Me resulta imposible pasar inadvertidas las manifestaciones de mi querido amigo Fernando Berrocal Soto contenidas en el periódico La Nación del pasado 6 de marzo, relacionadas con su gestión ministerial y el entrenamiento policial.
Si bien utilizar un subterfugio para lograr como resultado un entrenamiento para la policía civil costarricense en una academia militar del Comando Sur de los Estados Unidos de América es un acto deplorable, recurrir a una figura jurídica como el “Silencio Positivo” en la forma burda e ilegítima en que se hizo y por esa vía interpretar una autorización tácita, es algo peor dentro de un régimen de derecho.
No sé quien embarcó –al decir de don Abel Pacheco- al presidente Arias y a su ministro Berrocal en cuanto a la naturaleza del acto administrativo del “Silencio Positivo”.
El Silencio Positivo es un acto a favor del administrado frente a la Administración Pública y no otra cosa. Aquí, en esa forma burda de “…yo mando la carta y seguimos para adelante…” como expresó Fernando, no tiene cabida el “Silencio Positivo”, por cuanto la gestión ministerial no califica al Ministro como un administrado. Se trata de la relación de un acto político entre superior  y subalterno, pero nunca entre Administración Pública y administrado.
Bajo las premisas “conceptuales” del caso en comentario, hasta una llamada telefónica podría reputarse como “Silencio Administrativo” si no se contesta el teléfono y me temo que igualmente se le podría ocurrir semejante desatino a quien asesoró al Presidente y al Ministro.