Tras una orden de la Contraloría General de la República (CGR) al Consejo Nacional de Concesiones (CNC) para que estableciera el órgano de fiscalización del contrato de la concesión San José-Caldera, fue nombrado por seis meses en esa función Carlos Pereira, gerente de Construcción de Vías y Puentes del Consejo  Nacional de Vialidad (CONAVI).
La  CGR había dado plazo hasta el 21 de febrero al CNC, para que integrara el “órgano de fiscalización”  contemplado en la normativa que rige las concesiones de obra pública con servicios públicos.
La falta de este órgano, que no ha funcionado en los tres años que lleva la construcción de la carretera a Caldera concesionada a la empresa Autopistas del Sol, ha sido una de numerosas irregularidades denunciadas ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa para investigar las concesiones de obra pública otorgadas por el Estado costarricense.
En la comisión se han ventilado múltiples denuncias de los diversos comparecientes,  sobre fallas en la construcción y supuesta complacencia de las autoridades con los incumplimientos de la concesionaria, lo que ha sido negado por los funcionarios llamados a declarar.
 
Según diversos informes técnicos publicados en el marco de la investigación legislativa, la puesta en servicio de la obra en enero del 2010 fue prematura, pues faltaban obras por hacer y la vía no ofrecía las condiciones de seguridad, funcionalidad y confort requeridas por el contrato.
Ello derivó en fallas como hundimientos de la calzada y derrumbes en taludes, que causaron accidentes que incluyen una muerte, y obligaron a ordenar cierres temporales de la vía para reparaciones.
En medio de los cuestionamientos, la CGR solicitó al CNC la integración del órgano fiscalizador, y al cumplirse la fecha dada: 21 de febrero, sin que este se hubiese conformado, la entidad contralora demandó al CNC información sobre el no cumplimiento de la disposición.
A efecto de establecer responsabilidades, el Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR, está elaborando una relación de hechos para su remisión a la División Jurídica, para la valoración legal de lo actuado, se informó en la oficina de prensa de la CGR.
Entretanto, Pereira fue nombrado para integrar el órgano fiscalizador, y esta semana el funcionario tenía previsto asumir  la nueva función.
Consciente de la complicada tarea que se le asigna, Pereira declaró a UNIVERSIDAD que comenzará con la fiscalización de la carretera a Caldera, aunque la unidad tendrá que ocuparse también de todas las concesiones de obra pública otorgadas por el Estado.
Dijo que deberá “arrancar de cero” para organizar la oficina -donde habrá que hacer un reglamento para que esta trabaje con asidero legal- y  se necesita crear toda una estructura con el personal necesario, para vigilar que todas las obras se hagan conforme al contrato y de la manera adecuada.
En cuanto a la concesión San José-Caldera, son conocidos los problemas que ha habido en la carretera con la estabilidad de los taludes y el asentamiento de los rellenos, donde se ha tenido que hacer muros y colocar pilotes, y todo eso tendrá que ser revisado. Además de comprobar si se han hecho todas las obras que debían hacerse, hay que revisar el contrato y el diseño de toda la carretera, enumeró -entre otros puntos- Pereira, un experimentado ingeniero civil con 38 años de trabajar en el MOPT, donde ha ocupado los más diversos puestos.
Su nombramiento como fiscalizador se hace a partir de “un acuerdo de cooperación interinstitucional” firmado entre el ministro del MOPT, Francisco Jiménez, en su condición de presidente del CNC, y Carlos Acosta, director ejecutivo del CONAVI.
Entre sus consideraciones, el acuerdo dice que el CNC “requiere con urgencia de funcionarios profesionales, ingenieros civiles, con amplios conocimientos y experiencia en el campo, que colaboren en las actividades de fiscalización de los contratos de concesión en ejecución, que tiene bajo su responsabilidad la institución, dada la escasez de recurso humano en dichas labores”.
Además, indica que entre las atribuciones que la Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos  (Nº7762) da al CNC, está la de “velar por que la Secretaría Técnica (del CNC) ejerza funciones de inspección y control de las concesiones otorgadas.
Por su parte, el reglamento de dicha ley dice que la Administración, para el ejercicio efectivo de sus potestades de fiscalización y control, “designará un órgano que asumirá la obligación de tomar oportunamente las providencias necesarias para que el concesionario se ajuste al estricto cumplimiento de las condiciones, especificaciones y plazos establecidos en el contrato y demás obligaciones implícitas en este, para la ejecución de la obra o la explotación de los servicios concesionados”.
Añade que “corresponderá al órgano designado verificar el cumplimiento del objeto de la concesión, advertir a quien corresponda -de acuerdo con el régimen interno- la conveniencia de introducir modificaciones  o señalar correcciones en la ejecución de las obras o la explotación del servicio, recomendar la ejecución de las garantías o bien la rescisión o resolución del contrato de concesión cuando advierta fundamento para ello”.
CAMBIO
El pasado 22 de diciembre, la directiva del CNC acordó autorizar la suscripción del acuerdo de cooperación con el CONAVI,  de forma tal que permita la asignación correcta de los recursos presupuestarios, humanos y materiales necesarios para efectuar las labores de fiscalización del proyecto San José-Caldera. Asimismo, “incluir dentro de la nueva estructura organizativa y funcional del CNC que actualmente se está diseñando, la figura del Órgano Fiscalizador de acuerdo con la normativa vigente”.
Por otro lado, la directiva del CONAVI -tras recibir una solicitud del ministro Jiménez, el pasado 24 de febrero- autorizó la cooperación temporal con el CNC, “a fin de ejercer a través de la Gerencia de Construcción de Vías y  Puentes las labores de Órgano Fiscalizador del contrato de concesión”.
La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes ejercerá con su personal de planta y activos las funciones de Órgano Fiscalizador del contrato de concesión de obra pública San José-Caldera, por un plazo máximo de seis meses, indica el acuerdo.
Estas decisiones marcan un cambio respecto a lo que venían afirmando los funcionarios y exfuncionarios del CNC y del MOPT ante la comisión legislativa, donde han negado que faltara la fiscalización del proyecto San José-Caldera por parte de la Administración.
“Es falso que no hubo fiscalización”, afirmó por ejemplo la exministra del MOPT,  Karla González, llamada a declarar ante la comisión el pasado 2 y 8 de marzo, donde sostuvo que esa es una función que les corresponde hacer al secretario técnico del CNC, la gerente del proyecto (Hadda Muñoz) y la empresa contratada para supervisar las obras.
La Exjerarca, que fungió como ministra y como presidenta del CNC hasta octubre del 2009, negó tener responsabilidad por las fallas que ha tenido la construcción de esa carretera, y las atribuyó a los niveles técnicos, a los que -dijo- se les debe exigir las responsabilidades.
Con parecida posición compareció el actual ministro de la Presidencia, Marco Vargas, quien fungía como titular del MOPT cuando la vía fue puesta en servicio en enero del 2010. Vargas igualmente sostuvo que no tiene responsabilidad de las fallas en la obra, y aseguró que la apertura fue decidida con base en los informes de las instancias técnicas, sobre las que debe recaer la investigación.
Cabe mencionar que una “comisión de notables” nombrada por el Poder Ejecutivo para evaluar el manejo de la concesión, entregó la semana pasada su informe al ministro Jiménez, el cual señaló a un grupo de funcionarios de nivel técnico como presuntos responsables de las fallas, para que se les inicie un procedimiento administrativo.