Gobierno insiste en la urgente necesidad de la reforma; expertos señalan estrategia equivocada para promover el proyecto.
Los grupos de menores ingresos son los que sentirían más la aplicación de la reforma fiscal que actualmente se estudia en la Asamblea Legislativa, reiteran informes de la Defensoría de los Habitantes y del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Tanto en estos informes, como en el foro organizado sobre este tema por el Sindicato de Empleados de la UCR (SINDEU) el pasado 24 de marzo, es recurrente el señalamiento de que esta reforma es altamente regresiva, pues no ayuda a mejorar la distribución del ingreso ni a reducir la desigualdad en el país.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda defiende la reforma en la necesidad de reducir el déficit y depender menos del endeudamiento externo para financiar sus programas sociales y de inversión, pero principalmente, para pagar los salarios del sector público.
 
“ALGUIEN TIENE QUE PAGAR”
En la mencionada actividad del SINDEU, el encargado de gerenciar el proceso de reforma fiscal en el Ministerio de Hacienda, Francisco Fonseca, explicó las condiciones actuales del fisco costarricense y la urgente necesidad de una reforma que permita atacar el creciente déficit fiscal.
Dicho déficit, que nace de la diferencia entre el gasto y los ingresos del Gobierno, fue superior al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, y se constituye en una de las mayores amenazas para la estabilidad económica nacional.
Fonseca mostró un gráfico en el que se muestra cómo a partir del año 2008 la carga tributaria (lo que paga el país en impuestos como porcentaje del PIB) se redujo de un 15% a un 13%,y  los gastos del gobierno se incrementaron de un 15% a un 20% del PIB, lo que genera el mencionado déficit.
El funcionario aseguró que estos aumentos en el gasto de Gobierno se deben principalmente a la mayor contratación de docentes (2900), policías (3000) y plazas nuevas en el sistema de administración de justicia (2700).
También mencionó el aumento del salario base promedio de los maestros, que pasó de ¢391 000 a ¢571 000, así como la expansión de programas sociales como Avancemos y el financiamiento a las universidades públicas, que pasó de ¢160 000 millones a ¢185 000 millones en el 2011.
Fonseca recordó que la diferencia entre los ingresos y gastos, se financia con deuda, situación  que es sostenible hasta ciertos niveles.
“El tema se está volviendo insostenible; cuando uno tiene que endeudarse para pagar el gasto corriente, este es el nivel de crisis, el endeudamiento nos va a aniquilar”, afirmó.
De acuerdo con el exdirector de Tributación, el país tiene capacidad para endeudarse hasta un nivel cercano al 40% del PIB, y actualmente la deuda ronda un 35%, por lo que el espacio es cada vez menor, al tiempo que el déficit continúa creciendo.
Fonseca aseguró que los gastos que se han incrementado responden a necesidades urgentes del país, y que si bien el Gobierno se ha planteado una política de contención en sus egresos, los montos que se pueden reducir no ayudan en mucho a la situación fiscal.
El representante de Hacienda indicó que un 90% del Presupuesto Nacional se destina al pago de salarios para sectores como educación, salud preventiva, seguridad y administración de justicia, y estos rubros son prácticamente imposibles de reducir.
“Una política de sostenibilidad fiscal pasa por los impuestos. Todo el mundo tiene  conciencia de que hay que pagar impuestos, pero todo el mundo quiere que los pague otro, porque yo no, porque soy especial, porque yo aporto mucho”, criticó Fonseca.
El funcionario de Hacienda aseguró que la reforma pretende “dar generalidad” a los impuestos y eliminar exenciones, que tienen muchos portillos por los que se están escapando los que más tienen y más pueden pagar en el país.
“SUBIR HASTA UN 20%”
Mientras tanto, para el economista de la Universidad Nacional, Henry Mora, es cierto que el país requiere de una reforma fiscal urgente, y que actualmente la carga tributaria del país es muy baja en comparación con otras naciones en América Latina.
En su criterio, la carga tributaria (que actualmente está por encima del 13%) debería elevarse hasta un 20%, para responder a las necesidades de desarrollo que tiene el país.
Sin embargo, Mora advirtió que este proceso es complejo y requiere de una reforma bien diseñada, cosa que no se ve en el proyecto que actualmente estudia la Asamblea Legislativa.
EL economista recordó que actualmente el país depende altamente de los impuestos indirectos (los que pagan todos los costarricenses sin importar su nivel de ingreso), y dentro de estos impuestos, se depende mucho del los tributos que se recaudan en las aduanas.
Para Mora, esto es una desventaja en un contexto de apertura comercial que tiende a exonerar el ingreso de productos del exterior, sin que el país haya sustituido esas fuentes de ingreso.
El docente universitario coincidió en la necesidad de reformar el impuesto de ventas, que genera una alta inequidad, y pasar a un impuesto al valor agregado (IVA), aunque  criticó la estrategia del Gobierno para impulsarla.
Mora insistió en la necesidad de que la reforma fiscal sea un proyecto discutido y consensuado en algún grado, antes de presentarlo a la Asamblea Legislativa, para reducir así el grado de oposición que genera la propuesta en muchos sectores.
Indicó que se requiere de una política que ataque fuertemente los dos principales focos de evasión fiscal: las empresas y los profesionales liberales, quienes solo están pagando en promedio unos ¢30.000 al año en impuestos.

Economista Max Soto:
“La reforma golpea duro a los de menos ingresos”
El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizó un análisis de la reforma fiscal, en el cual se señala que las personas de menores ingresos serán las que más pagarán proporcionalmente con la aplicación de los nuevos impuestos.
Max Soto, director del IICE, explicó a UNIVERSIDAD los alcances de la reforma y cómo en términos generales, esta es mayoritariamente regresiva, profundizando la disparidad en la distribución del ingreso, y la desigualdad.
¿Cuál es la reforma de mayor impacto que presenta este plan fiscal?
-El Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es un impuesto de ventas transformado, cuyo principal elemento en la ampliación de la base (grava más productos y servicios), aumenta la tasa (de un 13% a un 14%) y elimina exoneraciones.
Es un impuesto regresivo, porque se cobra sobre el consumo, y su impacto es más alto en los sectores de menores ingresos proporcionalmente.
La tasa media que paga actualmente el primer decil (el 10% de la población con menos ingresos) es del 8%, mientras que con la reforma esta tasa se eleva a casi un 14%.
Esto quiere decir que si actualmente la gente de menos ingresos paga 8 de cada ¢100 de sus ingresos en impuestos, con la reforma va a pagar casi ¢14 por cada ¢100.
Eso no incluye las transferencia directas, como “Avancemos” y los subsidios en educación y salud, que compensan este pago. Este impuesto es regresivo, se ve claramente, con el proyecto no mejora la regresividad.
¿Es realmente efectivo el gasto social para compensar a los más pobres el impacto de la reforma?
-Hay estudios que señalan que en el primer decil las transferencias del Gobierno triplican el ingreso, y en el segundo decil lo duplican. Pero si la plata que genera la reforma se usa para otras cosas, entonces no se compensa, y la regresividad del impuesto es aún mayor.
El impacto sobre la distribución del ingreso es muy marginal en esta reforma; se generarían 46% más ingresos y recaería en un 73% sobre la quinta parte de la población con más ingresos; pero, al final lo pobres pagan más proporcionalmente y no se les compensa exactamente.
¿Pagan más los ricos, pero golpea más a los pobres?
-Con el total de los impuestos los más pobres pasan de pagar de 10.6% a 16.53% en su tasa media; eso significa un aumento del 58% en su carga, mientras que en el 10% de la población con más ingresos, esta carga aumenta un 47.8%.
¿Se está optando por impuestos indirectos porque se recauda más y más fácilmente?
-Sí, el peso de esta reforma está en la ampliación de la base del IVA, que generaría el 70% de los nuevos ingresos. Es más fácil recaudarlo y moviliza más recursos que el impuesto de renta, eso es definitivo, además de que permite mejorar la recaudación indirectamente.
En su criterio de experto ¿le gusta la reforma?
-Me parece que se queda corta en lo que sería deseable. Me parece que un sistema más justo sería que elimine el sistema cedular de la renta.
El sistema cedular es en el que se pagan tasas diferentes según sea la fuente de ingreso, y no por la suma total de ingreso que se tuvo durante el año.
Si tenés un salario se te grava con un 5%, 10% o 15%, dependiendo del salario; si tenés intereses por depósitos a plazo, se te grava con 8% o con 15%, dependiendo de dónde transaste el título valor. No todo ingreso se grava con la misma tasa; entonces no es equitativo.
También se mantiene el carácter territorial. Aquí se paga únicamente por la renta que se genera en el territorio nacional. Pero alguien que tiene intereses sobre títulos valores, lo compra fuera de Costa Rica, y no paga nada aquí.
Se dan disparidades muy grandes dependiendo de la fuente de los ingresos y de dónde se generan esos ingresos. Esas dos características del sistema tributario, se mantienen en el proyecto, no las modifican.
El proyecto es un avance, pero no muy significativo en esas dos características, porque lo que hace es uniformar las tasas sobre el capital.
Hay menos disparidad en el impuesto de renta y otras cosas positivas,  por ejemplo que se regula los precios de transferencia, se permite modernización del sistema tributario que es importante.

Defensoría critica reforma fiscal por limitar la canasta básica
La Defensoría de los Habitantes también salió a criticar la propuesta de reforma fiscal del Gobierno, al señalar que se afecta a la población más pobre con impuestos indirectos, y se limita el acceso a productos y servicios con el nuevo impuesto al valor agregado.
La Defensoría advirtió que el peso de la reforma fiscal está sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que hace que el sistema se vuelva más regresivo que el actual, y se afecte más a quienes menos tienen.
Una de las principales críticas de la Defensoría, es la elaboración de una “canasta básica alimentaria” basada en el consumo del 20% de la población más pobre, lo que para la institución es inconveniente, ya que estas personas con su limitado ingreso, no tienen acceso a una alimentación adecuada.
El informe de la Defensoría señala que en la canasta propuesta por Hacienda se exime de impuestos a alimentos ricos en harinas y azúcares, altos en sodio y grasas, que no favorecen la buena alimentación.
Se señala que mientras el banano es la única fruta que se libera del pago de impuestos, también están exentos alimentos no convenientes como el chicharrón, y se critica la cantidad limitada de vegetales que esquivarán el pago del IVA.
La Defensoría considera este esquema bastante nocivo para la salud pública, y advierte que a larga será mayor la inversión que se debe hacer en salud para atender las consecuencias de la mala alimentación.
También critica que no se considera en las exoneraciones productos básicos de higiene, como jabón, papel higiénico, cepillos de dientes etc.
Otro de los señalamientos se refiere a que se pretenda gravar con 10% a la educación privada, pues advierte que son muchas las personas pertenecientes a los estratos de ingreso más bajos, quienes acuden a estos servicios.
En lo que respecta a la educación universitaria, la defensoría señala que un 56% de los estudiantes acuden a centros privados, pues son claras las limitaciones que presentan las universidades públicas para atender toda la demanda nacional.
Además indica que en el caso de los colegios privados, existe una inversión importante en las familias de clase media para enviar a sus hijos a centros educativos de mayor calidad, por lo que se estaría limitando sus posibilidades.
La Defensoría también critica el sistema cedular del impuesto sobre la renta, que se mantiene en esta reforma, y aboga por un sistema de “renta global” que grave todos los ingresos obtenidos a lo largo del año.
La entidad señaló falta de estudios sobre los impactos de aprobación de este proyecto por parte del Ministerio de Hacienda, principalmente en los derechos a la salud y educación de los habitantes.