Críticas por la construcción de una costosa vía peatonal en la playa, y quejas de vecinos y comerciantes por “abusos” y exigencias supuestamente antojadizas de los funcionarios municipales en la tramitación de permisos de construcción o funcionamiento de negocios y obras, son parte de las quejas que se escuchan en estos días en la turística localidad de playas El Coco, en la provincia de Guanacaste.
“Aquí las reglas son diferentes según sea el dueño de la propiedad”, dijo una empresaria, quien afirma que los inspectores de la Municipalidad de Carrillo (a la que pertenece El Coco) le están exigiendo un retiro mayor del frente de su negocio, respecto de la vía pública, pese a que había hecho una reconstrucción que se le había permitido. Similares reclamos contra los inspectores y otros funcionarios municipales hicieron otros vecinos de la localidad al periodista de este Semanario, aunque solicitaron no ser identificados con sus nombres, por temor a represalias y a que se complique más su situación con los permisos municipales.
Uno de los empresarios dijo que hay mucho temor por los abusos de poder, especialmente por parte de la ingeniera Maureen Brenes, encargada de la división de desarrollo de la Municipalidad.
Se inventan requisitos para no dar los permisos, los trámites duran meses y años, pero si los proyectos o las obras se contratan con la empresa del esposo de la ingeniera entonces sí caminan, afirmó, en coincidencia con lo dicho por algunas personas del lugar.
 
Otras dirigieron críticas también a los encargados de la oficina de salud, por negligencias en hacer cumplir las regulaciones o por falta de diligencia para extender los permisos.
A la caída de la actividad turística que vino tras la crisis económica del 2008, se ha sumado la paralización de desarrollos inmobiliarios en la zona,  por las dificultades financieras y los trámites engorrosos; así, muchos han tenido que vender y otros tratan de hacerlo, ya que la llegada de turistas no es la que había.
Tampoco hay apoyo de la Administración para mejorar la oferta y los servicios al turista, y se han perdido cientos de empleos, lo que ha favorecido el consumo de droga y la prostitución, según opinaron comerciantes angustiados con su situación.
Un operativo que inició estos días la Fuerza Pública, mediante una comisaría móvil que se instaló en El Coco, ha sido criticada por algunos por las detenciones y supuestos abusos en las requisas que está haciendo la policía en las calles y los negocios, lo que contribuye a ahuyentar los clientes de los negocios.
Al respecto, Minor Coronado, director de operaciones de la Dirección Regional de la Fuerza Pública, dijo que el operativo es parte de operaciones planificadas en las zonas costeras y otros lugares del país. “Se hace presencia, se hacen los abordajes, se solicitan los documentos; pero, todo tiene que ser en el  marco de la ley; no podemos entrar en abusos. Si hay oficiales que entran en abusos es importante hacer las denuncias en la Dirección Regional o elevarlo a otras instancias”, instó.
La gente vive pidiendo presencia policial, y cuando se pone entonces protesta, comentó Coronado en referencia a las quejas mencionadas.
PERMISOS
Mientras tanto, consultada acerca de las acusaciones sobre la presunta arbitrariedad en los trámites de permisos de obras y funcionamiento de negocios, la ingeniera Brenes fue enfática al decir que son críticas destructivas de gente enojada porque se hace cumplir la ley.
“Como funcionario público uno está sometido a la rigurosidad de la ley y uno trata de ser bastante profesional, pero sinceramente le digo,  no se le queda bien a todo el mundo”, manifestó.
Lo que ha pasado es que se irrespeta mucho la legislación vigente; la gente construye sin permisos y así pretenden funcionar. Y si se les deniega alguna solicitud entonces se enojan. Pero cuando los permisos son anteriores, y la persona demuestra que los tiene, lógicamente no se le exige sacarlos de nuevo, porque así había funcionado, comentó.
Brenes argumentó que ella tiene una familia humilde y trabajadora, lleva cinco años como ingeniera municipal y si estuviera haciendo mal su trabajo seguramente ya no estaría en el puesto. Aseguró que en la institución han tenido cuidado de que todo quede en los expedientes, donde se puede ver las decisiones que han sido tomadas, y están los procedimientos para ir a instancias superiores, o los jefes directos a los que les pueden poner las quejas, “pero no lo hacen”.
Admitió que podría pensarse que en 500 casos que se llevan en un  año se puede  cometer algún error, porque errar es de humanos, “pero que conozca un caso que esté en esa situación, no lo conozco”, afirmó.
Cabe señalar que entre las quejas que se escuchan, está la de que en la Municipalidad se pierden documentos de los expedientes y muchas de las decisiones se hacen de forma verbal, por lo que no queda prueba escrita.
En cuanto a si es cierto que si las obras se contratan con su esposo es garantía de que el proyecto pase, Brenes dijo que “me encantaría saber cuáles son los casos”. Alegó que su esposo es un profesional con libre derecho de trabajar en cualquier parte del país y no está sometido a ninguna prohibición para contratar obras. Cuando ella llegó a la Municipalidad de Carrillo hace cinco años, él ya trabajaba en la zona; pero, con todo  ella ha sido cuidadosa en este tema, pidiéndole que no acepte proyectos que tengan problema, porque no los va a poder pasar él ni nadie, acotó.
Por otro lado, contrario al rumor que circula en El Coco, negó que su esposo tenga relación con la empresa a la que la Municipalidad le adjudicó la obra que actualmente se construye en la citada playa, consistente en un jardín y paseo peatonal.
Esa obra, dada por contratación directa a la empresa Constructora y Consultora Gutiérrez y Asociados, a un precio de ¢280.156.300, ha sido criticada porque supuestamente se inició sin los debidos estudios técnicos, como un estudio del suelo.
Cristian Faerron, presidente de la Asociación de Desarrollo de El  Coco, dijo que la gente está indispuesta con ese proyecto, porque fue una decisión tomada directamente por la Alcaldía, sin permitir siquiera la discusión popular que debe tener un proyecto como ese, y lo peor es que son recursos públicos que hoy se están perdiendo por una mala planificación de la obra.
Empezando no más, una pequeña marea se llevó parte de lo que se había hecho, y es lo que va a pasar cuando lleguen las mareas altas de octubre; “si eso vale ¢280 millones, vamos a ver qué  es”, dijo Faerron.
Ha llamado la atención que el paso peatonal y el jardín se construyen muy cerca del mar, dentro de los 50 metros de zona pública inalienable, lo que hace prever que se  inunde durante las mareas altas. Además los planos incluyen la propiedad de un conocido hotel, que al parecer está siendo adquirido por una cadena hotelera norteamericana y es el único negocio con salida a la playa, en cuyo frente, como parte del mismo proyecto, se está construyendo un embarcadero con comunicación directa al hotel.
Preguntada acerca de quién dependió la puesta en marcha de ese proyecto, Brenes aseveró que ella no tuvo ninguna participación, ya que todas las gestiones necesarias para finiquitarlo estuvieron a cargo del departamento de obras municipales, en el que ella no tiene injerencia.
Hizo ver que proyectos grandes como este, tienen que pasar por el refrendo de la Contraloría General de la República, y no cree que una institución como esa se juegue el chance de pasar por alto requisitos. Tampoco cree que sus compañeros en la Municipalidad, como los profesionales que son, tampoco lo vayan a hacer, puesto que saben que están invirtiendo fondos públicos.