¿Usted podría creer que en Costa Rica hay trabajadores y trabajadoras que no tienen seguro social ni póliza de riesgos del trabajo? O bien: ¿Le es posible imaginar lo que es trabajar en nuestro país sin derecho a vacaciones ni aguinaldo, sin que le paguen los días feriados y mucho menos las horas extras? ¿O por ejemplo, que luego de una larga y desgastante jornada le paguen entre cuatro mil y seis mil colones diarios? Es más, retrocedamos 70 años en la materia de derechos laborales, imagine que ese mísero salario se lo paguen con “fichas”, que las tiene que cambiar en la pulpería, y ahí le cobren un porcentaje por el cambio.
El caso que acabamos de describir no es producto de la imaginación. Lamentablemente es un caso  real. Nos referimos a lo que viven todos los días los trabajadores y trabajadoras en la zona norte de nuestro país, específicamente aquellos y aquellas que se dedican a la recolección de naranjas en Los Chiles.
Allá, muy cerca de la frontera con Nicaragua, hay personas que no saben lo que significa el enunciado del artículo 56 de nuestra Constitución Política, que define el trabajo como un derecho del individuo garantizado por el Estado, y le impone a este el deber de impedir que se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad de la persona o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. Mucho menos han experimentado el disfrute de las garantías sociales que los y las constituyentes de 1949, les garantizaron a las y los habitantes de este país, mediante la implementación de un Estado Social de Derecho en nuestra Carta Fundamental.
 
Pero no es sólo a estos cientos de trabajadores y trabajadoras de las empresas agrícolas a quienes se les incumple con la legislación laboral, sino que esta es la realidad en muchas empresas privadas de nuestro país. Sucede en las de seguridad privada, en las de limpieza y muchas otras, instaladas en las principales ciudades de nuestro país y hasta en las propias narices de quienes deberían encargarse de proteger y promover los derechos de la clase trabajadora costarricense, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Anualmente, cientos de trabajadores y trabajadoras quedan con incapacidades permanentes y un buen número muere en accidentes de trabajo; esto por cuanto en muchas empresas no hay comisiones de salud ocupacional, y en consecuencia, no hay ninguna prevención. No hay comisión, no hay inspección: todo esta servido para que la tragedia continúe.
Mientras estos atropellos suceden, nos encontramos con otra cara de la realidad: un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social absolutamente debilitado por las políticas económicas que se han venido implementando en los últimos treinta años, y que promueven un modelo de sociedad injusto y excluyente; que no tiene la cantidad suficiente de inspectores y mucho menos posibilidades de dotar de mayores recursos a los poquitos que hay para que puedan realizar su trabajo eficientemente. La misma realidad encontramos en el INS y la CCSS. Esto permite que las empresas tengan en los hechos, vía libre para violentar los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras.
Para hacer más grave la situación de la clase trabajadora de nuestro país, los empresarios nacionales y extranjeros tienen una fuerte cultura antisindical. No permiten la conformación de sindicatos en sus empresas, y atemorizan con el despido a cualquiera que se le ocurra organizarse con sus iguales para mejorar sus condiciones sociales y económicas. Esto deja a nuestros trabajadores y trabajadoras en total desprotección.
¿Cuánto debemos esperar para que nuestra sociedad tome conciencia de que se está cometiendo un crimen contra la clase trabajadora de este país? Esta es la cara oculta de una Costa Rica que vende la imagen en Europa, de ser la Suiza centroamericana.