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Sectores ambientalistas critican actitud pasiva del Gobierno

Tras los cuestionados hechos en materia ambiental durante la administración de Óscar Arias -como el decreto de interés nacional del proyecto minero Crucitas-, activistas y expertos concuerdan en que el gobierno de Laura Chinchilla ha sido menos polémico y dañino, pero que ha hecho poco en el campo, mientras que las luchas en las comunidades persisten.

Tras los cuestionados hechos en materia ambiental durante la administración de Óscar Arias -como el decreto de interés nacional del proyecto minero Crucitas-, activistas y expertos concuerdan en que el gobierno de Laura Chinchilla ha sido menos polémico y dañino, pero que ha hecho poco en el campo, mientras que las luchas en las comunidades persisten.
Los problemas de contaminación por la expansión piñera y la explotación y destrucción de recursos naturales por megaproyectos turísticos, además de la minería a cielo abierto, son herencias que la mandataria y el ministro del ramo Teófilo de la Torre recibieron, y que según ambientalistas, no se han sabido solucionar.
La moratoria a la actividad minera, aprobada por Chinchilla el día que tomó posesión, no permite la puesta en marcha de nuevos proyectos, aunque sí dejó abierta la puerta a las concesiones de oro ya otorgadas, como la mina Bellavista.
 
En este sentido, de la Torre defendió que a pesar del poco tiempo transcurrido, se han llevado a cabo varias acciones que han contribuido a la protección del medio ambiente. (Ver nota aparte: “Hemos tenido menos conflictos abiertos”).
POCA ACCIÓN

Gadi Amit, miembro de la agrupación ambientalista Confraternidad Guanacasteca, mencionó que la mandataria Chinchilla no ha tomado participación en el tema ambiental, ya que se lo delegó al vicepresidente Alfio Piva.
Denunció que se continúan destruyendo cuencas de ríos y explotando mantos acuíferos, y que no se responde a los requerimientos de los pueblos, lo que lleva a que el Gobierno no encuentre un rumbo.
Indicó que hay un descontrol y desorganización en el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), que ha llevado incluso a que entidades externas como el Instituto Costarricense de Turismo ICT) terminen planteando políticas en el área.
“A Costa Rica le queda mucho por salvar en temas ambientales; se tiene que poner a alguien (de ministro) que sí maneje el tema y definir una línea de desarrollo, y que realmente sea de manejo sostenible de recursos y no de depredación de lo natural”, aseveró.
Por su parte, Heidy Murillo, presidenta de la Federación Conservacionista de Costa Rica (FECON), comentó que se le debe reconocer al Poder Ejecutivo que cumplió con su palabra de convocar el proyecto para prohibir la minería metálica para los nuevos proyectos, pero que hay muchos temas pendientes, por ejemplo en protección a la biodiversidad.
Con respecto a la expansión piñera, afirmó que no se ha visto mayor avance o diferencia en los monocultivos. Además, hay mucha preocupación por el tema energético, como con el proyecto hidroeléctrico Diquís, en el que no se ha empezado a hacer la consulta a los pueblos indígenas, ni se han elaborado estudios de costo beneficio.
“Hay una pésima costumbre de declarar todo de interés público y conveniencia nacional, cuando no beneficia a todos; es una intención de imponerse”.
También cuestionó el manejo con el conflicto en la isla Calero, ya que los activistas ambientales habían advertido previamente sobre los peligros de que Nicaragua hiciera trabajos de dragado en el río San Juan.
Murillo añadió que urge despolitizar las instituciones e implementar una política de Estado en el tema energético.
Mientras tanto, el geólogo y profesor universitario Allan Astorga considera que la actual administración hasta ahora no ha sido agresiva con el ambiente, porque, por ejemplo, no se han impulsado propuestas de reducción de áreas silvestres protegidas. No obstante, tampoco ha habido un progreso en el área, sino un estado de “inercia”.
“El proceso de deterioro que se había iniciado en la administración Arias se ha mantenido. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), un ente clave, ha seguido bajo el control político y su función sigue generando dudas. Se le ha reducido el presupuesto al Tribunal Ambiental. Dos muestras claras de que no se está haciendo lo que se debe para mejorar”.
Asimismo, está de acuerdo con que hay una crisis a lo interno del Ministerio, ya que hay muchos problemas por resolver, que más bien se han agravado. Recordó que el nombramiento del viceministro de Ambiente -Andrei Bourrouet- en ese cargo al mismo tiempo, atentó contra la autonomía de la que goza un órgano de desconcentración máxima como ese.
“En materia ambiental la sociedad costarricense se ha polarizado, y las instituciones -por su defensa a ultranza de la inversión y el desarrollo- en vez de servir de punto de equilibrio para encontrar soluciones, se han convertido en fuente de conflicto”, resaltó.
A su parecer es vital abrir espacios de diálogo con los sectores sociales para avanzar, porque la imposición de criterios incluso por encima de la legislación, hace más grandes los conflictos actuales.

 
Teófilo de la Torre:

“Hemos tenido menos conflictos abiertos”


El Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Teófilo de la Torre, concedió una entrevista a UNIVERSIDAD en la que expuso tareas que se han logrado en esta área y los retos que quedan para los próximos tres años.

¿Qué es lo que se ha logrado en el área ambiental en este primer año de administración? ¿Cuál es el balance de lo que se ha alcanzado y lo que queda pendiente?

-El ambiente lo hemos dividido en dos grandes áreas: una es buscando la conservación de las áreas bajo la responsabilidad del gobierno, y por otro lado todo lo que es la tramitología relacionada con el control del desarrollo humano, las licencias ambientales, las concesiones de agua, cuestiones de gestión ambiental.
Logramos la delimitación de las zonas marítimo-terrestres, que son tal vez las que ha estado desarrollado el Gobierno a través del proyecto de vida y catastro; eso ha provocado muchos dolores de cabeza, que se deben en buena parte a que las reglas no están claras o deben ajustarse a las realidades del país.
Hemos declarado área de manejo marino una superficie de 10.000 kilómetros cuadrados alrededor de la Isla del Coco, que tiene un círculo de protección como un parque nacional;  esto es ampliar su ámbito de protección como 20 veces lo que hoy tiene. Esto contradice intereses comerciales.

¿Qué ha pasado con el funcionamiento de entidades que son claves como la SETENA?

-En esa área tenemos que son entes con un enorme volumen de trabajo, saturados y sin recursos humanos y financieros suficiente; entonces su trabajo no es fácil de hacer; la sociedad costarricense se polariza: unos quieren desarrollar sin importarle las consecuencias, y otros proteger y que no haya desarrollo. Tenemos el compromiso de que no se frene el desarrollo, pero que se haga adecuadamente, respetando el ambiente lo más posible, y si hay que sacrificar algo ambiental que sea porque se demuestra que hay bienes mejores para la sociedad.
Andrei (Bourrouet, viceministro de Ambiente y nombrado como secretario general de esa entidad) fue un emergente, que en lugar de estar dos meses estuvo ocho; lo hemos quemado en cuanto al volumen de trabajo. Esperamos que en la SETENA los trámites sean aligerados para las licencias ambientales.

¿En qué se ha diferenciado esta administración del gobierno anterior, que fue tan polémico?

-Es difícil marcar una diferencia en un tiempo tan corto, pero hemos tenido menos conflictos abiertos, nos mencionan menos y tal vez es no porque no hacemos cosas, sino porque las hacemos bien y no hay polémica. Eso lo juzgarán las personas al cabo de un tiempo. Hemos buscado soluciones antes de que los conflictos revienten; comenzamos a pensar preventivamente. El estilo ha sido de diálogo y negociación.

¿Qué falta por hacer en temas clave que son herencias del gobierno anterior y que provocaron toda esta polémica, como la minería o las piñeras?

-En minería son de las cosas que más claramente hicimos: una moratoria por decreto tan pronto entró el Gobierno, y a continuación proponer la legislación que pasó dos meses después y prohibió la explotación de metales pesados a cielo abierto, con el debido respeto de los derechos existentes, Crucitas y Bellavista. Ahí hemos hecho lo que se puede hacer.
Lo de que las piñeras siguen, creo que está frenándose a base de diferentes acciones del Tribunal Ambiental que ha hecho una cruzada, y si no hace más es porque no tiene recursos.
 

  • Nathalia Rojas Zúñiga 
  • País
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