La improvisación a la hora de hacer reformas legales, la falta de un enfoque sobre la criminalidad que tome en cuenta las situaciones de riesgo social y el papel provocativo y populista de algunas figuras políticas, son algunos de los elementos que inciden en las deficiencias del Estado costarricense a la hora de enfrentar el problema de la seguridad ciudadana.
Estas observaciones fueron hechas durante el foro “Política Criminal en Costa Rica, ¿existe?”, en el cual participaron la académica y escritora Cecilia Sánchez; el juez de casación y catedrático de derecho penal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Alfredo Chirino; la también jueza de casación, Rosaura Chinchilla;  y el consultor del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Guillermo Arroyo.
“A la fecha lo que tenemos es la emisión de leyes simbólicas, omisión de la inequidad social, populismo punitivo que recurre a la represión carcelaria como respuesta, los llamados a mano dura,  y la manipulación de las emociones de las víctimas, pero sólo de aquellas que resultan útiles al discurso de mayor represión; es la perversidad del sistema”, expresó Cecilia Sánchez.
La actividad se realizó bajo la moderación de Pablo Salazar -académico de la UCR-, en la Sala Multiusos del la Corte Suprema de Justicia el pasado 12 de mayo y fue organizada por el Programa Observatorio de la Coyuntura de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).
Sánchez añadió que si se supone que la política criminal estatal debe abocarse al control y prevención del delito, entonces debe ser integral e incorporar ejes temáticos como lo económico, educativo, social o cultural; “pero, se ha convertido en un tema para capitalizar en la política electoral. Para las elecciones se dio un debate ridículo alrededor de la represión y el discurso de mano dura”, recordó.
Por su parte, el especialista Alfredo Chirino coincidió en hacer un llamado a un “acercamiento holístico” al comportamiento criminal y criticó el hecho de que “según ciertos gurús, el sentido común de las políticas criminales lo da el pueblo, el cual es azuzado por los medios de comunicación”.
“¿Vamos a ir al estadio a preguntarles a los muchachos de Saprissa o de la Liga Deportiva Alajuelense qué les parece la castración química, las lavativas estomacales o la lobotomía?”, agregó.
Se refirió, además, al papel de las diferentes autoridades políticas e indicó que recurren sin problema a “echarles la culpa a los jueces”, con argumentos como que “ponen a los criminales en la calle”. Según dijo, por ello el tema no tiene costo político y además provee “un excelente efecto electoral”.
“En las pasadas elecciones todos los partidos tenían una agenda de seguridad entre sus prioridades, pero no se habló de la exclusión de grupos de población. Aún no se derrama la copa llena de la prosperidad que se anunció con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), pero sí se ofrecen respuestas como pedirles a los jóvenes que se unan a la nueva generación de policías o se nombra a un Ministro con el sentido común del pueblo”, puntualizó.
Chirino aseveró que no existe una política nacional sobre el tema de la criminalidad, sino que “lo único que se ha agregado son reformas legales que consisten en más delitos y mayores penas”.
LA DESIGUALDAD COMO DETONANTE
Mientras tanto, la jueza Rosaura Chinchilla presentó cuadros de análisis para mostrar una paridad entre el aumento de los casos de homicidios y crímenes contra la vida, y el aumento de la desigualdad social, con datos tomados del XV Informe del Estado de la Nación.
Así, Chinchilla denunció que -desde su promulgación en 1973-, al Código Penal se le han hecho 55 reformas, en algunos casos sobre los mismos artículos, en lo que llamó un “manoseo normativo”.
Detalló que para julio del 2010 hacían fila 73 proyectos de reforma al Código Penal para aumentar las penas, “pero lo pertinente a los delitos de cuello blanco no ha sido tocado, sólo una o dos veces por cuestiones semánticas”.
Criticó que “las políticas a nivel normativo se venden con un discurso de mentiras”, pues “hoy en día sustraer una hoja de papel sin violencia puede ser un hurto castigable con dos a tres años de prisión, mientras que se oculta el aumento de la desigualdad social”.
Los analistas coincidieron en que ese “manoseo” normativo e iniciativas populistas inciden en el problema del hacinamiento carcelario. En este sentido, al consultor Guillermo Arroyo le “asusta” la idea de que se busque resolver todos los problemas con prisión, ya que “no entendemos que el encarcelamiento es el castigo más fuerte”.
Arroyo calificó como “una realidad de la exclusión”, el hecho de que la mayoría de presos provienen de sectores pobres. “La gente se preocupa porque hoy hay 12.000 personas recluidas en el sistema penitenciario, pero vienen muchos miles más, porque nadie atiende los problemas sociales”, acotó.
Por su parte, Sánchez reprochó que en materia penitenciaria hay  una “ausencia de orden y políticas coherentes” y no descartó que por ello ocurran hechos como el reciente motín del 11 en La Reforma, que sería “una expresión de las condiciones de hacinamiento y degradación que responden a la línea que se ha seguido”.
En su opinión, la solución carcelaria incide en un “aumento considerable” de la prisión preventiva como respuesta del Estado a la presión mediática, la cual “no sólo influye en diputados sino en la conciencia de los jueces y en un retroceso en el respeto a las garantías individuales”.
 
 

 
“La política criminal está engranada con una política socioeconómica”
 
UNIVERSIDAD abordó a la especialista Rosaura Chinchilla para ahondar en algunas de sus ideas, como el vínculo entre una deficiente política criminal y la desigualdad social.
 
Usted detalló que el delito de cuello blanco apenas ha sido tocado en la gran cantidad de reformas que se le han hecho al Código Penal, y también manifestó que las políticas en el nivel normativo se venden con un discurso de mentiras. ¿En qué consisten esas mentiras?
-En el caso de los delitos de cuello blanco, las penas o el sistema que se plantea no es suficiente. Hay delitos tributarios, pero ¿cuántas personas están en la cárcel por cometerlos? ¿Qué niveles de evasión fiscal se mantienen en el país? Es alarmante. El proceso establecido en la ley simple y sencillamente no sólo impide al Estado recuperar el dinero, sino que se castigue al evasor. Así que esa práctica de ocultar las cosas por un lado y presentar una realidad diferente por el otro  -dependiendo del tipo de delitos de que se trate-, es una forma de manipular a la opinión pública. No es lo mismo sustraer de un particular que del Estado, pues el que sustrae del Estado además rompe un vínculo ético en la función pública y debería ser mayormente reprimido; sin embargo, eso no se ve y para desviar la atención se dice que los delitos de cuello blanco no son los que mayor daño hacen.
Usted comparó el aumento en los homicidios y los delitos contra la vida con el aumento en la desigualdad y afirmó que la dirección tomada en materia de política criminal oculta esa evolución de la desigualdad. ¿Se puede hablar de alevosía?
-Siento que sí. Estamos frente a situaciones planificadas o premeditadas, en el sentido de que hacia donde se desvíe la atención, permite dejar en la penumbra otras situaciones. Si se le dice a la gente que hay una gran desigualdad social y se plantea qué significa ello en términos de políticas de educación, en el desmantelamiento de políticas de sanidad o en políticas represivas, puede haber una reacción popular diferente a la que actualmente se percibe cuando se les dice que el problema del país son los chapulines y asaltantes.
¿Entonces la ausencia de una verdadera política criminal es algo planificado?
-Pertenece a un engranaje mayor, que es la construcción de una política orientada con sentido económico específico, para que un sector determinado obtenga el mayor lucro posible. En ese sentido se desvía la atención. Esta política criminal está engranada con una política socioeconómica que desde los años 80 es claramente orientada.