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PH Diquís, una obsesión del ICE en territorio indígena

Dentro del contexto histórico de lucha regional, que hoy emprenden los pueblos indígenas contra proyectos nefastos de expansión imperialista como: el plan Puebla- Panamá, el Plan Mérida, el TLC, la militarización, las concesiones a empresas mineras, petroleras, madereras y los proyectos hidroeléctricos que afectan sus territorios, continúan avanzando día a día en favor de los intereses de la oligarquía regional, obligando a estos pueblos a dar una respuesta desde una perspectiva indígena, de movilización, lucha y resistencia.

Dentro del contexto histórico de lucha regional, que hoy emprenden los pueblos indígenas contra proyectos nefastos de expansión imperialista como: el plan Puebla- Panamá, el Plan Mérida, el TLC, la militarización, las concesiones a empresas mineras, petroleras, madereras y los proyectos hidroeléctricos que afectan sus territorios, continúan avanzando día a día en favor de los intereses de la oligarquía regional, obligando a estos pueblos a dar una respuesta desde una perspectiva indígena, de movilización, lucha y resistencia.
Hoy, los pueblos indígenas de Centroamérica, en el siglo XXI, el siglo de los pueblos, han tomado la vanguardia del movimiento por la recuperación y fortalecimiento de la cosmovisión, identidad, cultura, e historia ancestral, además de lo planteado en el VI Foro Mesoamericano de los Pueblos, realizado del  12 al 14 de diciembre del 2005 en San José, Costa Rica.
Todas las acciones estratégicas van encaminadas a retomar la historia de la vida cotidiana, en las siguientes expresiones de: derecho indígena o derecho consuetudinario, territorialidad, autonomía, autodeterminación, cultura e identidad de cada pueblo, espiritualidad, medicina tradicional, sitios sagrados y arqueológicos, e historia de la mujer y su participación.
Derechos que están protegidos y contemplados en la Declaración de las Naciones Unidas y los Convenios Internacionales 107 y 169 de la OIT, relativos a los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
 
Sin embargo, y a pesar de toda la jurisprudencia y legislación universal, en convenios y tratados existentes, continúan las violaciones contra los derechos colectivos e individuales de las comunidades indígenas; en Chile, México, Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina, Panamá, Honduras y Guatemala.
Denuncia presentada por el Gran Jefe Edward Jhon, Jefe hereditario de la Nación Tiazten, y representante indígena por Norteamérica en el Foro Permanente de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas; ante la XIII Sesión de negociación para el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA.
Estos pueblos son perseguidos, criminalizados y desalojados por la fuerza militar, en ocasiones militarizando el territorio ancestral, como ocurrió el 3 de diciembre del 2010 a los clanes de Rapa Nui,   naciones que luchan por la recuperación de la tierra, su cultura milenaria, y autonomía en Chile.
 Evidenciándose, cada vez más, la profundización del racismo, la exclusión social, la represión y la pobreza, cuyas políticas de Estado inducen a la violación sistemática de los derechos individuales y colectivos de los territorios indígenas, que han resistido con valentía y decisión por más de quinientos años.
Nuestras poblaciones indígenas no quedan exentas de estas violaciones y abusos de poder político a través de proyectos de muerte.
Actualmente, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) desarrolla en el territorio indígena de Térraba -Zona Sur de Costa Rica-, el Megaproyecto Hidroeléctrico PH Diquís que, según cálculos de la institución, va a ser el más grande de Centroamérica, con un costo de inversión de $2072 millones de dólares, una represa de 173 metros de alto, compuertas de 14 metros de alto (edificio de cuatro pisos), y 11millones de metros cúbicos, volumen de material aplicado a la represa sobre el río Térraba.
Ahora bien, el ICE pretende utilizar las aguas de otros ríos: Cabagra, Mosca, Platanillal, Cotón y Coto Brus, con el propósito de incrementar la energía de 3500 GWH/año a 4800 GWH/año. 
Y ante la reiterada negativa, de consulta y participación, de la comunidad de Térraba de acuerdo con lo que establece el Convenio 169 de la OIT (ratificado en 1992) en los artículos 4, 5, 6 y 7 del convenio; ante esta actitud, ignominiosa y obsesible, de pretender imponer su Proyecto Hidroeléctrico en territorio indígena, silenciando e invisibilizando su lucha porque sus derechos se respeten, han sido denunciados.
También, por el valor intrínseco del río, que Sibó–Sibú ha dejado a estos pueblos originarios, tiene implicaciones como el respeto, humildad, valor del río, valor utilitario, valor del ecosistema que constituye; todos estos valores chocan con los antivalores que sustentan ciertos proyectos, que amenazan la biodiversidad y el valor intangible del medio ambiente, la inspiración espiritual y religiosa, de belleza escénica y de información científica.
Hoy, los pueblos originarios de esta madre tierra exigen respeto a las instituciones del Estado, a su dignidad, a sus sueños, esperanza, anhelos y sus luchas, para que sus derechos queden debidamente reconocidos, como a los demás costarricenses.

  • Gerardo William Jiménez García.
  • Opinión
Imperialism
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