La reducción de los límites de edad para que una persona pueda ser juzgada como adulto, de los 18 a los 15 años, y el aumento en las penas que se les aplicarán en el futuro son algunos de los aspectos analizados durante el foro Perspectivas sobre Reformas a la Ley de Justicia Penal Juvenil. Este se efectuó recientemente en el auditorio de la Biblioteca de Salud.
En la Asamblea Legislativa se encuentra el proyecto de ley número 17615, el cual pretende realizar una reforma a la Ley de Justicia Penal Juvenil.
En la actividad participó Carlos Tiffer, consultor del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), quien señaló que en un Estado de derecho las penas no se fundamentan en los sentimientos de las víctimas, para no caer en los deseos de venganza, pues los principios básicos sobrepasan los derechos de las víctimas.

“La verdad no sé cuál es la motivación de esta reforma. Se supone que con más represión se mejora la seguridad ciudadana y eso es una falacia, pues la seguridad ciudadana no depende de las penas. Esta propuesta choca con la convención de derechos de niñas y niños, que los define como aquella persona en el rango de los cero a los 18 años”, acotó Tiffer.
El experto del ILANUD dijo, además, que el problema de la seguridad ciudadana no se soluciona al aumentar los años de cárcel al condenado, sino al atender los problemas sociales más graves.
Mientras tanto Alejandro Rojas, subjefe de Defensa Pública del Poder Judicial, recalcó que las normas no nos protegen de los crecientes problemas sociales, como la inseguridad.
Afirmó que se ha legislado en los últimos años sin un análisis serio de las necesidades de la misma legislación. La respuesta hasta ahora es aumentar las penas, sin visualizar otras soluciones.
“Niñas y niños requieren del apoyo de los adultos para ejercer sus derechos fundamentales. A mayor autonomía mayor responsabilidad; de ahí que se establezca una diferencia de responsabilidad penal dentro del mismo código juvenil, entre niños de 12 a 15 años y de 15 a 18 años”, puntualizó Rojas.

¿Y LA INEQUIDAD?

Por su parte, Rodolfo Chávez, abogado penal juvenil, manifestó que si la reforma se lleva a cabo tal y como se plantea, se trataría a la persona como un adulto. O sea, se le podría condenar a alguien de 15 años con una pena de 50 años. Esto, a su criterio, lo deja en una posición donde será muy difícil reeducarse.
“Costa Rica duplica las sanciones a los demás países de Centroamérica y aún así los ciudadanos costarricenses son los que más sienten la inseguridad. El aumento de las penas no nos da más seguridad, no es un disuasivo de la criminalidad, pues la mayoría de los robos y violencia son productos de la inequidad en que vivimos”, agregó Chávez.
Criticó el trabajo de los medios de comunicación, quienes se han convertido -según dijo- en amplificadores de la inseguridad ciudadana, al incrementar dicho sentimiento en el televidente.
Los conferencistas recordaron que la Sala IV falló en años anteriores sobre el tema y señaló que cuando se trata de juzgar a una persona menor de edad, debe hacerse en forma diferente a los adultos.
Para el diputado Carlos Góngora, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, el debate de esta reforma debe ser abierto, “para así poder construir la sociedad que todos queremos y resguardar lo más valioso, como lo son las niñas y los niños”.
Góngora recordó el hecho de que países como México y Colombia han buscado endurecer las condenas para las personas a partir de los 15 años, pero los carteles de la droga reclutan como sicarios a niñas y niños de 12 años o menos. Esto extiende aún más la problemática.
Este foro fue organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela de Ciencias Políticas, como parte del proyecto de TCU denominado Apoyo al Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil.