Representantes de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) esperan que este año quede resuelta la propuesta de reforma que exonera de la cotización a los pensionados del Magisterio Nacional que ganan como máximo tres salarios mínimos.
El anuncio lo hicieron durante el foro sobre pensiones que se celebró el pasado 23 de marzo en la Universidad de Costa Rica (UCR) -organizado por el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU)-. En este, garantizaron que continuarán luchando por los derechos de sus asociados.
Como representantes de la JUPEMA asistieron al foro —realizado en el auditorio de la Facultad de Derecho— José Antonio Segura, subdirector de la junta; Guillermo Fernández, asesor actuarial; y Gloria Chávez, jefa del departamento de concesión de derechos.
Los organizadores de la actividad también invitaron a representantes del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); no obstante, no acudió ningún delegado.
 
Esta entidad se encuentra intervenida a solicitud de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS) desde diciembre del año pasado, por diversos cuestionamientos en el manejo del régimen y al gerente de pensiones, Miguel Pacheco Fernández, quien fue suspendido de su cargo. El SINDEU no recibió ninguna explicación oficial de parte de la Caja, ya que no envió un representante.
TRASLADO DE RÉGIME
Durante el foro, uno de los temas que prevaleció en la mesa de discusión fue el traslado de un régimen a otro, ya sea  al de Vejez, Invalidez y Muerte (VIM) de la CCSS o bien, al de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional.
La Ley 7531 de 1995 estableció que todos los empleados administrativos, automáticamente empezaban a cotizar al régimen IVM de la CCSS. Sin embargo, en el 2009 la Ley 8721 dispuso que todos los empleados públicos que ingresaran a laborar —ya sean docentes o administrativos—  pasarían a cotizar para el régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio.
Actualmente se encuentra en estudio en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Hacienda un reglamento, el cual permitiría que los administrativos, que así lo deseen, tengan la posibilidad de pasarse del régimen de la CCSS al del Magisterio Nacional, con el reconocimiento de sus cuotas acumuladas.  Empero, la Universidad de Costa Rica sí tiene habilitada la opción de dicho traslado para sus empleados.
“Nos alegra que la UCR posibilite la opción, ya que es una interpretación de la ley y es viable antes de que se apruebe el reglamento. Es un procedimiento voluntario; el afiliado decide si se queda cotizando para la Caja, o bien, se traslada al Magisterio”, externó José Antonio Segura, subdirector de la JUPEMA.
“De igual manera, cualquier persona que se encuentre cotizando para el Régimen Transitorio del Magisterio puede trasladarse al régimen de IVM de la Caja; no obstante, no es viable para las personas que cotizan para el Régimen de Capitalización Colectiva, ya que por ley la cotización para dicho régimen es obligatoria”, amplió Segura sobre el traslado de un sistema de pensión a otro.
Rosemary Gómez, secretaria general del SINDEU,  manifestó que “el sindicato tiene tres tramitadores oficiales y certificados, que dan apoyo y asesoramiento a los empleados que así lo necesiten para el traslado de un régimen a otro”. También aclaró que “el servicio de asesoramiento es completamente gratuito para los afiliados al sindicato”.
REFORMA DE ARTÍCULO
En el foro, otro tema de relevancia que se expuso fue la reforma del artículo 70 de la Ley 7531. Guillermo Fernández, asesor actuarial  de la JUPEMA, expuso en qué consiste dicho artículo. “Todos los trabajadores y pensionados que devenguen un monto de pensión o salario entre cero y dos salarios mínimos -el salario mínimo está en ¢200 000 aproximadamente- tendrán que cotizar un 10% de su salario; los que se encuentren entre cero y cuatro salarios, un 12%; entre cero y seis, un 14%; y el salario de catedrático -que está como en ¢2.500.000, un 16% de su salario”.
Esta reforma busca que las personas pensionadas que devengan desde cero hasta tres salarios mínimos no tengan que cotizar.
Para Fernández, “esta es una cotización injusta y elevada, porque las personas pensionadas que continúan cotizando según el artículo, pues ya pagaron por su pensión en su tiempo laboralmente activo; no es ni más ni menos que un golpe al bolsillo de los pensionados”, lamentó.
La reforma al artículo, que se encuentra en el expediente 17402, se llevó a la Asamblea Legislativa en el 2009 y se encuentra en primer lugar en la Comisión Plena Tercera. Se espera que se discuta en mayo próximo en las sesiones ordinarias. La Junta espera que se resuelva este año, pero como Antonio Segura cree, no es fácil su aprobación.
“Ha sido difícil porque es un impacto fiscal; nos han dicho que no será sencillo. Pero, ya hemos avanzado bastante; ahora depende del trabajo de la Junta y las organizaciones sociales, y del apoyo de los pensionados para que se logre la aprobación”, enfatizó.