El próximo año a estas alturas estaremos a las puertas de iniciar una nueva campaña para elegir al rector(a) de nuestra institución para los próximos cuatro años.
Es ésta una oportunidad para el debate amplio de ideas entre los líderes que pretenden dirigir la universidad, del que no estamos exentos de participar quienes somos o nos sentimos parte de esta comunidad académica.
Ese debate ha de girar probablemente en torno al rumbo que habrá de seguir la universidad, y sobre cuál será el golpe de timón que habremos de dar para corregir desaciertos y proyectar y consolidar las mejores virtudes institucionales.
Considero que en más de un sentido la universidad está viviendo uno de sus mejores momentos; es una institución sólida, con personas y recursos técnicos y materiales extraordinarios, dotada de medios que potencian sus posibilidades comunicativas, no solo con quienes formamos parte de la comunidad académica (estudiantes, docentes y personal administrativo), sino también con la comunidad nacional e internacional. Además tiene un bien ganado prestigio entre sus similares en nuestro país y en América Latina, para no ir más allá.
 
Pero no podemos dormirnos en nuestros laureles. Es necesario consolidar el liderazgo y el prestigio de la Universidad de Costa Rica entre sus similares en el plano interno y de la región centroamericana, así como entre distintos sectores de la comunidad nacional. De ello deberán estar imbuidos todos los sectores: el estudiantado, sus agrupaciones y quienes componen sus órganos de representación, los trabajadores docentes y administrativos, sin excluir al sindicato, al igual que quienes ocupan cargos de dirección en unidades académicas y facultades y, desde luego, las máximas autoridades.
Ese constituye un compromiso ineludible de quienes formamos parte de esta comunidad académica. Para ello se necesita una sabia conducción de quienes dirigen los destinos de la institución, en particular de la persona que elijamos como rector(a).
La Universidad de Costa Rica es una institución muy grande y compleja, la cual requiere extraordinarias cualidades administrativas, pero no basta con ellas pues la administración ha de estar al servicio de los fines académicos de la institución. Además, hay que saber establecer la diferencia entre administración y gobierno, entre eficacia y eficiencia en la disposición de los recursos y la conducción de los destinos de la universidad. Ambas entrañan cualidades políticas y éticas, pero la segunda, por encima de todo, liderazgo académico, mucho oficio y conocimiento de lo que es una institución universitaria y su papel en la sociedad contemporánea.
Como comunidad debemos ser capaces de exigir sobre todo una mirada de largo plazo sobre la universidad, sin menoscabo del mediano y corto plazos, una posición ética y crítica por parte de quienes aspiran a regir la institución, que no le dé cabida a devaneos clientelares o mercantilistas y que rechace el recurso a las presiones o el chantaje en sustitución de la palabra clara, de la persuasión y el convencimiento, a partir de la confrontación ideológica, cuales son los únicos instrumentos admisibles para forjar una base de apoyo sólida de cara a un futuro gobierno de renovación universitaria.
Espíritu crítico, trabajo en equipo, equilibrio en la gestión, presencia indeclinable entre la comunidad universitaria son, en mi opinión, los principales objetivos del liderazgo académico que deberían caracterizar un futuro gobierno.
Un gobierno universitario con una preocupación genuina por el bienestar del estudiantado, sobre la base del respeto absoluto a su autonomía, con el único afán de contribuir en su formación humanista, profesional y ciudadana.
A tales objetivos deberán agregarse otros no menos importantes, como por ejemplo el reposicionamiento de la universidad en la sociedad nacional a fin de consolidar y recrear el liderazgo que le permita a la institución incidir con acierto en las tareas del desarrollo nacional, no solo con el gobierno de la República, sino también con diversos sectores de la sociedad civil.  
Hasta la hora hemos transitado por un camino marcado por la premisa de que ningún funcionario académico puede exonerarse de hacer docencia y hacerla bien. ¿Por qué no darle la oportunidad a todo docente de hacer investigación? Esto pasa por una reivindicación del status del docente, especialmente de aquellos que aspiran a tener plenos derechos como trabajadores universitarios.
Un gobierno universitario que se comprometa a respetar al trabajador, a sus iniciativas laborales y organizacionales, y a prestarle oídos e interactuar con el sindicato, reconociendo su estatuto de interlocutor válido en la discusión de temas relevantes para la institución.
Queremos pensar y esperamos una campaña de debate intenso y leal entre los (as) contendores (as), en la que prevalezcan la sana crítica, la racionalidad y la veracidad, en vez de la mordacidad o el rumor corrosivos de las entrañas de la Universidad.