Las autoridades sanitarias incumplen con los mecanismos para brindar acceso a las mujeres que busquen someterse al aborto terapéutico, única forma de interrupción del embarazo que se permite en Costa Rica, denunció un estudio presentado por varias organizaciones de mujeres.
El aborto terapéutico se puede implementar cuando la vida o salud de la madre están en peligro debido a ese embarazo, y es legal en el país desde 1971. Sin embargo, no existen protocolos con los que las personas profesionales en medicina puedan guiarse, ni procedimientos administrativos mediante los que una mujer pueda pedir que se cumpla ese derecho.
El documento reveló también que no se está garantizando el acceso a servicios de planificación familiar ni programas de educación sexual adecuada para niñas y jóvenes. Además, cuenta con desfases en la implementación y aprovechamiento de los avances científicos,  por ejemplo, con la prohibición de la fecundación in vitro, siendo el único país de la región que la impide.
Dicho estudio fue dirigido al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), como contraparte de un informe que presentó el Estado costarricense, con el fin de denunciar esta problemática latente.
PROTECCIÓN INSUFICIENTE
La carencia de protocolos para llevar a cabo un aborto terapéutico en Costa Rica provoca que médicos, enfermeros u otras personas que laboran en el área de salud no tengan certeza de cómo y cuándo pueden realizar esta técnica; incluso, no cuentan con la capacitación ni equipo para llevar el embarazo a buen término en esos casos excepcionales.
En ocasiones, en los centros de salud se opta por negar esa posibilidad, lo que provoca que las mujeres se vean obligadas a optar por un aborto clandestino e inseguro, arriesgando su vida y salud. Hasta la fecha, señaló el informe, no se ha aprobado de manera oficial unas guías de atención que había desarrollado la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desde hace dos años para dinamizar ese servicio.
En el país se realiza un promedio de cinco abortos legales al año en centros públicos, pero en contraste, cerca de 10.000 mujeres se someten a interrupciones del embarazo ilegales y sin la atención médica adecuada, según datos de la CCSS.
Tampoco hay ninguna opción para someterse a cuidados postaborto, por lo que el derecho a la salud se ve minado.
Uno de los casos más polémicos -por el que se demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- es el de una joven de 26 años embarazada cuyo feto padecía de encefalocele occipital, una enfermedad que provoca una hernia en la zona craneal, y que era incompatible con la vida fuera del útero. La mujer solicitó que se le practicara un aborto terapéutico porque su salud corría riesgos, pero le fue denegado. La incertidumbre, malos tratos y juzgamientos por parte del personal médico que la trató la llevó a padecer de depresión, que incluso le ocasionó ideas suicidas. Luego de ser obligada a llevar a término su embarazo, dio a luz a una niña muerta, y cuatro años después, aún sufre las secuelas de este hecho.
Adriana Maroto, de la Colectiva por el Derecho a Decidir, comentó que la tendencia a practicar abortos de forma ilegal puede ser una causa indirecta del aumento en las muertes maternas. Criticó que las mismas autoridades estiman que más de la mitad de esos decesos son prevenibles, pero no se implementan los mecanismos necesarios para evitarlos.
En tanto, Margarita Salas, también integrante de esa agrupación, mencionó que el país no puede obviar que las buenas condiciones para que las mujeres accedan a servicios de salud tienen un carácter vinculante, ya que se establecen en convenciones internacionales que se han firmado, como la de la CEDAW.
Aclaró que el informe no exige que se implementen nuevas medidas para salvaguardar la integridad de las mujeres, sino que se cumpla lo que ya está pactado.
“No pedimos una nueva legislación, sino que se cumpla la ley. El país responde a la presión internacional y le importa su imagen”, expresó.

 
País carece de insumos básicos para atender a mujeres
En Costa Rica, aunado a la falta de mecanismos efectivos para acceder al aborto legal, las mujeres tampoco tienen la posibilidad de contar con una gama de métodos anticonceptivos, afectando el derecho a la planificación familiar.
El sistema de seguro social no ofrece las técnicas más recientes para prevenir embarazos, porque se limita a condones masculinos, dispositivos intrauterinos (DIU de cobre), pastillas de primera generación (que contienen dosis altas de hormonas con efectos androgénicos -que desarrollan caracteres masculinos-), inyectables y esterilización quirúrgica.
No obstante, hay otras formas para protegerse de un embarazo que son más adecuadas y saludables, en particular para las adolescentes, como los anillos vaginales o nuevas formulaciones de pastillas, que no están disponibles en ese servicio de salud.
Además, en el país no hay forma de optar por la anticoncepción oral de emergencia (antes conocida como la “pastilla del día después”). Aunque no está prohibida o penalizada, este medicamento es imposible de conseguir en algún centro de salud o farmacia, aunque la Organización Mundial de la Salud ya declaró que no tiene un efecto abortivo.
El informe menciona que el incumplimiento en brindar este último es una violación a las obligaciones del Estado de los términos de la CEDAW, para garantizar protección a las mujeres víctimas de una violación sexual, quienes podrían consumir este producto para impedir una eventual fecundación, y por ende, un embarazo, si así lo desea.
En el país, las mujeres lesbianas son doblemente discriminadas cuando acuden a servicios de salud, incluso por personal que las atiende, a causa de los prejuicios y estereotipos, además de que no pueden acceder a seguridad social ante la ley como parejas establecidas, a diferencia de mujeres heterosexuales.
Por otra parte, tampoco se ha llevado a la práctica una política de educación sexual, mediante la cual las personas puedan tener desde tempranas edades un conocimiento suficiente para desarrollarse en este ámbito.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Adolescencia, cuatro de cada diez jóvenes entre 15 y 17 años han recibido información sobre sexualidad en sus centros educativos.
La asesoría insuficiente da pie a que se mantengan los índices de infecciones de transmisión sexual y de baja utilización de condones.
Para Mónica Arango, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, Costa Rica es un ejemplo de agenda pendiente de los derechos de las mujeres.
“No podría decir que está mejor o peor que otros lugares, pero si el acceso al aborto legal no existe, está igual que otros países donde no es legal bajo ninguna circunstancia, como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y Chile”, indicó.
Aseveró que todos los problemas denunciados en el informe son igual de urgentes en atender, pero cree que la insuficiente educación sexual es una traba central de la que se derivan otros, por lo que es un punto de partida para aminorar el panorama negativo.
Consideró que el Estado costarricense debe tener la voluntad política para ponerles atención a estos temas, pues el área de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no está en su agenda.
“Es situar a la mujer y las decisiones sobre su cuerpo en el lugar que le corresponde, y eso es en ellas mismas, no en cabeza del Estado ni de terceros”, resaltó Arango.