La discusión y el conflicto de ideas sociales sensibles, no de opiniones, deben sustentar las decisiones y acciones de la Asamblea Legislativa. Debe ser el escenario donde la sociedad se enfrenta al Estado, no al Gobierno o a fuerzas sociales específicas. El papel de la Asamblea es persuadir con base en la verdad y/o la justicia, fuente de argumentos y contra argumentos, de la crítica transigente, y por tanto de la confrontación genuina.
La Asamblea debe responder a los sistemas de necesidades sociales a través del Estado, y sin penetrar los límites del Ejecutivo o la Justicia. La actitud polémica intransigente de la Asamblea no solo es vana, sino que también trae efectos sociales y estatales colaterales muchas veces irreversibles o de elevado costo social hundido. El Estado costarricense no es un Estado legislativo ni ejecutivo ni judicial, sino todo a la vez, con las fronteras demarcadas, así como con espacios de penetración posibles siempre en proceso de definición.
La Asamblea se debe al mandato societal, aun cuando no sea un espacio de representación de los ciudadanos por elección directa. No es la Asamblea el lugar para confrontar intereses particulares, entre estos de partidos políticos. No se debe la Asamblea a los movimientos sociales particulares, sino a una colectividad social que le ha dado un mandato legítimo por medio de un proceso electoral también legítimo.
Los diputados no conforman Asamblea si no representan al conjunto social según sus sistemas de necesidades. Los diputados deben abocarse a conocer y entender tales sistemas, para luego proveer de soluciones viables y efectivas. Ahí, en ese espacio societal, los diputados han de saber actuar en la consecución del bienestar social por encima de los intereses de los partidos políticos a que pertenecen. Para ello gozan de un cúmulo de libertades, incluso de inmunidad frente a la negación de la verdad y la justicia.
La intriga ambiciosa, la desidia, la envidia, la codicia, la falta de ideas propositivas y proactivas, el fanatismo, el despotismo y la escasez de capacidades, entre otros males que padece buena parte de los diputados en nuestro país, no permiten definir un sendero hacia el crecimiento y el desarrollo nacional. Lograrán objetivos -casi siempre parciales- partidistas o intereses particulares de grupos y gremios, pero no el interés nacional en torno a la solución de necesidades sociales.
La razón de Estado no parece ser la ocupación de la Asamblea, al hacer oposición per se, en lugar de persuadir con fundamentos. El mandato societal no parece ser la guía de las conductas de la Asamblea. En lugar de impulsar al ejecutivo y a la justicia hacia la eficiente y eficaz atención de las necesidades sociales, deviene en un obstáculo más, como si en el país no hubiese instituciones públicas que ya hacen de manera planeada esa labor indeseable.