El año 2011 será “especialmente clave” para la correcta consolidación del proceso de apertura en el sector  “donde los desafíos serán enormes si se desea lograr que los servicios de telecomunicaciones sean un movilizador social y otorguen beneficios a la sociedad costarricense”.
Esta es una de las principales conclusiones del V Informe 2010 “Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento”  elaborado por el Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC) de la Universidad de Costa Rica, lanzado el pasado 17 de mayo.
El documento dedicó el segundo capítulo a dar un seguimiento a los avances, problemas y obstáculos enfrentados en el proyecto de apertura del sector de telecomunicaciones, una condición impuesta en  el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito por Costa Rica con Estados Unidos, el resto de los países centroamericanos y República Dominicana.
Del seguimiento del proceso se desprende que este aún tiene muchos vacíos, dudas, es afectado por roces entre instancias gubernamentales y la existencia de “mucho barullo” en el nivel de intercomunicación entre las instituciones encargadas de llevarlo a buen puerto. (Ver nota aparte: El proceso de apertura es la “tormenta perfecta”, dice Juan Manuel Villasuso).
La mayoría de la metas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) para el primer año del proceso de apertura están inconclusas, algunas no se cumplieron y otras se encuentran a medio camino, como parte de un proceso que, como dijo el economista Villasuso, presidente de PROSIC, se impulsó y convirtió en leyes en la Asamblea Legislativa a “golpe de tambor” para cumplir con los compromisos adquiridos por Costa Rica en el TLC.
El informe del PROSIC advierte en su análisis que a estas alturas organismos como la Superintendencia de Comunicaciones (SUTEL) aún se encuentra en camino de convertirse en un órgano regulador completo.
“La robustez de la SUTEL no está necesariamente en la cantidad de plazas (a inicios del 2011 aumentó la planilla a unas 50 personas) sino más bien en una definición clara de un modelo estándar, una conceptualización que tenga las características de un órgano regulador fuerte. Y en Costa Rica principalmente, donde la regulación del mercado está claramente separada del Poder Ejecutivo en un órgano autónomo de desconcentración máxima, es muy importante definir”, señala PROSIC.
“Resulta imperioso que la SUTEL avance, que supervise el proceso de apertura celular, inspeccione la calidad del servicio, que controle el monitoreo de redes y los proyectos que deben mejorar la accesibilidad de los servicios de comunicación para las poblaciones que lo requieren”, indica el informe.
Por otro lado, el estudio hizo énfasis en la necesidad de que la SUTEL y el ICE trabajen coordinadamente en subsanar requerimientos de información y en emitir regulaciones que le permitan al Instituto Costarricense de Electricidad operar a niveles competitivos “y donde no se vean afectadas sus distintas áreas comerciales”.
El documento indica que es “fundamental” dar seguimiento al PNDT para que “no sea una más de las muchas propuestas que se quedan en el papel y que al final no cumplen con los objetivos trazados por el Poder Ejecutivo y no solucionan las necesidades que demanda la población”.
El estudio insiste además en la urgencia de realizar “los ajustes necesarios” para el correcto desempeño de las instituciones públicas involucradas en la apertura del sector del mercado de las telecomunicaciones, como el reforzamiento de la coordinación de los agentes con poder de decisión en el mercado “para evitar disfuncionalidades y conflictos, donde se subsanen las relativas contradicciones de intereses entre los roles del rector, el regulador y el ICE”.
Hace también hincapié en la importancia de que se imponga un “reforzado liderazgo del Poder Ejecutivo” que permita impulsar “la adaptación y alineación de los distintos actores en procura de una estrategia común, además de robustecer el órgano rector y analizar las oportunidades del traslado del área de telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología”.
“El 2011 deberá ser el año de consolidar las fortalezas del órgano regulador, se tendrán que ampliar las capacidades técnicas para poder cumplir con todas las funciones encomendadas por la ley y especialmente los objetivos que se buscan alcanzar con el FONATEL” (Fondo Nacional de Telecomunicaciones), añade.
Por otra parte, el estudio del PROSIC aboga por una pronta dilucidación de las tarifas de interconexión, revisar los vacíos jurídicos y problemas regulatorios que afectan el fortalecimiento del ICE, y que el gobierno defina si lanza a licitación un nuevo espacio de frecuencias, que le permita al Instituto definir acuerdos “estratégicos” con aliados que lu

 
Juan Manuel Villasuso:
El proceso de apertura es la tormenta perfecta
El economista y director del PROSIC, Juan Manuel Villasuso, dijo a UNIVERSIDAD que el proceso de apertura del mercado de las telecomunicaciones, tal como fue promovido ante la urgencia de cumplir compromisos adquiridos con el TLC,  “es la tormenta perfecta” y un “arroz con mango”.
Citó la existencia de “fuertes ruidos” en la comunicación entre las diversas instancias encargadas de llevar adelante el proceso, como ARESEP, SUTEL, ICE, y el mismo FONATEL.
“Las personas que están ocupando esas funciones a veces no se comunican de la manera más clara para llegar a acuerdos. Aparece entonces la confrontación y esto afecta mucho al proceso de apertura, porque las cosas se entraban”, advirtió.
Por ejemplo, citó el  tema de la transferencia de la rectoría de telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología; este “es un tema de carácter político. Hay una plataforma técnica y otra política. Hay cuestiones de carácter técnico, político y económico y usted lo que tiene allí es lo que alguien llamaría la tormenta perfecta, un arroz con mango, con legislación no lo suficientemente clara y específica que se presta a interpretaciones y donde cada cual, incluido el ICE, jala para su  saco”, dijo.
Para Villasuso el gran problema en este proceso es que los estándares se establecieron en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos pero los aspectos concretos quedaron para las leyes de implementación, aprobadas después del referendo del 2007, como la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Fortalecimiento del ICE.
“Se creó la SUTEL, la Superintendencia de Telecomunicaciones, el FONATEL, se dieron atribuciones a ARESEP. Todo eso se hizo sin tener en cuenta muchos aspectos concretos, específicos, de detalle, y que tienen implicaciones desde el punto de vista de las instituciones”.
“Alguna de la normativa o parte de esta no es lo suficientemente clara y no es demasiado específica asignándole las funciones a los diversos actores. Cuando se discutieron las leyes hubo muchas personas que lo hicieron ver, pero como había que aprobarlas un poco al ruido de los tambores porque había un plazo se pasó de esa manera y los problemas afloran en este momento”, comentó el director de PROSIC.
Por otra parte, Villasuso advirtió que el ICE, como operador dominante, trata de mantener su hegemonía en el proceso. “Y por otro lado hay intereses que quieren utilizarlo para sacar provecho privado. Todo esto se refleja en cosas como las tarifas por interconexiones. Si se fija una tarifa muy baja el ICE recibirá muy pocos recursos y las empresas privadas pagarán muy poco. Si se elevan, sucede el fenómeno contrario”, explicó el economista.
Se trata, añadió, de un  asunto donde “hay plata de por medio. En otro aspecto donde hubo forcejeo fue en los carteles de licitación para la asignación de las frecuencias. Había empresas que querían que el cartel las beneficiara, hubo una apelación, intervención de la Contraloría General de la República, y se generó toda una polémica y por eso al final sólo compitieron Claro y Telefónica”, recordó.