Mientras algunos especialistas afirman que la propuesta de reforma fiscal dejaría de exonerar  de impuestos a bienes que actualmente contribuyen al fisco -como las inversiones y servicios privados de educación y salud-, otros más bien la critican porque gravaría artículos que consumen las personas de bajos recursos, principalmente.
En lo que sí coinciden es en que el tema “ausente” en la propuesta es el de las exoneraciones, las cuales se mantienen para las empresas de zona francas, muy criticadas por los mismos empresarios al considerar que benefician al grupo empresarial de mayores recursos.
La discusión se da en torno al proyecto denominado de “Solidaridad Tributaria”, presentado por el Gobierno en enero pasado.
Roberto Jiménez -quien presentó la posición del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas sobre este proyecto ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa (ver UNIVERSIDAD del 23 de febrero)- dijo que un aspecto “fundamental” ausente en la propuesta gubernamental, es la valoración de “costos y beneficios que justifiquen el mantenimiento o la eliminación de las exoneraciones”. 
En ese sentido, llamó la atención sobre la “ausencia de sistemas de información”, que permitan establecer con detalle los montos exonerados para cada sector.
 
Según dijo, ello es una condición necesaria para llevar a cabo una reforma fiscal general y para “entrarle en serio a la valoración de las exoneraciones”. Cabe recordar que en diciembre pasado la Contraloría General de la República emitió un informe que concluyó que “la falta de precisión en las diferentes respuestas dadas por el Ministerio, no permitieron establecer cifras reales sobre el monto de las exoneraciones” (ver recuadro “Desorden en Hacienda”).
 Max Soto, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), destacó que se amplía el impuesto de ventas a artículos y servicios que anteriormente estaban exonerados. Es decir, la propuesta elimina las exoneraciones al consumo.
Al respecto, recordó que “el IVA es por naturaleza regresivo, ya que el consumo representa una proporción más alta del ingreso en los segmentos más pobres, que en los de mayores ingresos”.
Señaló que las dos formas usuales de compensar esa regresividad, es por medio del gasto social del Gobierno o de exoneraciones a bienes y servicios consumidos por las personas más pobres.
Soto comentó que “el problema en Costa Rica, como en casi toda América Latina, es que la carga tributaria descansa fundamentalmente sobre los impuestos indirectos, como el de ventas, de manera que la compensación se hace más por medio del gasto social”.
Mientras tanto, el economista Henry Mora, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA), aseveró que el tema de las exoneraciones “más que tangencial” en la propuesta del Gobierno, “está ausente”.
 Recordó que en una reunión privada con el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, le preguntó por esa omisión, “y me contestó que se trata de un tema muy engorroso que ‘se lo dejaba al próximo gobierno’”.
¿GRAVAR A UNIVERSIDADES PÚBLICAS?
El abogado Adrián Torrealba, quien trabaja en el bufete Facio y Cañas y ocupó la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda entre el 2000 y el 2003, destacó como “lo más importante” de la reforma, el hecho de que grava “riquezas que hoy no están sujetas, que es algo distinto a exoneradas”.
Como ejemplo, mencionó que en el impuesto de ventas, “se extiende el gravamen a los servicios en general”, lo cual abarca a muchos que en la actualidad no son sujetos de cobro.
“Esto es un cambio estructural y profundo del sistema tributario. Se discute que la canasta básica exonerada se reduce mucho, que es el único elemento de la reforma que implica un gravamen para los sectores de menores recursos, pero el Ministro ha anunciado que eso lo revisarán”, añadió.
Torrealba también destacó el hecho de que se gravan las ganancias de capital, “lo cual es un salto importante en materia de equidad del impuesto sobre la renta”. También planteó que las rentas de capital de mercado financiero y de fondos de inversión verían aumentada su tributación al 15%. 
El especialista citó la eliminación de las exenciones a las remesas al exterior por bancos “de primer orden, que pasarían a pagar 15%”, así como la exención a los no residentes, “a quienes su país de origen no les acredita el impuesto pagado en Costa Rica”. 
“Se pretende eliminar la exención del impuesto de remesas al 15% para los dividendos que distribuyen empresas de zona franca.  Todos los demás regímenes de exención quedan intactos”, puntualizó.
Un criterio muy diferente expresó Henry Mora, para quien “el único cambio” introducido es “la pretensión de incluir a las universidades públicas como contribuyentes” en el impuesto sobre la renta, cuando estas realicen actividades “no educativas o no conexas con la educación”.
Ello se refiere a la reforma que la propuesta del Gobierno hace al artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo cual –según Mora- “no tiene ningún sentido” e informó que personalmente le indicó al ministro Herrero que esa variación en la ley es “contradictoria”, pues “las universidades no generan utilidades en sus actividades de prestación de servicios, y los consultores contratados en esos casos, ya tienen que pagar impuesto por sus honorarios”.
Por otro lado, Roberto Jiménez, tras estimar que en términos generales la reforma propuesta “no atiende la problemática de las exoneraciones”, sostiene que sí elimina de forma puntual exoneraciones a ciertos sectores, como el financiero, lo cual en su opinión afecta a entidades como el Banco Popular y a las mutuales.
Asimismo, detalló que las cooperativas perderían la exoneración del pago de impuesto sobre las utilidades, sumado a la eventual eliminación de la exoneración a servicios sensibles como la salud y la educación, al establecerse el IVA.
ZONAS FRANCAS
En materia de exoneraciones en el régimen de zonas francas, Adrián Torrealba cree que las empresas en esta categoría podrían tributar una tarifa mayor y eliminarse las exenciones a los pagos a terceros no domiciliados.
El régimen de zonas francas ha sido importante para atraer mucha de la inversión extranjera de la que se han vanagloriado varios gobiernos, que la han defendido como motor del desarrollo, aunque esas empresas no tributan.
Al respecto, Max Soto considera que el sistema de zonas francas “visto en retrospectiva, ha rendido sus frutos”, pues -según dijo amparado en datos de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER)- “por cada dólar que el país dejó de percibir por exención de impuestos, recibió $5,20 en beneficios”.
Sin embargo, piensa que esa estrategia de desarrollo “debe revisarse sistemáticamente, a la luz de los cambios en el entorno nacional e internacional”, lo cual incluye el replanteamiento de cómo debe distribuirse la carga tributaria.
Entretanto, Jiménez es del criterio de que  con la nueva ley de zonas francas sancionada en el 2010, se hicieron ajustes en la dirección correcta; “sin embargo, hay algunos elementos que afectan la equidad y la eficiencia en el uso de los recursos”.
Agregó que el régimen de zonas francas “es excluyente para la mayoría del empresariado nacional, al establecer inversiones mínimas de $10 millones y más de 100 empleados, para estar exentas del pago de impuestos”.

Desorden en Hacienda
La Contraloría General de la República dio a conocer en diciembre del año pasado, un estudio sobre el control y evaluación de las exoneraciones en el impuesto sobre la renta.
Entre las conclusiones de ese análisis, además de señalar que ni siquiera se puede contar con “cifras reales sobre el monto de las exoneraciones”, destaca la aseveración de que “la ausencia de información veraz y de fácil acceso (…) constituye una situación que amerita ser corregida a la mayor brevedad posible, en atención a la trascendencia económica del tema en relación con las finanzas públicas”.
El estudio además reveló que el Ministerio de Hacienda “carece de evaluaciones” sobre  resultados y beneficios para el país, en el otorgamiento de las exoneraciones.