Hemos venido debatiendo en estos días la naturaleza y alcances de la «Alianza por Costa Rica», suscrita entre los partidos PAC, Movimiento Libertario, PUSC, PASE y Frente Amplio, para asumir el control del directorio legislativo, y se supone consensuar una serie de prioridades en la agenda legislativa.
Al respecto agregamos cinco cuestiones:
1) El anuncio de que en esta ocasión la «Alianza por Costa Rica» acordó promover y aprobar- y lo presenta además  como un gran logro- la reforma que da soporte constitucional al solidarismo, se emitió desde el 4 de mayo mediante el correo de comunicaciones del PAC, que forma parte de la Alianza.
2) En virtud de su inmediata aclaración, queda claro que el diputado José María Villalta del Frente Amplio (FA) no votó dicha reforma (fue el único diputado que no lo hizo), pero sí  lo hicieron  todos los demás diputados y diputadas (56), incluidos los del PAC y el nuevo presidente Juan Carlos Mendoza, quienes al unísono votaron a favor de la reforma constitucional en beneficio del solidarismo. Sin duda es así.
3) Por cierto, a modo de aclaración, lo anterior no obvia que el diputado José Merino del FA en la legislatura anterior sí votó favorablemente esta reforma constitucional a favor del solidarismo.
4) En todo caso, esto nos plantea otra cuestión a debatir: ¿cuál es la consistencia y la validez de que el FA participe de la «Alianza por Costa Rica», de la que Villalta y la dirección del Frente Amplio son entusiastas promotores e integrantes, si vemos frutos de la labor legislativa de esa alianza, que sin duda en el caso que nos ocupa, atenta contra la organización sindical de la clase trabajadora?
5) Por último, lo más importante para pensar a futuro. Ya se ha informado sobre la agenda legislativa del nuevo directorio y las prioridades de cada fracción al respecto. La prensa informa que el FA promueve como prioridad la reforma procesal laboral, que no había prosperado en sesiones extraordinarias y ya había sido «archivada» por  el Ejecutivo. Debe saberse que en debate de este proyecto en comisión, por ejemplo, en las mociones presentadas por libertarios y en el texto original remitido por el Gobierno, se incluía la promoción de «comités permanentes» de trabajadores-as, arma selecta del solidarismo para destruir las organizaciones sindicales, como ocurrió en las bananeras, mismos «comités» que en esa tesitura se harían extensivos al sector público. Ciertamente, mediante el «lobby» legislativo y la presión de las organizaciones sindicales, en el texto en comisión se eliminó esta peligrosísima afrenta que busca destruir el sindicalismo en donde justamente ha resistido: en el sector público. Pero preguntémonos: ¿quién nos asegura que esas mismas  mociones funestas no se revivirán y reiterarán en el plenario legislativo? Nos parece muy riesgoso suponer que una vez que arribe a plenario dicho proyecto, los libertarios, el PLN, y otras fracciones como el PASE y el PAC, no terminen poniéndose de acuerdo en beneficio del solidarismo, como ya han demostrado claramente estar posicionados 56 de 57 diputados, a propósito de la votación en segundo debate que le da rango constitucional a la promoción del solidarismo.