Indígenas del territorio Keköldi en Talamanca, denunciaron hoy que han sido amenazados en varias ocasiones de ser desalojados por la fuerza por parte de la Policía en uno de sus territorios.
Se trata de un terreno de 50 hectáreas  ubicado en el lugar denominado Patiño, a dos kilómetros de la clínica de Hone Creek –en carretera hacia Bribri-, que es reclamado por un extranjero como suyo.
Levi Sucre, coordinador de la  Red Indígena Bribri y Cabécar (RIBCA) de Limón, explicó a UNIVERSIDAD que desde el martes un grupo de indígenas ha ocupado este terreno, que según afirma, pertenece al territorio indígena de Keköldi.
“La gente está en el lugar; la amenaza está todavía vigente, pero parece que hubo un contacto con el ministro de Seguridad, quien no estuvo de acuerdo en ejecutar el desalojo todavía. Parece que la presidenta Laura Chinchilla viene para Talamanca el sábado y eso les preocupa”, comentó el dirigente indígena.
Sucre aseguró que el italiano que reclama el terreno como suyo, lo compró a otro no indígena que debió haber sido indemnizado por el Gobierno, pues según los decretos vigentes, éste forma parte del territorio indígena.
El dirigente indicó que una fiscal de la provincia de Limón llegó al lugar y ordenó el desalojo, pues aseguró que es un juez quien debe determinar si el terreno es o no indígena.
“Pedimos respeto y que se haga valer la ley que ampara nuestras tierras. Cada vez nos están arrinconando más, no queda espacio para nuestra gente y esos procesos legales son larguísimos. Aquí la gente tiene necesidades de vivienda y necesidades de producir pero no pueden”, afirmó Sucre.
Agregó que la protesta cuenta con el apoyo de los 8 territorios indígenas de Limón, y cada día cerca de 50 personas se turnan para no abandonar el terreno que consideran propio.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, mediante un comunicado de prensa afirmó que “es inaceptable que se haga un desalojo administrativo de estos pobladores indígenas que están reclamando su derecho histórico a la tenencia de la tierra, sus derechos ancestrales reconocidos en el Convenio 169 de la OIT, sus derechos reconocidos en la Ley indígena y es inaceptable que la fuerza pública se ponga al servicio de un particular sin verificar los datos”.
Villalta exigió al Ministerio de Seguridad Pública suspender el desalojo de los indígenas.