“La absolución de Alfonso Portillo es un caso de cinismo judicial”, aseguró el exfiscal general de la República, Francisco Dall’Anese, actual Jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
La Cicig, un organismo creado por Naciones Unidas, tuvo que enfrentar, la semana pasada, la absolución del expresidente Alfonso Portillo, acusado de corrupción en los tribunales guatemaltecos.
La sentencia absolutoria “refleja el verdadero estado de la justicia en Guatemala”, dijo la Cicig, en un comunicado emitido después de conocerse el fallo dividido del tribunal que absolvió a Portillo.
En una entrevista con UNIVERSIDAD, el exfiscal dio estas declaraciones tres días después (sábado 14 de mayo) de que la Sala III de la Corte Suprema de Justicia ratificó el delito de peculado (desvío de fondos públicos) cometido por el expresidente Rafael Ángel Calderón, pero conmutó la pena de cinco años de cárcel por libertad condicional.
El exjefe del Ministerio Público impulsó durante su gestión todo el proceso de investigación contra Calderón por el escándalo Caja-Fischel y el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, quien recientemente también fue condenado a cinco años de cárcel por instigador de corrupción agravada y a 12 años de inhabilitación de ejercer cargos públicos en el caso ICE-Alcatel.
Dall´Anese declinó referirse a la sentencia de la Sala III, ante las consultas hechas por este SEMANARIO.
El exfiscal estuvo en Costa Rica la semana pasada, donde participó en una mesa redonda sobre el “Fortalecimiento del rol de los legisladores en los asuntos de seguridad ciudadana en Centroamérica”, organizada por la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM).
MANO DURA

Además, añadió que la política de mano dura no puede reducir el problema de la inseguridad. La prueba de esto es lo que ocurre en Centroamérica. Habló de los cambios ocurridos en la actividad del narcotráfico en la región, después de los atentados de septiembre del 2001 en Nueva York, y de la importancia de la prevención para evitar que crezca la delincuencia.
“La prevención comienza con la inversión social. Hay que criticar al Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando piden menos Estado y promueven más privatizaciones”, dijo Dall’Anese.
Puso como ejemplo el caso de Limón –donde fue fiscal–, pues “sufre un abandono histórico por parte del Estado costarricense”. Los espacios en abandono son tomados por el crimen organizado, enfatizó. “No es posible seguir con esas políticas de privatizaciones y de retirada del Estado”.
Dall’Anese aseguró también que “debemos dejar de contabilizar el éxito de la lucha contra el narcotráfico por el volumen de la cocaína decomisada y contar el número de redes de narcotraficantes desarticuladas”.
CRECE VIOLENCIA
Los datos sobre la violencia en Centroamérica son alarmantes; los peores del mundo, según los expertos. Si bien no hay unanimidad en las cifras, las tasas de homicidios son, en Centroamérica, cinco veces mayores que las tasas de homicidio en el mundo.
Los países donde la situación es más grave son El Salvador, Honduras y Guatemala. En los dos primeros, esa tasa es cerca de 80 homicidios por cada cien mil habitantes. Costa Rica tiene una tasa de 11 por cada cien mil.
Lo más grave es que, en todos los países centroamericanos, esas tasas están aumentado, incluso en Costa Rica y Panamá.
“A partir de los atentados del 9/11 cambió la dinámica del mercado de la droga. Es mucho más difícil meter cocaína en los Estados Unidos y una parte de esa producción se destina ahora al mercado local centroamericano. Eso se puede ver en Costa Rica con el aumento del consumo y del número de adictos”, aseguró Dall’Anese.
A continuación un resumen de la entrevista con UNIVERSIDAD.
Centroamérica se ha transformado en una de las regiones más violentas del mundo. Hoy muere quizás más gente de forma violenta que las guerras de los años 80. En su criterio ¿a qué se debe esto?
–  Hay otra guerra en este momento: contra el crimen organizado. Antes los Estados centroamericanos eran irresponsables y no atendían espacios sociales y económicos. Esto se traducía en mayor pobreza y criminalidad. Pero hoy el Estado tiene un competidor al frente: el crimen organizado. De modo que los espacios abandonados por el Estado, sociales y económicos, son ocupados inmediatamente por el crimen organizado. Donde no hay empleo, educación, salud, etc., las redes criminales pagan muy bien, construyen canchas deportivas, escuelas, caminos y brindan servicios de salud. Con esto se deslegitima al Estado de derecho. La actividad de las estructuras criminales trae delincuencia colateral: los adictos, por ejemplo, roban y matan por bienes de escaso valor para procurarse la dosis del momento. Las víctimas del narcotráfico se convierten en victimarios, al afectar la seguridad ciudadana. Por otro lado, las redes criminales tienen sus propias normas, cuyo incumplimiento se convierte en ajusticiamiento por sicarios. Esta es la razón por la que se vive el clima de mayor violencia del mundo (salvedad hecha de los países que están en guerra) y Centroamérica no estaba preparada para enfrentar esa delincuencia transnacional organizada.
Usted señala lo grave que es la retirada del Estado de algunas áreas, que son inmediatamente ocupadas por el narcotráfico, y critica el modelo de privatizaciones y de Estado mínimo promovido por instituciones como el BM y el FMI. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que está ocurriendo en Centroamérica en esta materia?
–     Como dije antes, creo que los espacios que el Estado abandona son ocupados por el crimen organizado. En este momento se necesita un Estado fuerte, pero no solo en lo que hace a presencia policial, o de fiscales y jueces. Se requiere una administración que brinde servicios de educación, salud, oportunidades de vivienda y trabajo. Contra estas necesidades el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional proponen la reducción del Estado y la privatización, bajo la premisa de «menos Estado y más mercado». Sin embargo, en la realidad lo que se da es «menos Estado y más crimen organizado».
En lo que se refiere a la creciente importancia del crimen organizado en la región: ¿de qué estamos hablando, cuál es la dimensión del negocio?
– No se puede precisar la dimensión del negocio, al menos no con seriedad, porque no hay plataformas de información policial en los países centroamericanos, por lo que resulta imposible analizar datos.
La cantidad de homicidios por cada cien mil habitantes en los países del norte de Centroamérica es altísima: 80 en Honduras, 77 en El Salvador y 58 en Guatemala, contra menos de 2 homicidios por cien mil habitantes en los países nórdicos. Este es un indicador de la gran actividad del crimen organizado en el área y ha convertido a Centroamérica en la zona más peligrosa del planeta.
Usted está a cargo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo creado por las Naciones Unidas para tratar de revertir esa situación. ¿Qué ha encontrado en Guatemala al respecto? ¿Qué ha podido hacer, si consideramos, por ejemplo, el reciente fallo contra el expresidente Alfonso Portillo?
–     La CICIG no está creada para revertir el fenómeno del crimen organizado en Centroamérica. Es una misión de apoyo al Ministerio Público de Guatemala, para luchar contra la impunidad de las estructuras enquistadas en el Estado, dedicadas a la corrupción y ejecuciones extrajudiciales, entre otros. El país es muy duro, con poderes fácticos más poderosos que las instituciones políticas, por lo que es difícil el trabajo. La absolución de Alfonso Portillo es un caso de cinismo judicial: simplemente no se dio valor a la evidencia física, sin mayor explicación técnica. No es el primer caso. Pero, contra este tipo de fallos, debemos luchar.
En los demás países centroamericanos, ¿la situación es similar en cuanto a violencia e impunidad?

–En los otros países centroamericanos la situación empeorará, porque la capacidad de respuesta es mínima. El tiempo hará que el problema de seguridad sea mucho más difícil, porque los Gobiernos solo hablan de su preocupación por el tema, pero no emprenden acciones eficaces.