independientes: reforma para cerrar portillos legales para evadir el pago de impuestos, reforma al código tributario, reforma a la ley de aduanas, reforma a la ley de renta y reforma al impuesto al valor agregado.
El descontento con la política fiscal y salarial del Gobierno se evidenció con la multitudinaria marcha del pasado jueves 10 que culminó frente a la Asamblea Legislativa, donde convergieron las organizaciones magisteriales, sindicatos y centrales de trabajadores, estudiantes universitarios y de secundaria, entre otros.  “Que el rico pague como rico y el pobre como pobre”, y “que paguen la crisis quienes la provocaron”, coreaban los manifestantes, que prometieron nuevas movilizaciones si el Gobierno no corrige el rumbo.
Un contingente especialmente numeroso y motivado entre los manifestantes fue el de los educadores, que enfrentan múltiples con atrasos del salario y sus nombramientos en plaza, entre otros problemas. Pero la problemática no es solo salarial sino las políticas de “precarización” del empleo que está impulsando el Gobierno, y que son como “una bola de nieve que va a arrollar a todos”, sostuvo la dirigente magisterial Beatriz Ferreto (ver nota “Alertan sobre deterioro”).
 
RECLAMO
Según Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el Gobierno debe ver que tiene a la gente en la calle, y debería leer bien lo que va a pasar si insiste en tratar de resolver la crisis fiscal castigando a los trabajadores.
“En una sociedad como la costarricense, donde el problema número uno es el aumento de la pobreza y la desigualdad social, si no cambia sus políticas salariales y el sistema tributario, eso no se podrá resolver, y nuevos episodios (de protesta) se van a seguir presentando”, vaticinó   Vargas.
Mélida Cedeño, presidenta de la APSE, exhortó a los diputados a que “le cumplan al pueblo de Costa Rica y no le den paso a esta reforma fiscal que nosotros hemos llamado paquetazo fiscal.”
Reprochó el Ministro de Educación, Leonardo Garnier, haber “gastado miles y miles de colones en propaganda tirándole a la APSE, en vez de invertir el dinero pagándoles a los educadores los miles que se les adeuda en salarios. ¿Por qué no emplean esa plata pagando las anualidades que nos deben? ¿Por qué no la invierten en los colegios donde no tienen donde trabajar los educadores y los estudiantes?”, cuestionó la dirigente magisterial durante la marcha.
Óscar Mora, maestro unidocente de la Escuela La Libertad de Hojancha, Nicoya, estuvo entre los que llegaron a protestar desde diversos confines del país. “Estamos demostrando que el pueblo está contra este paquete de impuestos. Estamos aquí por todos los trabajadores costarricenses, las humildes trabajadoras de los hogares, los humildes trabajadores del campo que se van a ver perjudicados”, expresó.

 
Nueva directriz “precarizará” empleo público
Beatriz Ferreto, representante ante la Comisión Negociadora de Salarios en el Sector Público, dijo a UNIVERSIDAD que la directriz No.013-H, firmada el pasado 16 de febrero por la Presidenta Laura Chinchilla y el Ministro de Hacienda, que congela la creación de plazas y recorta en 20% los presupuestos aprobados, entre otras medidas, es apenas el comienzo de una “bola de nieve que arrollará a todos”, por lo que sorprende que en otras instituciones no se den cuenta de esta realidad.
Es una directriz que se desprende de la “filosofía” del documento sobre “La política nacional de sostenibilidad fiscal” que emitió el Gobierno,  donde se habla de pasar una nueva ley de empleo público. Allí se dice que hay que hacer un diálogo nacional y crear una comisión de alto nivel (ahora se sabe que es la Autoridad Presupuestaria) para preparar reformas legales sobre el empleo público, basándose en pronunciamientos que ha hecho la CGR, añadió.
En ese sentido, hay que remitirse a un informe que la CGR emitió el  29 de enero del 2010, pero que fue presentado hasta después de las elecciones, así como el proyecto de reforma de empleo público que había sido presentado desde diciembre por el entonces diputado oficialista Óscar Núñez, que “se perdió” luego en la Asamblea Legislativa pero reapareció igualmente después de las elecciones.
“Cuando vemos eso se nos prende el bombillo de por dónde va el asunto. Porque en el informe de la CGR viene planteando lo del salario único. Y establece relaciones odiosas donde dice que si en tal parte ganan tanto y en la otra tanto, entonces mencionan el salario escolar, el aguinaldo, la antigüedad en el puesto, la prohibición y la dedicación exclusiva. Y dice que hay dos posibilidades de reforma. Una hacer un salario único y poner a todo el mundo en el percentil 50, quitando todos los pluses y dejando solo una base de salario. La otra es lo que ellos llaman salario base sectorial, donde establecen que se podría plantear en dos sectores: el sector financiero para llegar al percentil 75, y el sector social para llegar al percentil 50. Es que en este país ahora waducen que el sector financiero es el que produce ganancias, mientras que el sector social solo produce gastos. Y es que todo lo reducen a la cuestión financiera y cosas como educación consideran que lo único que producen son gastos.
Es así que hace tres semanas aparece publicada en La Gaceta la directriz del Ejecutivo, poniendo en blanco y negro lo que está planteado en la política nacional de sostenibilidad fiscal. Y ahí es donde se ve que no es un asunto salarial  únicamente. Se dice que no se abrirán más plazas nuevas, excepto en la policía. Que no se pueden llenar las vacantes que vayan quedando, excepto en el sector docente y el INA, donde sí se llenarán las vacantes. Pero esto llama a engaño, pues al decir que no habrá plazas nuevas en el sector docente pero que sí se llenarán vacantes, podemos partir entonces de que no se van a crear instituciones de educación nuevas, no va a haber mayor cobertura, ni en primaria, ni en secundaria, ni en ninguna parte, porque ¿cómo se van a llenar esas plazas, si no puede haber plazas nuevas?
El asunto de fondo es que ellos dicen (el Gobierno) que sí se puede llenar las vacantes, significa que lo que van a hacer es ir reduciendo el personal de educación que está ya nombrado en propiedad y lo van a ir reduciendo por la vía de meter más alumnos por sección (porque se disminuye el número de docentes) y por la vía de disminuir la carga del docente. Actualmente, un docente de secundaria tiene derecho a 48 lecciones, y debe tener 44 lecciones de aula para tener derecho a que le paguen cuatro lecciones de planeamiento. Si tiene 43 lecciones o menos no se le paga el planeamiento.
Entonces van a ir quitando la posibilidad de que la gente llegue a 44 para economizarse las cuatro lecciones de planeamiento. Además, esas cuatro lecciones de carácter curricular que perdería el docente y que van a quedar libres las van a pasar al presupuesto para otro colegio y nombran otro profesor sin que haya mayor erogación.
Eso significa que con la misma cobija van a tapar la cabeza descubriendo los pies. Nosotros a eso le llamamos la “precarización” del empleo, porque un docente con 20 o 25 lecciones no logra sobrevivir. El que va a pagar las consecuencias de esto va a ser el educador y también el estudiante, porque no es lo mismo recibir a 25 muchachos en un aula que recibir a 45, y al recargar las clases de alumnos, baja el nivel académico en la institución.
Como la directriz establece que las plazas que queden libres no pueden ser llenadas, quiere decir que ese trabajo será distribuido en los que quedan, es decir, que habrá recargo de funciones, y, por consiguiente, un desmejoramiento del servicio.
Esto se va a dar en todas las instituciones, no solo en el sector docente. Por eso decimos que en esto vamos todos arrollados. Cabe recordar que esta tendencia se viene dando ya desde hace mucho tiempo en las universidades del Estado, que tienen precarizado el empleo con un montón de gente que trabaja solo diez o 20 lecciones y son interinos, y como tales pueden quedarse sin trabajo en cualquier momento.
En el magisterio se está aplicando en una serie de disciplinas, como el área agrícola, donde muchos profesores se están quedando sin trabajo. Aunque tengan años de servicio y estén cerca de pensionarse les dicen que la matrícula bajó y que van para afuera.
Lo mismo va a pasar en las universidades, por el exceso de oferta de docentes. En este momento 35.000 docentes están sin trabajo. En el último concurso, por ejemplo, concursaron 65.000 personas para 5.000 plazas. Eso significa que los que están dando las carreras de educación en las universidades se van a quedar sin trabajo porque ¿quién va a estar estudiar educación si ya no hay trabajo?, apuntó Ferreto, tras mencionar otros problemas que enfrentan los educadores como la tardanza en el reconocimiento de los títulos, en lo que el Ministerio demora hasta dos años y más.

 
 
El déficit fiscal sí es manejable
El economista Henry Mora no cree que se deba crear alarma nacional por el hecho de que por segundo año consecutivo el déficit va a superar el 5%.
“Es una señal de alerta, pero financieramente se puede manejar”, dijo. Si se quisiera hacer la cosa en serio, habría que empezar por ajustes menores en los impuestos y fortalecer la administración tributación, en una primera etapa;  y en una segunda etapa, que puede durar hasta dos años, hace una reforma integral de los impuestos de venta  y renta. La situación da para eso y no se crearía una crisis”, consideró al proponer soluciones para el problema fiscal.
En las condiciones actuales de la economía nacional e internacional, no  hay peligro de un descalabro para el país por el déficit fiscal, que financieramente es manejable, aunque políticamente la situación sí es muy complicada, advirtió.
Desde el punto de vista del debate político es importante reconocer que  hay un problema, aunque no es para el descalabro. El problema del déficit es que por un lado bajó la recaudación y por otro lado el Gobierno se disparó con el gasto durante la crisis. Y ahora tiene el pretexto para decir que no hay plata para el destinar el 8% del PIB a la educación, que no hay plata para infraestructura física, y para decir cualquier cosa.
Costa Rica tiene una carga tributaria de 13.5%, y si quiere tener el 8% del PIB para educación, la carga tiene que ser mayor al 16%, porque según la reforma constitucional que se aprobó eso quedó supeditado a que la carga tributaria supere el 16%.
En este momento, la evasión es de alrededor de 6%. Con una propuesta seria de combate a la evasión, se elevaría en tres puntos la carga tributaria en cuatro años (no un punto como dice el Ministro Herrero). Si además se logra recuperar la mitad de la carga tributaria que se perdió durante la crisis (dos puntos), tendría una recuperación de cuatro puntos, con lo que se resolvería el déficit fiscal de este momento.
Es importante modificar el impuesto de ventas, porque se necesita un IVA moderno, que tenga controladas las ventas de los servicios, sobre todo de los médicos, los abogados, los ingenieros, los arquitectos, pues eso ayuda mucho a controlar la evasión. El impuesto que está planteando el gobierno está bien encaminado, pero lo inconveniente es que esté reduciendo a la mínima expresión la canasta básica tributaria (productos y servicios exentos).
Otro aspecto a tener en cuenta es el cambio abrupto que se propone y que tendría un fuerte impacto de la inflación. Para evitarlo, Mora propone que la ampliación del IVA sea progresiva.
Si bien reconoce que en cuanto al impuesto de ventas la propuesta del Gobierno contiene un cambio notable en relación con el esquema actual, no ocurre así en relación con el impuesto de la renta. El país tiene un impuesto sobre la renta sumamente anacrónico que se ve en la altísima evasión en el del sector empresarial y en el sesgo que hay en renta personal hacia renta de los salarios, indica.
Los dos pilares en un concepto de renta moderno son renta global (gravar todos los ingresos del contribuyente obtenidos durante el año, reconociéndole deducciones por número de hijos, gastos médicos, etc.) y renta mundial (gravar las rentas obtenidas en el extranjero reconociendo los créditos por impuestos pagados en el exterior), y no se está dando ningún paso significativo en ninguno de los dos puntos. De manera que las propuestas que hay en renta son muy tímidas. Aun así los empresarios se oponen, aunque los  banqueros salieron diciendo a medias que están dispuestos a pagar siempre que todos paguen, pero que no les cobren impuesto a las remesas.
¿La propuesta del Gobierno mejora la progresividad de la carga tributaria como dice el Ministro de Hacienda?  Mora no cree que ello sea así, pues dice que hay un indicador muy claro: la estructura actual es más o menos 70% impuestos indirectos y 30% impuestos directos, y con la propuesta  eso queda parecido.
El argumento del Ministro es la ampliación del cobro a los servicios, pero si reduce la canasta exenta como él está proponiendo, “lo que pone con una mano lo quita con la otra.”
La propuesta podría quedar un poco menos regresiva siempre y cuando la canasta básica exenta ande cerca de los 300 productos de lo que consume la clase baja y media del país, no 50 como se está proponiendo.
En cuanto renta “es muy poco lo que se avanza, y eso es típico de toda América Latina, donde cuesta un mundo cobrarle impuesto a los ricos”, apuntó Mora, que ha escrito artículos con una propuesta alternativa de reforma fiscal integral.