A raíz de la demanda interpuesta por la Fundación Conservatorio de Castella en contra de la Junta Administrativa del Conservatorio, la Municipalidad de Heredia y el Ministerio de Educación Pública, continúa la disputa sobre el carácter de la institución y los derechos de su administración.
En la demanda, presentada a principios de febrero pasado, la Fundación recurre al decreto Nº 29324 del Ministerio de Educación Pública emitido en 2001 —en este se “ratifica al Conservatorio Castella como institución oficial dependiente del Ministerio de Educación Pública”— por considerar que atropella sus derechos como propietarios.
Así, la fundación demanda que se devuelvan sus derechos sobre las tierras y la institución, así como una indemnización de $3 millones por los daños y perjuicios ocasionados.
Walter Borbón, director del Castella, y Juan Diego Castro, miembro de Jurisis —bufete que representa a la Junta Administrativa del colegio—, coincidieron que esto es un intento privatizador, el cual atenta contra el funcionamiento de la institución y, por tanto, contra la educación y la cultura costarricense.
Por su parte, Guillermo Herrera Giri, presidente de la Fundación Conservatorio de Castella, afirmó que la única pretensión de la demanda es recobrar los derechos eliminados y devolver al Castella su “rumbo original”, pues bajo la administración del MEP “se ha deteriorado la calidad de la educación que el colegio brinda”, sentenció.
LA HISTORIA DE UNA DISPUTA
La existencia del Conservatorio se remonta a la década de 1940, cuando a través de su voluntad póstuma Carlos Millet de Castella donó ¢100 mil y un terreno en Sabana Norte para que se creara allí un conservatorio de música. Esta institución sería administrada por una junta conformada por cinco miembros, tanto del sector público como de asociaciones de músicos, artistas y escritores.
En 1946, se inscribe la Asociación Conservatorio de Castella en el Registro de Personas del Registro Nacional y reclama el legado de Millet, el cual es otorgado por el Juzgado Primero Civil de San José. El 25 de noviembre de 1953, abre sus puertas el Conservatorio, con sede en Sabana y con Arnoldo Herrera como director.
Según afirmó Guillermo Herrera -de la Fundación-, desde ese momento el colegio funcionó bajo administración de la misma y con subvención del Estado para el pago de los docentes.
En los años setentas, debido al crecimiento de la institución y gracias a un bono agrario emitido por la Asamblea Legislativa a favor del Conservatorio, se adquirió el terreno en el cual actualmente funciona el colegio, en Barreal de Heredia.
En 1979 tras la aprobación de la Ley de Fundaciones, la Asociación se convierte en Fundación y, de esta manera, ambos terrenos (en San José y Heredia) quedan inscritos a su nombre.
En 2001, el Ministerio de Educación emitió un decreto. En este, se “ratifica el inveterado carácter público del Castella” y establece a la Junta Administrativa nombrada por la Municipalidad como la máxima autoridad. Este hecho suscita la polémica, pues las partes en disputa difieren del carácter que hasta entonces había tenido el Conservatorio.
Walter Borbón afirmó que el funcionamiento del colegio evidencia que es público, ya que los terrenos fueron comprados con fondos públicos, la planilla es pagada por el MEP, los gastos se financian con presupuesto estatal o fondos generados por las asociaciones de padres y los alumnos no pagan matrícula (sino una cuota opcional para quienes requieran alimentación y transporte).
Borbón sostuvo también que por esa razón, el acto del Ministerio fue solo una ratificación y no un cambio constitutivo de la institución.
Guillermo Herrera difirió, pues considera que el Conservatorio ha sido privado desde su nacimiento, ya que fue creado a voluntad de una persona, quien indicó que se conformara una asociación que administrara la institución.
Esta disputa ha sido discutida anteriormente en otras instancias, como en la Procuraduría General de la República —esta resolvió de manera no vinculante que el Castella es privado— y en la Sala Constitucional —esta rechazó un recurso de amparo interpuesto por la Fundación por no ser materia constitucional—.
En esa misma resolución, la Sala dejó claro que es en la vía ordinaria donde debe resolverse este conflicto, razón por la cual ahora será el Tribunal Contencioso Administrativo quien se encargue de establecer el carácter y los derechos sobre el Conservatorio de Castella.