Un grupo de figuras vinculadas a la política y la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) propuso aprobar mediante consulta popular la figura de un referendo de revocatoria, a través del cual se podría destituir al presidente de la República, diputados, alcaldes y regidores, si el pueblo así lo estimara.  
La iniciativa denominada “Por la pureza electoral y la dignidad nacional” consiste en un proyecto de ley que se pretende aprobar directamente por consulta popular y no en la Asamblea Legislativa, y que ya fue presentado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para iniciar la recolección de firmas necesarias para realizarlo (5% del padrón electoral).
La propuesta de esa agrupación, liderada por el exlegislador y excandidato presidencial José Miguel Corrales, busca concretar una reforma a la ley orgánica del TSE, con la que la ciudadanía, convocada a referendo, pueda destituir al mandatario o mandataria en ese momento o a cualquier autoridad elegida por medio del voto.
Entre las causas por las que se podría solicitar la revocatoria de quien preside el país destacan condenas por delitos de acción pública, apropiación de fondos o bienes públicos, utilización de su autoridad o influencia en beneficio de algún partido político o empresa privada o padecer de una incapacidad física o mental.
 
En caso de ser destituido, los vicepresidentes asumirían el puesto. Si estos también deben retirarse, se convocaría de nuevo a elecciones, aunque no se hayan cumplido los cuatro años de la administración.
Tras la presentación al TSE, el proyecto se encuentra en etapa de revisión en el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
José Miguel Corrales, proponente de este proyecto, y quien fuera también impulsor de la realización del referendo para aprobar o rechazar el TLC, explicó que la iniciativa no se presentó al Congreso debido a que considera difícil que ciertos grupos quieran perder el poder.
“Es el pueblo el que va a decir a quién quiere, ya no va a ser el poder económico metiendo cantidades de dinero para que una persona sea candidata, por esa razón no lo presentamos como proyecto de ley para que sea conocido por la Asamblea, sino en referendo”, comentó.
Expresó que esta propuesta brinda esperanza e ilusión a una democracia que en la actualidad está “cansada y decepcionada”, y que significaría un adelanto para el sistema político. (Ver nota aparte: “Los partidos y políticos de turno fallaron”).
Otra de las reformas que se pretenden es que los candidatos y candidatas a diputaciones se escojan en convenciones abiertas, no en asambleas de partidos.
Además, se introduce la posibilidad de que en los comicios electorales se sustituya la fórmula de cociente, subcociente y residuo mayor por el de la lista preferencial. Esto significa que una persona tendrá derecho a votar por cinco aspirantes de una nómina que le presentaría el partido de su preferencia, pudiendo asignarles la posición que desee. Ocuparían una curul quienes obtengan la mayor cantidad de votos, de forma descendente y respetando la paridad de género, hasta completar el número de puestos. Este método aplicaría también para regidores y síndicos.
También se proponen cambios en lo referente al acceso a la parte económica. El proyecto pretende que el dinero proveniente de donaciones privadas sea manejado por el TSE, y los partidos invertirían esos montos por medio de presupuestos que conocerá y aprobará esa entidad rectora.  Igualmente, se busca que la mitad de esas donaciones sean para la agrupación y la otra para los partidos que no tienen derecho a la deuda política, por ejemplo los grupos emergentes o que no sacaron el porcentaje exigido por ley para recibir dicha ayuda monetaria.
Asimismo, se establece la creación del Consejo de Transparencia Electoral, que contaría con representantes provinciales que estarían presentes en las sesiones del TSE, con voz pero sin voto, con el fin de colaborar con sus funciones.
Otro de los puntos es una modificación al Código Penal para introducir la figura del prevaricato culposo. Actualmente existe el delito del prevaricato doloso que es cuando una autoridad pública dicta una resolución sabiendo que es injusta, abusando de su poder. La idea es sancionar también esta situación cuando se comete por negligencia o imprudencia de esa persona.
Óscar Campos, otro de los impulsores del referendo, aseveró que la democracia en Costa Rica ha estado “muy comprada y pagada por el dinero”.
“El proyecto pretende darle una etapa mucho más madura a la democracia, en donde se plantee una parte que todavía no está, que es la revocatoria de mandato en medio periodo, con el objetivo de que si una situación como país es inestable e insuperable, la sociedad tenga la posibilidad a través de un mecanismo legal de hacer relevos”, expresó.
Añadió que de existir esa posibilidad, los y las representantes públicos tendrán mucho más cautela, entereza y dedicación en sus labores.
Sobre el costo económico y logístico que acarrearía unas nuevas elecciones a medio periodo, mencionó que elegir otra vez a presidente y vicepresidentes es mejor que “soportar hasta el final un gobernante o funcionarios malos”.
A su vez, Fernando Soley, miembro del mismo grupo, añadió que estos referendos revocatorios tendrían su tramitología y reglas, y si el TSE considera que no se justifican, no se llevan a cabo, o sea, no se hacen solo porque alguien así lo quiera.
“Esta es una democracia debilitándose, necesitamos una fortalecida. Es un paso adelante, para volver a tener esperanza”, resaltó.
Acotó que es improbable que la Sala Constitucional detenga un eventual proceso de este tipo (como el referendo para aprobar o rechazar las uniones entre personas del mismo sexo, en el que la entidad se pronunció en contra porque atentaba contra los derechos de un grupo minoritario), ya que este es un tema electoral, materia que solo le compete al TSE.

“Los partidos y políticos de turno fallaron”
El excandidato a la presidencia y exlegislador José Miguel Corrales, impulsor del proyecto de ley del referendo de revocatoria, comentó a  UNIVERSIDAD algunos puntos sobre la propuesta y las circunstancias que llevaron a impulsarla:
¿Cuál es el estado actual de la democracia costarricense? ¿Ya se ha llegado a un punto límite para proponer la revocatoria de mandato?
La democracia representativa se agotó. La sustituye la participativa, es decir, le doy a usted poder pero lo controlo. Eso va acorde con reformas constitucionales y además cumple con que el pueblo dice y puede hacer leyes directamente. Por ejemplo, si Egipto hubiera tenido un referendo revocatorio, no habría sido necesario que el pueblo le dijera a (Hosni) Mubarak que se fuera.
¿Por qué se agotó la democracia representativa?
Porque los partidos y políticos de turno fallaron, y hoy el pueblo costarricense ni cree en ellos ni en nadie, ni en el sistema, por eso hay que revitalizarlo.
La duda que tiene el pueblo la pretendemos corregir con su participación directa, por eso se crea el Consejo de Transparencia Electoral. Creemos en la participación en la destitución de los gobernantes.
Que el pueblo escoja los nombres de las personas (como los diputados y diputadas) es un cambio revolucionario.
Esperamos que haya una reacción tan positiva como la hubo con los comités patrióticos, fue una generación espontánea y esperamos que ahora salgan para la recolección de firmas.
¿Cree usted que los políticos y políticas tengan temor de este proyecto? ¿Cómo cree que reaccionarán si ya se empiezan a recolectar las firmas?
Me imagino que el proyecto va a tener algún tipo de oposición de la gente económicamente fuerte y de la clase política, todas esas personas.